El fiscal ve motivos religiosos en el despido de un profesor

El Juzgado de lo Social número 6 de Granada dejó ayer visto para sentencia el juicio contra la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado La Inmaculada, dependiente de la Archidiócesis y a la que demandó el profesor de Educación Física Josué González por entender que habían prescindido de sus servicios por no tener el suficiente compromiso cristiano.

El demandante asegura que se vulneraron sus derechos fundamentales y reclama que el despido sea considerado nulo y se le readmita.

A esa petición se adhiere el fiscal, que cree que se produjo una discriminación "por razones religiosas". La Escuela, adscrita a la Universidad de Granada, entiende que no hizo nada reprochable y que se limitó a rescindir el contrato temporal del profesor.

La versión del centro religioso fue defendida por su abogada y por su administradora, Guadalupe Martínez. Ambas explicaron que Josué González competía con otro docente para una única plaza a jornada completa. El equipo directivo, tras analizar los méritos profesionales y personales, se decantó por el otro candidato. Esos méritos eran, entre otros, un curso de gestión informática, experiencia como voluntario y estar en posesión de la Declaración Eclesiástica de Idoneidad, que le faculta para formar en el campo de la enseñanza religiosa.

Incidieron en que se trata de una escuela de titularidad religiosa y pensada "para formar a profesores cristianos", por lo que, para elegir a sus docentes, se fija en su perfil profesional y también en su "identidad" con la idea. "Son nuestros dos pilares y tan importante es el uno como el otro", significó Guadalupe Martínez, quien sin embargo negó categóricamente que, cuando comunicó a Josué González que no seguiría en el colegio le achacara esa presunta ausencia de un perfil cristiano.

La abogada también abundó en ese argumento y en sus conclusiones, aparte de repetir que el criterio religioso "no es el único que se ha tenido en cuenta para no renovarle su contrato, sino también el profesional", agregó que el Tribunal Constitucional ha avalado casos de despidos de personal de centros religiosos por falta de identificación con sus ideas que allí se defienden. Además, lamentó la "instrumentalización interesada" que ha tenido este caso a través de la prensa.

El abogado de Josué González mantuvo que el contrato del profesor, por un vicio de forma, se había convertido en indefinido. Entre otros motivos, dio el de que se le hizo un contrato de obras y servicios "y está claro que no ha finalizado, porque en su lugar han contratado a otro".

Sin entrar a valorar si el otro candidato tenía más méritos -aunque destacando que éste tenía más antigüedad y daba más clases- mantuvo que, al ser una "relación profesional indefinida", la Escuela no puede actuar como lo hizo.

"Sí sería admisible un despido disciplinario por hacer manifestaciones contra la Iglesia, pero eso no ha ocurrido. Si otro profesor tiene mejor perfil, eso le habría podido dar el puesto en caso de que fuera una oposición, pero no es el caso. Lo que ha habido es un despido que no es improcedente, es nulo", remachó.

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