“El interés encubierto de privatizar la enseñanza, cuyo proceso comienza desprestigiando al personal, precarizarlo y presionarlo para que rinda menos” y los intereses de empresas privadas que controlan las oposiciones y los grados.
Todos recordamos la Marea Verde. La imagen de miles de personas organizadas, vistiendo la misma camiseta, llevando una reivindicación para defender no solo sus trabajos, sino la educación y el futuro de los demás. Ellos luchaban por la defensa de la educación pública para tratar de parar una privatización a veces encubierta y a veces más que evidente. Detrás de esa marea hay miles de personas que siguen luchando y, entre ellos, el colectivo de los profesores interinos, uno de los más afectados.
En los últimos años, más de 7.500 profesores interinos se han quedado en paro tras sufrir una serie de “ilegalidades, despropósitos, ataques y actuaciones arbitrarias que ya hemos denunciado por todos los cauces legales”, asegura un grupo de interinos. Ahora, denuncian en declaraciones a ELPLURAL.COM una persecución continua que no tiene otro objetivo que el de desprestigiar a la educación pública para que los padres solo tengan dos opciones a la hora de escoger: la privada o la concertada.
Obstáculo tras obstáculo para acabar con la educación pública
Todo empieza cuando la ultracatólica Lucía Figar consigue “acceder a un puesto de máxima responsabilidad -como consejera de Educación de la Comunidad de Madrid– sin tener formación ni trayectoria en educación”, según denuncian los interinos. Sus únicos logros: ser persona de confianza de Esperanza Aguirre y la mujer de Carlos Aragonés Mendiguchía, uno de los hombres fuertes del PP y actual diputado por Madrid. Para este colectivo, su etapa pasará a la historia como “la más detestable para la escuela pública madrileña”.
De la noche a la mañana la Consejería de Educación decidió cambiar la normativa y pedir una titulación de especialización para poder ejercer. Los miles de interinos que llevaban más de diez años trabajando, habían salido de las universidades con una titulación de magisterio general, por lo que se vieron obligados a hacer un curso ‘de reciclaje’ si querían seguir trabajando.
Con el reciclaje hecho, siguieron en sus puestos de trabajo hasta que, de nuevo sin previo aviso, en2013 la Consejería se sacó de la manga el Decreto 42 que invalidaba una vez más sus titulaciones. Es aquí donde empiezan las “irregularidades”, ya que este decreto solo afecta a la Comunidad de Madrid y a la educación pública. Mientras que un profesor podía dar clases en escuelas concertadas o privadas con su ‘reciclaje’ en la mano, los interinos de la pública se vieron obligados a pasar de nuevo por oposiciones. Si aprobabas, es como si nada hubiera pasado, la titulación volvía a ser válida.
Los profesores que no pasaron la oposición se vieron obligados a hacer el grado que, en 2013, solo podía cursarse, casualidades de la vida, en la Universidad Privada Camilo José Cela (UCJC ) y a través de Magister, empresa de preparación para oposiciones y de formación del profesorado, la misma que se encarga de ayudar a pasar esas oposiciones. El hecho de que el grado solo existiera en la universidad privada y que costara entre 4.500 y 4.800 euros, cerró las puertas a muchos internos. Estas condiciones supusieron el fin de la carrera de personas, con nombres y apellidos, con familias e hipotecas que están viviendo situaciones insostenibles. Historias que son dignas de contar.
“Tengo que tomar ansiolíticos, somníferos y mi exmarido se hace cargo de mi hipoteca”
Yolanda García tiene 43 años y teme ser desahuciada junto a sus hijos de 13 y 6 años. Pero su vida antes no era así. Durante más de 11 años ha sido profesora interina en la educación pública madrileña como diplomada en Profesorado de Educación General Básica por la Escuela Universitaria del Profesorado de Granada y tras acabar las carreras de Magisterio en Lengua Extranjera Inglés y de Educación Infantil en la UCJC. “Llegué a la universidad matriculándome a escondidas, mis padres no querían que continuase estudiando, sino que empezase a trabajar. Hice Magisterio pues me resultaba vocacional y durante más de 20 años he dedicado mi vida al estudio y a las oposiciones”, recuerda. Pero nunca pudo optar a una plaza porque “al principio no tenía experiencia, que sumaba el 50% o más de la nota en el concurso-oposición. Luego la experiencia dejó de valorarse cuando comenzaba a tenerla”, explica.
