Explica Enric Hernández en El Periódico que, para ello, Justicia ofrecerá a la Comisión Islámica de España negociar un convenio financiero similar –salvando las distancias– al que tiene suscrito con la Iglesia católica. Desde 1992, cuando firmó un “acuerdo de cooperación” con la Administración socialista, la Comisión Islámica reclama sin éxito una asignación presupuestaria estable. Su único logro, en 1996, fue que el Gobierno del PSOE aceptara sufragar la enseñanza pública del Corán.
Fernández de la Vega alegó ayer que el importante aumento de la población musulmana en los últimos años aconseja financiar sus actividades religiosas.
Informa L.R.Aizpeolea en El País que la reforma podría afectar a la Ley de Libertad Religiosa, vigente desde 1980, que regula la inscripción de las confesiones religiosas. Actualmente, el Registro de Confesiones Religiosas es voluntario y al no ofrecer ningún tipo de incentivo la mayoría no se inscribe. Justicia tiene registradas 235 comunidades musulmanas.
El modelo de referencia de este plan del Gobierno es Francia por su proximidad cultural y por su experiencia dilatada de integración de la comunidad musulmana, aunque también recogerá aportaciones de las experiencias de Alemania, Bélgica y Holanda.
Actualmente rige con la comunidad musulmana en España un convenio que data de 1996 y que ha sido desbordado por el auge de la inmigración, que ha traído consigo prácticas de culto en pequeñas comunidades incontroladas, financiadas mayoritariamente por Arabia Saudí y Marruecos.
El reto del Ejecutivo socialista es, según explicó la vicepresidenta, “hacer compatibles la libertad religiosa y la seguridad ciudadana”, pero siempre “dentro de los límites de la Constitución”. Con esta declaración de principios, la número dos del Gobierno quiso desmarcarse del ministro del Interior, José Antonio Alonso, quien el domingo anunció reformas legales para ejercer un mayor “control” sobre el imán de cada mezquita, “que se sepa quién es y qué va a decir” en la prédica.
Tras la reunión de ayer del Consejo de Ministros, Fernández de la Vega subrayó que no será el Ministerio del Interior, sino el de Justicia, el que desarrollará este plan, que coordinará la nueva directora general de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico. La vicepresidenta dejó claro que el objetivo es “reformar la relación” del Estado con la comunidad musulmana afincada en España, e incluso adelantó algunas líneas de actuación.
“Con el máximo consenso posible”, apuntó la vicepresidenta, el Ejecutivo quiere acometer una reforma “similar a las que ya existen en otros países europeos”, como Francia, Bélgica, Alemania o Holanda. El primer paso será que el Estado asuma la financiación de las entidades culturales islámicas de España para así evitar que caigan en manos de imanes integristas sufragados por gobiernos extranjeros, como, por ejemplo, el de Arabia Saudí.
