El Gobierno de Costa Rica elimina el gravamen de alquileres a las organizaciones religiosas en el nuevo Plan Fiscal

Hacienda envió un borrador del texto a los diputados, en el que desiste de gravar a los alquileres de organizaciones religiosas que superen los ¢862.000.

El Gobierno cedió en su intención de gravar con el 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) los alquileres de inmuebles para organizaciones religiosas que superen los dos salarios base (¢862.000), tal como quedó plasmado en un borrador de texto sustitutivo que envió el Ministerio de Hacienda a los diputados de la comisión que analiza la reforma fiscal en el Congreso.

Fuente: Borrador de texto sustitutivo presentado por el Gobierno a la comisión encargada de dictaminar el Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Con esta decisión, el Ejecutivo cedió ante la molestia que manifestaron partidos como Restauración Nacional (PRN), que condicionaron su apoyo a la iniciativa fiscal con la retirada de este gravamen, entre otros impuestos.

La idea la había plasmado el Gobierno en su primer texto sustitutivo de la reforma, rechazado por la comisión que analiza el proyecto; sin embargo, generó la molestia de varios diputados, especialmente de los restauracionistas, que son confesionalmente evangélicos.

Ellos habían presentado hasta cinco mociones para para eliminar la carga: una a través de Eduardo Newton Cruickshank y cuatro de su jefe de fracción, Carlos Avendaño.

También habían presentado mociones para modificar esa intención (que igualmente no tuvieron que emplearse a fin de cuentas) los diputados Sylvia Hernández del Partido Liberación Nacional (PLN) y Dragos Dolanescu del Republicano Social Cristiano (PRSC), quienes escribieron redacciones que también los eliminaban.

En la nueva redacción de texto sustitutivo, el Gobierno ahora retomó la exoneración que ya había sido planteada por el Ejecutivo en la administración de Luis Guillermo Solís, en la que también estaba escrito que “estarán exentos los pagos que realicen las organizaciones religiosas, cualquiera que sea su credo, por los alquileres en los locales o establecimientos en los que desarrollen su culto”.

La oposición más férrea a la iniciativa la había defendido Restauración Nacional, el partido cuyo diputado limonense, el pastor y abogado Eduardo Newton Cruickshank, fue enfático en que el impuesto “no podía ser” porque —desde su punto de vista— “ninguna iglesia realiza actividades lucrativas”.

“Ninguna iglesia, llámese Católica, Evangélica, Mormona, o de cualquier denominación, realiza actividades lucrativas. Lo que realizan las iglesias son actividades de tipo espiritual, de tipo social, que van en beneficio de la condición de vida de las personas que participan en ellas. Las iglesias lo que hacen es trabajar con las almas (…) las donaciones que se reciben son para el mantenimiento y la labor cotidiana que realizan”, afirmó el legislador en medio de una reciente conferencia de Restauración Nacional para manifestar su posición al Gobierno.

Días atrás, el viceministro de Ingresos, Nogui Acosta, advirtió que desde el Ejecutivo tendrían flexibilidad para negociar con las fracciones, siempre y cuando no se afectara de manera importante la “suficiencia” del proyecto, que busca recaudar un 1,9% del PIB.

Desde el rechazo de su primer texto sustitutivo, el Gobierno se comprometió a negociar una nueva propuesta de consenso que sirviera como base de las discusiones del último día de mociones (próximo a abrirse a inicios de agosto), intención que propició el borrador presentado este viernes y que finalmente dejó por fuera las cargas a las iglesias.

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