El Consejo de Ministros aprobó ayer la remisión al Congreso del proyecto de Ley Orgánica de Educación, que incluye una memoria económica en la que se valoran unas necesidades para los próximos cinco años de más de 6.000 millones de euros adicionales al gasto actual en educación, y en el que la Administración Central del Estado se compromete a cubrir en un porcentaje del 55 por ciento.
Sobre el rango de la asignatura de religión, la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, subrayó que la reforma garantiza la libertad para que los padres que quieran que sus hijos la estudien y libertad para los padres que no lo quieren, pero advirtió de que "la religión no se debe imponer en la escuela como una asignatura obligatoria ni evaluable".
Entre otras medidas, la reforma deroga leyes educativas anteriores como la LOGSE y la LOCE, mantiene la repetición de curso, una vez en Primaria y dos en Secundaria, y los alumnos pasarán de curso si suspenden una o dos materias; si son tres, decidirá el claustro, y repetirán si son mas los suspensos.
La sexta reforma de la enseñanza no universitaria de la democracia fue acogida con división de opiniones sobre si perjudica o defiende la enseñanza pública o la concertada, entre ellas el anuncio del PP de una enmienda de totalidad en el Congreso y la huelga general anunciada por el Sindicato de Estudiantes para el otoño. Entre otros aspectos, el proyecto dice que la enseñanza de religión "se ajustará a lo establecido" en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales entre España y la Santa Sede y a lo dispuesto en los acuerdos con otras confesiones, precepto que tendrá un desarrollo normativo posterior. La referencia de prensa del Consejo precisa que será de "oferta obligada para los centros y de elección voluntaria para los alumnos".
El proyecto, acompañado de una memoria económica valorada en 6.032 millones de euros, modifica también los fines del sistema educativo para incorporar la educación en "el mérito y en el esfuerzo personal". Recomendaciones del Consejo de Estado El Consejo de Estado, que determinó la constitucionalidad del anteproyecto que le sometió el Gobierno, añadió en su dictamen una serie de recomendaciones a que se precisara el deber de estudiar, el mérito y el esfuerzo de los alumnos. La propuesta legislativa incluye varias modificaciones sobre el primer borrador del Ministerio a petición de CCAA, el Consejo Escolar del Estado, otros Ministerios y el Consejo de Estado, que no cambian el espíritu de la norma, según fuentes ministeriales.
Con el fin de garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socio-económicos, se establecer que, en ningún caso, los centros públicos o privados concertados podrán "percibir cantidades de asociaciones o fundaciones a las cuales deban pertenecer las familias y que reciban a su vez aportaciones obligatorias de las mismas", entre otras prohibiciones.
El Ministerio mantiene la nueva área de Educación para la Ciudadanía, con denominación distinta en Primaria y Secundaria, así como las normas sobre promoción de curso, con evaluación de todos los suspensos aunque no se repita.
Tampoco varían las evaluaciones de diagnóstico en Primaria y Secundaria, los refuerzos desde Primaria y el carácter orientador de cuarto de ESO.
Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas "no requerirán más del 55 por ciento de los horarios escolares para las CCAA que tengan lengua oficial, ni del 65 por ciento para aquellas que no lo tengan".
Lectura, escritura y matemáticas
La LOE dedica especial atención a que los alumnos obtengan una mejor formación en lectura, escritura y matemáticas, según el Gobierno.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que la LOE valora aún más el esfuerzo de los estudiantes, "refuerza" la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y establece el carácter educativo y gratuito de la enseñanza de 3 a 5 años.
"Garantizamos la igualdad de todos los españoles en la educación, respetando la competencias de las comunidades, y promovemos la participación de alumnos, profesores y comunidad educativa en los procesos de decisión", aseguró.
Dijo que el Ejecutivo "garantiza la libertad" y que la religión "no se debe imponer en la escuela como una asignatura ni obligatoria ni evaluable".
Por ello, los padres pueden elegir si quieren enseñanza confesional o no para sus hijos, precisó. Sin embargo, la Conferencia Episcopal cree que la LOE "pone seriamente en peligro la enseñanza de la religión en la escuela" y "recorta el derecho de los padres de decidir".
La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, pidió esfuerzo y corresponsabilidad de las administraciones y agregó que el Gobierno ha trabajado desde el primer día y seguirá haciéndolo por el consenso con todas las fuerzas políticas y la comunidad escolar.
"Partimos -explicó- de un sistema educativo herido, muy enfrentado, porque en los últimos años no se había alcanzado un consenso."
Respuesta de los obispos
La Conferencia Episcopal tildó ayer de "inaceptable" el proyecto de Ley de Educación aprobado en Consejo de Ministros, porque "pone seriamente en peligro la enseñanza de la religión" y, además, "recorta el derecho de los padres decidir sobre la educación de sus hijos" de acuerdo con sus creencias religiosas.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, dio ayer lectura a un comunicado del Comité Ejecutivo de la CEE, titulado "ley de educación, inaceptable y por sorpresa", donde se subraya que el texto legal "es de la responsabilidad exclusiva del Gobierno, ya que no ha habido diálogo ni negociación alguna respecto al mismo".
La Conferencia Episcopal recordó que ha explicado sus propuestas "reiteradamente, por escrito y de palabra" al Ejecutivo "sin haber obtenido más resultado que el que hoy lamentamos".
