El fiscal admite el «derecho» de Echevarría a morir

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha archivado la denuncia que presentó la asociación Alternativa Española contra la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, un especialista del área de Neumonología del Hospital Clínico de Granada y los miembros del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA), que emitieron el dictamen favorable para retirar el respirador que mantenía con vida a Inmaculada Echevarría.

Según el decreto, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal considera que Echevarría, que murió el pasado 14 de marzo, "ejerció un derecho" cuando solicitó el cese del tratamiento consistente en la conexión a un aparato de respiración asistida, por lo que los denunciados "estarían exentos de responsabilidad penal al obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, por lo que la acción no sería antijurídica".

En sus fundamentos, el fiscal expone que "la vida de la paciente se mantenía mediante un aparato de respiración asistida dada la imposibilidad de respiración autónoma por la enfermedad degenerativa que padecía -distrofia muscular progresiva- y la supresión de ese tratamiento era previsible que conllevara la muerte de la paciente, como así sucedió". Así, y puesto que la petición de la paciente "no es que se le causara directamente su muerte, sino que se le retirara el tratamiento que se le suministraba", la decisión que se adopta sobre la limitación del esfuerzo terapéutico es "congruente" con la petición de que "se respete su voluntad de morir con dignidad".

Por ello, según consta en el decreto, que publicó ayer el diario El País, "es la enfermedad directamente, y no la acción de retirar el tratamiento, la que provoca la muerte", por lo que "no es atendible", argumenta el Ministerio Público, la posición que mantiene quien afirma que el acto es positivo porque una vez prolonga la vida mediante soporte vital su retirada causa directamente la muerte.

En lo que respecta a los miembros del Consejo Consultivo de Andalucía, el fiscal Luis Salcedo, que firma el decreto, precisa que "es evidente que los miembros del Consejo no tienen el dominio del hecho de la desconexión y que no hay una relación causal con la decisión adoptada" puesto que la naturaleza del dictamen emitido es facultativa y no vinculante para la Consejería de Salud.

Tras solicitar su petición en noviembre de 2006 y ser reconocida por facultativos que diagnosticaron su capacidad mental para emitir la petición, que fue valorada y analizada, Inmaculada Echevarría falleció a las 21.00 horas del 14 de marzo de 2007, en el Hospital de San Juan de Dios de Granada, tras ser desconectada del respirador.

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