El Gobierno avanza hacia la neutralidad religiosa del Estado: tras el homenaje laico a las víctimas, recibirá a representantes de todas las confesiones

Puede que el Gobierno juegue al multiconfesionalismo, invitando a una docena de representantes religiosos a la ceremonia de Estado por las víctimas de la covid-19, pero resulta evidente que no se dan pasos hacia la laicidad, ni la aconfesionalidad real: ni se tocan los Acuerdos con la Santa Sede ni con las otras religiones, ni sale la religión de la escuela, ni se toca la financiación o las exenciones, ni siquiera hacen públicas las inmatriculaciones, el Ejército organiza sus misas, siguen los capellanes, las autoridades asisten a actos religiosos, crucifijos y vírgenes siguen en escuelas, en cuarteles, en juzgados, en oficinas… Hace falta más.


La coalición quiere dejar atrás la primacía de la Iglesia católica y abordará una ley de libertad de conciencia, basada en un proyecto de Zapatero, para sustituir a la ley vigente desde hace 40 años

No hay marcha atrás. La Iglesia católica ha dejado de ser «interlocutor principal» del Gobierno, pero, sobre todo, abandonará el papel que ha jugado en el Estado durante cuatro décadas y que no le corresponde según la Constitución. Después de que este jueves se celebrara el primer homenaje de Estado totalmente laico en más de 40 años de democracia por las víctimas de la Covid-19, el Ejecutivo socialista se ha marcado como objetivo avanzar decididamente en la plena laicidad del Estado. Y eso implica, al menos en lo formal, que la Conferencia Episcopal pase a ser ‘uno más’ dentro de la interlocución del Gobierno con las distintas confesiones religiosas.

El Gobierno de coalición va dando pasos para garantizar la neutralidad religiosa de las instituciones del Estado, que llevan décadas sometidas a la primacía de la Iglesia católica. El plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que delegó esa tarea en la vicepresidenta Carmen Calvo ya en la anterior legislatura, va más allá de gestos como la retirada de la simbología católica en la ceremonia de acceso al cargo del presidente y los ministros o la ceremonia civil en homenaje a las víctimas de la pandemia. La pretensión es eliminar algunos privilegios de la Conferencia Episcopal –como la exención del pago de impuestos como el IBI– e intentar equiparar a todas las religiones, además de impulsar una ley de libertad de conciencia, algo que figura en el acuerdo suscrito por PSOE y Unidas Podemos.

España rindió esta semana el primer homenaje de Estado, semejante a un funeral, sin rito católico para recordar a los fallecidos por la COVID-19. No hay marcha atrás en el camino a la laicidad del país, señalan en el Gobierno. Aún así, esa decisión provocó que la Conferencia Episcopal convocara una misa diez días antes a la que asistieron los reyes y Calvo en representación del Ejecutivo, además de numerosos representantes de los poderes civiles y militares. El funeral celebrado en la catedral de la Almudena, en el centro de Madrid, el pasado 6 de julio, ya no fue de Estado. Y no habrá más, al menos mientras gobierne Pedro Sánchez.

Sí fue homenaje de Estado la ceremonia civil de este jueves en la que estuvieron presentes las principales instituciones internacionales –UE, ONU y OTAN–, además de los poderes del Estado, incluidos todos los líderes autonómicos –algunos de ellos trasladaron su felicitación al Gobierno por cómo se había organizado la ceremonia–, presididos por Felipe VI, que cerró con su intervención el acto en el que tuvo voz la sociedad civil a través de la enfermera Aroa López. También los trabajadores de primera línea durante la pandemia eran homenajeados en el evento, al que asistieron también representantes del poder económico como Ana Patricia Botín (Banco Santander) o José María Álvarez-Pallete (Telefónica). Además, fueron invitadas todas las religiones con representación en el país: además de miembros de la Conferencia Episcopal, acudieron la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), la Federación de Comunidades Judías de España, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones), la Unión Budista de España y Federación de Entidades Budistas, la Iglesia Ortodoxa Rumana en España y Portugal y la Federación Ortodoxa de España.

A todas ellas las recibirá la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en las próximas dos semanas en Moncloa. Fuentes del Gobierno reconocen que es importante en aras de la neutralidad religiosa que establece la Constitución –que define a España como un Estado aconfensional– que no solo los obispos tengan esa foto con el Ejecutivo. Así, la iglesia católica ya no es la única entidad religiosa con interlocución directa con el Gobierno y la intención de Calvo es demostrar al conjunto de confesiones que ha terminado la ‘oficialidad’ de la Iglesia católica como interlocutora privilegiada en nuestro país. Sí fue, no obstante, el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, con quien Calvo tiene una relación fluida, el primero en participar en la ronda de conversaciones con el resto de confesiones con acuerdo en España. El próximo encuentro será el 22 de julio con los responsables de FEREDE, y continuará con los nuevos líderes de la Comisión Islámica y la Federación de Comunidades Judías. Todas están en agenda, admiten desde la vicepresidencia de Memoria Democrática.

