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El Gobierno alega 11 razones para vetar la procesión atea de Jueves Santo

Los convocantes consideran “falsos” los argumentos y estudian recurrir al TSJM

Los pasos de Jesús del Gran Poder y de Jesús el Pobre no se cruzarán este Jueves Santo por las calles de Madrid con ninguna procesión de ateos. La Delegación del Gobierno ha encontrado hasta 11 razones por las que prohibir la "manifestación para promover el ideario ateo" organizada por la Asamblea Vecinal La Playa de Lavapiés.

Entre las razones se incluye que el recorrido propuesto discurre por una zona con "múltiples parroquias" y con nombres de calles "relacionados con la simbología católica". Los organizadores, a los que se habían unido después varias asociaciones ateas, recibieron ayer la noticia con una "sorpresa parcial", como si de alguna manera ya lo esperaran después de la enorme contestación política que tuvo su propuesta a la que han asistido "incrédulos" durante los últimos días. Reunidos a última hora de la tarde de ayer, los vecinos decidían en asamblea qué pasos van a dar a partir de ahora. En primer lugar, recurrir la decisión. Los convocantes consideran que los argumentos de la Delegación son "falsos".Aseguran que ni la hora ni los tres recorridos propuestos coinciden con las procesiones católicas. Y tampoco se responsabilizan de los carteles que anunciaban la marcha -utilizando el nombre de sus asociaciones- y que incluían la participación en el acto de la "hermandad de la santa pedofilia" o de la "cofradía de la virgen del mismísimo coño". "Ese cartel que se nos ha achacado no ha salido de la organización", reiteran.

Tienen derecho a recurrir la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tendría que responder en un plazo de 48 a 72 horas, por tratarse de un hecho que afecta al derecho fundamental de manifestación y reunión. Pero a última hora de ayer los organizadores aún no habían presentado el recurso. Tenían la cabeza ocupada, sobre todo, en la apertura de diligencias por parte de una magistrada del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid por una denuncia interpuesta por 10 ciudadanos -al menos siete de ellos abogados- que los acusan de un delito de "escarnio religioso".

La juez puede llamar a declarar a la asamblea vecinal, la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL) y el colectivo Ateos en Lucha, después de recibir, el próximo lunes, a los denunciantes. Otras dos querellas esperan a ser admitidas o no. La presentada por la Asociación Estatal de Abogados Cristianos, que acusa a los organizadores de "enaltecimiento del terrorismo", y la del colectivo HazteOir.org, que los denuncia por un delito de "genocidio".

Cuando las asociaciones solicitaron a la Delegación de Gobierno la autorización para realizar la procesión nunca imaginaron que la cosa acabaría en los tribunales. Desde el principio el tema incomodó a unos y a otros. La recién llegada delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, quiso evitar el problema alegando que las "procesiones" no entraban en su competencia. El Ayuntamiento de Madrid, por el contrario, no consideró que el acto fuera una procesión. Y como nadie contestaba a su petición, los organizadores presentaron una segunda solicitud de manifestación ante la delegada, eliminando la palabra "procesión" de la convocatoria.

El propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió entonces de que la decisión era de la delegada y aseguró que se aplicaría "la ley como en cualquier otra manifestación". Carrión, antes de resolver, solicitó un informe complementario a la Abogacía del Estado. El resultado fue claro: "Se prohíbe la manifestación conocida como procesión atea".

Por ser Jueves Santo, por coincidir con procesiones católicas "cuyos recorridos ya son conocidos desde hace años" o por la gran afluencia de público y la "necesaria protección de la imagen turística de la ciudad". Once razones que no convencen a ninguno de los convocantes, salvo una en la que la Delegación asegura que había grupos "antagónicos y radicales" que estaban citándose para acudir al acto.

Un hecho que ya temía el presidente de AMAL, Luis Vega, que sin embargo aseguró que prohibir el acto es un hecho "preocupante y que supone un retroceso en las libertades del país". "La Delegación usa la misma argumentación que los colectivos fundamentalistas que han puesto las denuncias", dijo Vega, que ha anunciado que están planteándose otra manifestación, si puede ser antes de las elecciones del 22-M, para denunciar "el poco recorrido que tiene el principio constitucional que dice que España es un estado aconfesional".

Mientras Vega anunciaba que volverán a intentarlo el año que viene y recorría el centro de Madrid para conmemorar el 80º aniversario de la Segunda República, desde un piso de Lavapiés, cuya dirección guardaron con celo, los miembros de la Asamblea vecinal evitaban pronunciarse. En sus pocas declaraciones, por miedo a las "amenazas" que dicen estar recibiendo, reiteran que su intención nunca fue la de ofender a ninguna creencia religiosa. "Se trataba de hacer una crítica a la Iglesia como institución. Hacer algo como un pasacalles de barrio", dijo hace unos días uno de sus miembros.

Pero ni procesión, ni manifestación, ni pasacalles. El centro de Madrid estará este Jueves Santo ocupado por los pasos de Jesús del Gran Poder y de Jesús el Pobre. No es día para ateos.

Los motivos de la Delegación del Gobierno

– El lugar de la procesión "curiosamente" presenta nombres relacionados con la simbología católica.

– El día elegido: Jueves Santo.

– La hora coincide con las procesiones católicas.

– La denominación de los pasos de la marcha.

– Discurre por una zona con múltiples parroquias.

– La convocatoria, carteles y declaraciones de los organizadores.

– Coincide con procesiones católicas de recorridos "conocidos desde hace años".

– Presencia de grupos antagónicos y radicales.

– Gran afluencia de público y necesidad de proteger la imagen turística de Madrid.

– Enclave de alto valor histórico-artístico.

– Policía, Ayuntamiento, Abogacía del Estado y Delegación coinciden en que no debe llevarse a cabo.

Luis Vega, presidente de AMAL, una de las asociaciones denunciadas por la procesión atea.– ULY MARTÍN

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