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El Gobierno aprueba la reforma Wert: Religión cuenta, adiós a EpC y la “pelota” de la financiación se manda a la UE

El PSOE insta a “trabajar en el Parlamento” para cambiar la nueva ley de Educación, los sindicatos advierten de que se “dinamita” el modelo y los padres continuarán con las movilizaciones

Una semana después de lo previsto y a pesar de las protestas de profesores, padres y alumnos, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la reforma educativa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), tras unos leves retoques. Además de las alertas sobre el contenido de la reforma de la oposición, el Consejo de Estado había encontrado serias lagunas en su financiación, y aunque siguen en el aire algunos puntos se ha intentado dar más consistencia por ese lado.

A la espera del dinero de la UE y de roces autonómicos
La puesta en marcha del nuevo sistema se estima en unos 400 millones de euros en tres años y el Gobierno ha explicado su intención de que la mitad sea sufragado por la UE a través del Fondo Social Europeo, que lucha contra el paro juvenil, uno de los grandes objetivos de esta reforma según el Gobierno. Ese dinero se descontará de la parte que sufraga el Estado, la de costes directos, y no de la que aportan las comunidades autónomas. El montante de la financiación autonómica ha sido otro de los principales puntos de fricción de esta ley, también entre Gobierno y comunidades gobernadas por el PP. Este punto entronca directamente con otra de las polémicas, la de la enseñanza del castellano en Cataluña y quién debe sufragarlo. Wert ha anunciado que el Estado adelantará el dinero de la enseñanza a los padres que quieran una enseñanza en castellano en Cataluña y tengan que acudir a un centro privado, pero que luego se detraerá ese dinero de las trasferencias a las autonomías. Se pone fin a la selectividad -los centros universitarios harán sus propias pruebas de acceso- pero habrá una reválida en cada ciclo.

Wert apunta al coste de los repetidores
Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que la reforma pretende frenar la tasa de abandono escolar temprano en España, que es del 25 % y dobla la media de la UE, así como la alta tasa de repetidores es muy alta y la de jóvenes desempleados, el 57%. El ministro Wert ha explicado en ese sentido que los 500.000 alumnos repetidores de la educación obligatoria cuestan 2.500 millones de euros y ese coste supone una ineficiencia económica “inmensa”. Pero mientras el Gobierno culpa a las escuelas del paro juvenil por una mala formación, jóvenes españoles perfectamente formados se ven obligados a irse del país ante la falta de trabajo, por lo que no parece que el problema sea meramente educativo. Según Soraya Sáenz de Santamaría, la reforma fomenta la “cultura de esfuerzo” y modernizar la Formación Profesional.

Los obispos ven cumplidas sus demandas
El Consejo de Estado también había pedido que no se eliminara Educación para la Ciudadanía, pero el Gobierno ha acabado con la asignatura siendo sustituida por Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria. Además, el Ejecutivo da cumplida cuenta de otra exigencia episcopal, que Religión cuente para la nota media y por tanto también para las becas. También se blinda la segregación por sexos en determinados colegios concertados, que solo tendrán que justificar su sistema.

El PSOE insta a rectificar la ley en el Parlamento o acudir al TC
La cara final de la reforma aprobada por el Consejo de Ministros no ha gustado a la oposición ni a los sindicatos educativos, aunque el PSOE todavía confía en que se introduzcan reformas en el trámite parlamentario. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha llamado a “trabajar en el Parlamento” y ha apuntado que si el PP no escucha allí su partido podría recurrir al Tribunal Constitucional. Alerta de que el Ejecutivo no ha atendido el “clamor social” contra una ley que “retrotrae a España” a los tiempos de las reválidas o del Catecismo en las escuelas y que es rechazada por toda la comunidad educativa, sindicatos y grupos de la oposición. Cree asimismo que la ley quiebra “el principio de igualdad en la educación” y representa “menos calidad”.

IU: “Un negocio para unos cuantos”
Para el coordinador federal de IU, Cayo Lara, la reforma incorpora al sistema educativo “elementos de clase” y lo convierte “en un negocio para unos cuantos”. “No puede ser que todo el mundo esté equivocado”, ha recalcado Lara, que ha criticado que Wert haya decidido seguir adelante con su proyecto a pesar de que se haya enfrentado a todos los niveles de educativos, desde infantil hasta la universidad. Por su parte, la portavoz de IU en la Comisión de Educación del Congreso, Caridad García, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que cese al ministro Wert, detenga una ley “muy mala” y llegue a un acuerdo con la comunidad educativa.

Los sindicatos creen que “dinamita” el sistema
Desde CCOO y UGT han asegurado que la LOMCE “dinamita” el sistema educativo y acaba con la equidad en el mismo. El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, ha declarado a Servimedia que, además, el Gobierno “no tiene dinero” para hacer la reforma. UGT ha anunciado que seguirá con las protestas.

“Una educación para ricos y otra para pobres”
También seguirán con las protestas y huelgas desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) cuyo presidente, Jesús Sánchez, ha hablado de “día triste”. Sánchez ha advertido de que esta ley “nunca tenía que haber visto la luz y además tiene los días contados porque cuando llegue otro gobierno tendrá que derogarla porque lo que hace es romper el sistema educativo, acabar con la cohesión y la igualdad”. “Ahora, habrá una educación para ricos y otra para pobres” lamenta. Incluso el presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), Luis Carbonel, ha admitido que es una “ley manifiestamente mejorable”. Por su parte, la Plataforma por la Escuela Pública, que une a asociaciones de padres, estudiantes y docentes ha insistido en que la LOMCE es una ley “ideológica” y auguran “más movilizaciones” durante este mismo curso para tratar de frenar lo que consideran “un ejercicio de autoritarismo, aislado político y socialmente”.

Wert ministro Educación PP 2013

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