En 2013, Yolanda ve como todo cambia y nadie le da respuestas. Tras hacer su correspondiente ‘curso de reciclaje’, cae sobre ella el Decreto 42 que invalida todos sus títulos y ya son 3 años y 27 días en el paro. “Mientras trabajaba, invertí mi nómina de 3 años a pagar estudios en la Universidad Camilo José Cela” para poder seguir trabajando y tuvo que “cargar todos los gastos económicos del hogar a mi exmarido”. Y es que se ha gastado unos 15.000 euros en la universidad, a lo que hay que sumarle otros 6.000 u 8.000 euros en cursos de formación y un máster. Todo para ver como la Consejería de Educación pone cada vez más impedimentos para beneficiar a la educación privada y “exterminar de forma encubierta” la pública y sus trabajadores.
Tras consumir el paro y un subsidio de 426 euros, “tengo que tomar ansiolíticos y somníferos porque he sufrido en este último año y medio varios ingresos hospitalarios por crisis de ansiedad y pérdida de consciencia”. Yolanda sufre de ansiedad crónica, depresión y anorexia nerviosa.
Con 60 años, teme verse en la “exclusión social”
José Alarcón, con 60, podría representar la otra cara de los interinos afectados, los que van a ver como su pensión va a bajar por estar los últimos años de su vida laboral en paro.
Tras 32 años en la educación, 15 como profesor de ciencias sociales y 17 de música, vive con el subsidio de 426 euros que, según denuncia, le quitan cada vez que llega el verano para mandarle al paro. Pero también denuncia cómo con los recortes, los profesores “pasamos de ser interinos a sustitutos a pesar de las necesidades objetivas de los centros” y cómo trocearon las jornadas para pagar sueldos de algo más de 600 euros.
“Me dejaron en la calle por un Decreto” que actualmente está derogado y que ha dejado todo en el aire, pues nadie pone solución a sus situaciones. “No tengo derecho a jubilación como existe en la concertada o para los funcionarios de carrera” que pueden acceder a ella a los 60 años. Por ello,sólo puede ver como su pensión mermará y teme quedarse en la exclusión social. “Tengo dos hijos en el paro mayores de 26 años y uno con una discapacidad del 36%”.
Y tantas trabas, ¿para qué?
Todo parece apuntar a que este sufrimiento personal ha sido provocado por cuestiones económicas. “Nuestra precarización laboral está relacionada con la simple e hiriente cuestión de que contratar interinos es más barato que tener personal fijo, es más fácil despedirnos sin nada. A ello hay que sumarle el negocio económico de las academias y editoriales que preparan oposiciones” como Magister “y los continuos cambios de titulación que nos llevan continuamente de vuelta a las facultades a obtener más títulos, cursos, especializaciones…”, explica Yolanda.
Pero hay dos razones más: “el interés encubierto de privatizar la enseñanza, cuyo proceso comienza desprestigiando al personal, precarizarlo y presionarlo para que rinda menos” y los intereses de empresas privadas que controlan las oposiciones y los grados. Magister está directamente relacionada con la UCJC y a la inversa, hasta tal punto que Yolanda denuncia que “dejan claro que para aprobar parte de las oposiciones mejor que te matricules en Magister lo antes posible y pagando el curso completo”. Para José, la razón se esconde en “las políticas de recortes y de segregación” sin olvidar “las nefastas políticas del PP en educación en Madrid”.
