El fiscal pide 11 años de cárcel para Cotino por la visita del Papa a Valencia

El ministerio público acusa al expresidente de las Cortes valencianas por el contrato de Canal 9 de 7,4 millones

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este viernes una pena de 11 años de prisión y 10 de inhabilitación para el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino por la presunta adjudicación ilegal de un contrato de 7,4 millones de euros a las empresas de la trama Gürtel de corrupción con motivo de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. El ministerio público le imputa delitos de fraude, prevaricación continuada, malversación y cohecho pasivo. Según el escrito de acusación, Cotino “impulsó y gestionó activamente” la contratación para la Gürtel la visita papal.

El contrato presuntamente amañado consistía en la instalación de megafonía y pantallas gigantes para la difusión del V Encuentro Mundial de las Familias que presidió el Papa y se celebró junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La adjudicación, de 7,4 millones de euros, fue a parar a Teconsa, una empresa leonesa de obra pública sin experiencia en el sector audiovisual, utilizada según el juez como fachada de Orange Market, empresa de la trama liderada por Francisco Correa.

Según el fiscal, Cotino, pese a no ostentar cargo alguno en la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, que organizó la visita del papa Ratzinger, «impulsaba activamente y gestionaba de facto la contratación» objeto de la causa. El escrito acusatorio sostiene que Cotino, entonces consejero de Agricultura de la Generalitat Valenciana con Francisco Camps, «dirigió» la decisión de contratar la instalación de pantallas gigantes y servicios de vídeo y megafonía para que los asistentes al encuentro vieran al Pontífice en su recorrido.

Cotino, según el ministerio público, se concertó con Pedro García Gimeno, director de la Radio Televisión Valenciana, y con Álvaro Pérez, el Bigotes; Pablo Crespo y Francisco Correa, para materializar la contratación a través del ente público. García Gimeno, entiende el fiscal, aprobó «un amplio sobrecoste del servicio» con el que se enriquecieron personalmente miembros del «grupo Correa».

La adjudicación de las pantallas se hizo por un precio «desorbitado», muy superior al de mercado, lo que permitió a los imputados repartirse comisiones por valor total de 3,38 millones de euros. Los beneficiarios de las mordidas fueron Apogee Telecomunicaciones (50.384 euros), Teconsa (200.000), sociedades del grupo Correa (228.454), Pedro García Gimeno (500.000), Francisco Correa (1,49 millones), Pablo Crespo (166.000), Ramón Blanco Balín (249.000) y Álvaro Pérez (500.000 euros). Para que los fondos llegaran desde Teconsa a las empresas de Correa y se distribuyeran las comisiones la trama presentó «facturas falaces» referidas a «servicios inexistentes», afirma el fiscal.

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