El colectivo envía un escrito a la Dirección General de Patrimonio como paso previo a la apertura de la vía judicial basándose en los tres años de investigación de este diario sobre el funcionamiento de Cuelgamuros. “Hay que acabar con la impunidad con la que funcionó durante décadas un sector estrechamente vinculado con el franquismo”, resalta Arturo Peinado, presidente del Foro por la Memoria.
La Federación Estatal de Foros por la Memoria lanza una ofensiva para expulsar a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos. El colectivo, constituido en 2004 a partir de la integración de varias asociaciones de ámbito nacional, ha registrado este martes ante la Dirección General de Patrimonio del Estado una reclamación para que el Gobierno saque de una vez por todas del complejo monumental a la orden religiosa que custodia la Abadía desde finales de la década de los cincuenta. Y lo hace poniendo sobre la mesa el “incumplimiento sistemático” de las obligaciones que los religiosos tienen reconocidas en el armazón jurídico levantado durante la dictadura. Una violación permanente de la normativa que regula el funcionamiento del Valle de los Caídos que infoLibre desveló en una extensa investigación publicada el pasado mes de octubre.
“Hay que acabar con la impunidad con la que funcionó durante décadas un sector estrechamente vinculado con el franquismo”, resalta en conversación con este diario Arturo Peinado, presidente del colectivo, quien sostiene que la salida de los religiosos del complejo monumental es “fundamental” si lo que se pretende es desacralizar Cuelgamuros y convertirlo en un espacio de memoria al estilo de los que existen en otros países como Argentina. El colectivo no cree que el Ejecutivo nacional vaya a moverse con este escrito. “Probablemente, nos encontremos con un silencio administrativo”, reconoce Peinado. Sin embargo, es el paso previo que tienen que dar antes de abrir la vía contenciosa-administrativa. “No dudaremos en acudir a los tribunales si es necesario”, exclaman.
La Federación Estatal de Foros por la Memoria reclama la expulsión de la orden por el “incumplimiento sistemático” de la ley por la que actualmente se rige el funcionamiento del Valle de los Caídos. Una armadura jurídica que se forjó durante el franquismo, que aún sigue vigente y que se sustenta sobre tres textos diferentes. En primer lugar, el decreto de agosto de 1957 por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, firmado por el propio dictador. En segundo, el Convenio de mayo de 1958. Y, por último, el reglamento de enero de 1959 que desarrolla las normas aplicadas a la anteriormente mencionada fundación, un ente que administra provisionalmente Patrimonio Nacional.
La Abadía tiene derecho a permanecer en la Fundación de la Santa Cruz y a recibir “los productos de sus bienes” para el “cumplimiento de los fines fundacionales” siempre que cumpla “fielmente” con las “obligaciones establecidas”. De no hacerlo, sentencia el decreto de 1957, el Patronato del ente debe dar “cuenta de ello” a la Santa Sede “para que ésta autorice la sustitución” de los benedictinos “por otra orden o instituto de la Iglesia”. Algo que, sin embargo, nunca se ha hecho, a pesar del incumplimiento desde hace décadas de algunas de las obligaciones que los religiosos tienen encomendadas, tal y como desveló este diario el pasado mes de octubre en una extensa investigación publicada tras más de tres años reclamando a la administración información sobre Cuelgamuros, un largo proceso que acabó en los tribunales.
Un Centro de Estudios Sociales sin actividad desde 1983
El colectivo se agarra a este precepto para exigir la salida de los monjes. Y lo hace poniendo sobre la mesa algunos de los incumplimientos detectados. Por ejemplo, la normativa establece que la Abadía tiene que dirigir un Centro de Estudios Sociales (CES), “con su biblioteca, publicaciones y becarios pensionados”. Sin embargo, el CES lleva muerto casi cuatro décadas. “Dejó de tener actividad continuada a partir de 1983“, señalaba Patrimonio Nacional en una de las respuestas enviadas a este diario en el marco de la investigación.
El Estado nunca ha ejercido en democracia el control que debería sobre el funcionamiento del mausoleo. Así consta en un certificado emitido por la Gerencia de Patrimonio Nacional en el procedimiento judicial abierto por este periódico. El documento, fechado el 10 de diciembre de 2019 y firmado por el entonces gerente del organismo dependiente de Presidencia, Ernesto Abati García-Manso, reconocía que en los archivos del organismo público no constaba “información concreta” de la evolución del número de monjes, una cifra fundamental a nivel presupuestario en tanto que el quinto pacto del convenio de 1958 que regula la relación entre la Fundación de la Santa Cruz y la Abadía establece que en el presupuesto del ente “se incluirá un mínimo de 35 pesetas diarias por cada monje o novicio”, una cantidad “revisable anualmente”.
Descontrol económico
Del mismo modo, tampoco había ni rastro de los “ingresos y gastos” de la última década de la Hospedería o la llamada Casa de Ejercicios Espirituales. Conocer estos datos es de suma importancia. En una nota elaborada por los servicios jurídicos del Estado, la Abogacía sostiene que “si de las actividades desarrolladas por la Abadía se obtuvieran ingresos suficientes” la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos no estaría “obligada a traspasarle” la subvención que históricamente se ha concedido a los religiosos para el desarrollo de sus actividades. Sin esa información, ¿cómo ha sabido Patrimonio si existía o no esa obligación de darles apoyo económico?
Tampoco constan documentos relativos a la justificación de esa subvención. “No se dispone de las memorias justificativas de la realización de las actividades subvencionadas (…) correspondientes a ejercicios anteriores a 2014, si bien de los años 2012 y 2013 existen cuadros-resumen de los gastos realizados con cargo a la misma”, rezaba el certificado firmado por Abati. Es decir, se comenzaron a elaborar estos documentos después de que el Tribunal de Cuentas, en un informe de fiscalización relativo al año 2013, alertase de que “nunca” se había rendido “cuenta justificativa” del dinero que el Estado destinaba en cada ejercicio a los monjes de Cuelgamuros.
