El consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó ayer que se gasten más de 300.000 euros en financiar “la asistencia religiosa católica” en las 25 residencias públicas que hay en la región. El acuerdo prorroga por 21ª vez el convenio que une al Ejecutivo madrileño con la Iglesia, aunque fuentes de la Consejería de Políticas Sociales avanzaron que se revisará y reducirá en 2020.
“Se aprueba un gasto de 304.868,79 euros para la asistencia religiosa católica en las residencias para mayores, por un período de nueve meses, hasta el 30 de septiembre de 2020”, se lee en el resumen de los acuerdos adoptados ayer por el consejo del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso. “Este gasto deriva de la 21ª prórroga del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y los obispos de las diócesis de Madrid”, añade el documento oficial. “Los servicios pastorales se prestan a los residentes que libremente deseen acudir a ellos, en 25 residencias de la región, donde son atendidos por 12 capellanes a jornada completa y 17 a media jornada”.
Desde la consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, que dirige Alberto Reyero, elegido como diputado en la lista de Ciudadanos, se indicó ayer que el Gobierno revisará el convenio de cara a 2021 por una doble vía.
Primero, se recortará el servicio en aquellos centros donde los residentes tengan autonomía, bajo el argumento de que pueden desplazarse si quieren a la parroquia más cercana. Y segundo, se evaluará el resto para cuantificar si es necesario en todos. El acuerdo, en todo caso, seguirá vigente, para atender las necesidades de aquellos residentes que no se pueden desplazar.
No es el único convenio entre la Iglesia católica y el Gobierno de la Comunidad.
Las dos partes están unidas por acuerdos para preservar el patrimonio histórico, artístico y documental —más de dos millones de euros—; para impartir cursos de formación al profesorado de religión y moral católica que ejerce en centros docentes no universitarios —más de 30.000 euros—; o atención religiosa a menores y jóvenes internados en regimen cerrado —hasta un máximo de 25.000 euros hasta 2022—.
Inversión en residencias
Además, el Consejo de Gobierno aprobó ayer que se destinen más de 16 millones de euros a la atención y bienestar de las personas mayores que viven en residencias públicas de la región, mediante la formalización de las prórrogas de diversos convenios de colaboración, según un comunicado gubernamental.
Una primera partida de 748.471,26 euros se destinará a la atención a personas mayores dependientes en residencias durante 2020, lo que supondrá el mantenimiento de 821 plazas en los municipios de Campo Real, Fuenlabrada, Griñón, Guadalix de la Sierra, Montejo de la Sierra, Navalcarnero, Patones, Rozas de Puerto Real, Torremocha de Jarama, Torres de la Alameda, Valdemoro, y Berzosa del Lozoya.
Los beneficiarios de estos convenios de atención, según detalló el Ejecutivo, son personas mayores dependientes con más de 60 años o afectadas por la enfermedad de Alzheimer a partir de los 55 años, residentes en los centros.
La segunda partida, de 230.184,72 euros, se destinó a las prórrogas de los convenios con los ayuntamientos de Móstoles y Robledillo de la Jara, con 12 plazas residenciales cada uno durante el próximo año.