Un Estado laico, en el fondo y en las formas

La ley de Libertad Religiosa y de Conciencia será objeto de conversación en esas reuniones. Es el principal compromiso del Gobierno de coalición en su acuerdo programático para lograr «la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas». El objetivo es hacer de España un Estado laico en el fondo, y sobre todo en las formas. Por eso, el Ejecutivo quiere regular los ‘funerales civiles’, o la ausencia de crucifijos o Biblias en las tomas de posesión de mandatarios públicos, que se han normalizado desde que Sánchez habita el Palacio de la Moncloa.

Todo ello se incluirá en la futura Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia, que vendría a sustituir a la actual, que acaba de cumplir 40 años, y tendrá como base el proyecto de ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que quedó aparcado a finales de 2010, en un momento de mucha presión de los obispos, comandados por Rouco Varela. Eran los años de los manifestaciones en la calle, con los obispos mezclados con grupos ultracatólicos contra el matrimonio igualitario o Educación para la Ciudadanía. Entonces, la visita de Benedicto XVI a Barcelona y Santiago de Compostela frenó la aprobación de una norma que, como ley orgánica, precisaba una mayoría con la que el Ejecutivo socialista no contaba.

¿Cuáles eran las claves de la norma paralizada en 2010 y que se retomarán en esta legislatura? En primer lugar, regularizar los funerales de Estado, que habrán de ser civiles. Así, solo habrá ceremonia religiosa si lo piden las familias de los difuntos. Y si entre los militares caídos hubiera católicos y musulmanes, tendrían que celebrarse dos ceremonias sucesivas o una sola multiconfesional.

En cuanto a la laicidad, no se afirma que el Estado sea laico (habría que reformar la Constitución que establece la aconfesionalidad), pero sí se mencionará explícitamente la «neutralidad de los poderes públicos ante la religión o las creencias» y la obligación del Estado de evitar «toda confusión entre funciones estatales y actividades religiosas».

En cuanto a la prohibición de símbolos, el proyecto de ley de Zapatero recogía que «en los establecimientos públicos no se exhibirán símbolos religiosos, salvo aquellos con valor histórico-artístico, arquitectónico y cultural protegidos por las leyes». Es decir, no podrá haber crucifijos en colegios ni hospitales públicos, ni tampoco en Ayuntamientos o ministerios. La excepción serán los colegios concertados y los centros médicos privados con convenio con la Seguridad Social, que sí podrán exhibir simbología acorde con su credo.

Respecto a la presencia de autoridades en actos religiosos, deberá quedar claro que, si acuden a «actos estrictamente religiosos», deben hacerlo «de tal manera que no suponga una quiebra de los principios de neutralidad y no discriminación». Es decir, que si van a un acto católico, deben ir al de otras confesiones. O a todos, o a ninguno.

En los dos años que lleva en el Gobierno, Calvo ha ido allanando el camino también para acabar con algunos de los privilegios de la Iglesias, especialmente en materia de impuestos. La intención del Ejecutivo es que pague el IBI de los bienes inmuebles de los que dispone y que no están dedicados al culto o la educación, donde hay hoteles y otros establecimientos con ánimo de lucro. En la vicepresidencia sostienen que las reuniones con el presidente de la Conferencia Episcopal española así como con los representantes del Vaticano se han logrado avances en esa dirección, aunque son conscientes de que tendrán enfrente a los obispos en otras materias, como la ley de eutanasia o la de educación, que resta peso a la religión y a la educación concertada. De hecho, en las conclusiones de la comisión de reconstrucción, PSOE y Unidas Podemos impusieron que los fondos extra de la pandemia se destinen íntegramente a la escuela pública, lo que desairó a PP y Ciudadanos.

Otro de los asuntos que Calvo abordará con los obispos españoles es el listado de bienes inmuebles inmatriculados a nombre de la Iglesia entre 1998 y 2015 gracias a una ley de José María Aznar. La intención del Gobierno es revisar esas 30.000 propiedades -que incluyen catedrales, iglesias, garajes, frontones, jardines, apartamentos o campos de labranza- y, a partir de ahí, que los particulares o instituciones que consideren que tienen derechos sobre esos bienes puedan reclamarlos en los tribunales.

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