Las asociaciones contrarias a la asignatura creen que la sentencia no obliga a los alumnos a volver a las aulas y las favorables entienden que es una decisión lógica
Era de esperar: la sentencia del Tribunal Supremo que desestima cuatro recursos interpuestos por padres de alumnos que se opusieron a que éstos recibieran Educación para la Ciudadanía (EpC) ha contentado a unos e irritado a otros. Los sindicatos, mayoritariamente, ven el fallo como una consecuencia lógica porque la asignatura, entienden, no alecciona ni introduce la política en las aulas, sino que transmite valores necesarios y positivos. Los objetores, en cambio, creen que instancias superiores terminarán dándoles la razón e interpretan que, al menos por ahora, sus hijos no están obligados a volver a recibir esa clase.
Entre los que siguen oponiéndose a EpC, no obstante, hay ciertas diferencias. José Luis Amat, presidente en Granada del Foro Español de la Familia, dijo que su colectivo "cumplirá rigurosamente la sentencia" pero acotó que ésta sólo afecta a cuatro casos, no es generalizable. "Entendemos que esos cuatro alumnos sí deben volver, pero los otros, y hay unos 50.000 en toda España y más de mil en Granada, pueden esperar al menos a ver la redacción definitiva. Si especifica que todos deben volver a las aulas, entrarán. No estamos por la desobediencia civil", manifestó.
Amat dejó en el aire la respuesta que puedan dar los objetores. "Suponemos que algunos seguirán en sus trece y se negarán a que sus hijos reciban la asignatura, de la misma forma que otros adoptarán la postura contraria mientras se resuelven los recursos (al Constitucional y, eventualmente, al Tribunal de Derechos Humanos). Ahí no podemos entrar", concluyó.
Por su parte, Marcelo López, portavoz de la plataforma Rosa Blanca en Granada, mantuvo una postura algo más radical. Además de manifestar su deseo de "leer la sentencia en su integridad" por entender que "alguno" (en alusión a los que se han congratulado ahora) se puede "llevar una sorpresa", hizo hincapié en que se trata de sólo un fallo judicial que, de por sí, no crea jurisprudencia. "Para que esto ocurra tienen que existir al menos dos sentencias del Supremo en un mismo sentido, y aun así eso no sería determinante", dijo.
Sobre si los hijos de los objetores deben o no volver a recibir Educación para la Ciudadanía, Marcelo López entiende que sólo estarían obligados, en todo caso, los tres andaluces y el asturiano a los que el alto tribunal ha rechazado el recurso. "Hay otros padres que por ahora lo que tienen es una sentencia a favor, otros que han recurrido la que les era desfavorable… No creemos que cambie nada por ahora", precisó.
Por lo demás, sostuvo que instancias judiciales más altas terminarán por darles la razón. "La objeción de conciencia es un pilar de la democracia, un derecho fundamental que reconoce el Tribunal de Derechos Humanos", concluyó.
La respuesta de CGT fue contundente, pero en el sentido opuesto. Una portavoz manifestó que el fallo es "lógico y correcto", recordó que su sindicato cree "en la escuela laica" y puso el acento en que la asignatura "no tiene nada de aleccionadora, sino que inculca unos valores muy necesarios".
CSI-CSIF dio una respuesta más aséptica. Su presidente en Granada, Germán Girela, habló de "respeto total" al Supremo y añadió que en su colectivo hay profesores a favor y en contra "aunque el sindicato, en general, creía que a lo mejor no tenía que entrar en el currículum".
