El Ejecutivo socialista dice que ya ha designado a dos negociadores para afrontar la negociación con la Iglesia en materia fiscal y apremia a la Conferencia Episcopal a que nombre a sus representantes
Además, afirma que presentará ante la Santa Sede una queja formal por las declaraciones del nuncio del Vaticano, protestas que no son habituales pero que también tuvieron lugar con los gobiernos de Zapatero y Rajoy
El Ejecutivo de Pedro Sánchez está a la espera de que la jerarquía eclesiástica mueva ficha para abordar de una vez el espinoso asunto de los privilegios fiscales de la Iglesia en España. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha asegurado este lunes que la Conferencia Episcopal Española (CEE) tiene desde “hace tiempo” sobre la mesa una “propuesta” del Gobierno para sentarse a negociar aspectos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y las inmatriculaciones, dos cuestiones que los socialistas llevaban en su programa electoral de 2016 pero que desaparecieron del documento programático presentado de cara a las elecciones generales del pasado 28 de abril. El Ejecutivo, además, ya ha nombrado a dos representantes para que lideren las negociaciones con la institución eclesiástica y se encuentra a la espera de que la Conferencia Episcopal Española haga lo propio para abrir con la mayor celeridad posible el melón tributario. Una cuestión que lleva años, por no decir décadas, instalada en el debate político español y que no termina de abordarse seriamente.
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