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El exarzobispo de Toledo decidió ignorar durante años abusos a menores de un cura al que mantuvo en su seminario

Durante cinco años el emérito Braulio Rodríguez Plaza no le apartó del seminario, a pesar de haber tenido conocimiento de lo sucedido cuando la víctima tenía 15 años y era alumno del centro. La Fiscalía pide ahora continuar con el proceso judicial.

TOLEDO.- La Fiscalía de León ha recurrido el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra un sacerdote de Toledo, acusado de presuntos abusos en el Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva sobre uno de sus alumnos, que entonces tenía 15 años. Hechos que fueron denunciados cuando ya era mayor de edad, siendo entonces arzobispo Braulio Rodríguez Plaza, quien habría desoído al menos durante cinco años los avisos al respecto.

Una actuación que denuncia este jueves el diario El País, en un artículo en el que subraya cómo el arzobispo emérito de Toledo, cuya renuncia por edad fue aceptada por el papa Francisco a finales de diciembre de 2019, habría sido conocedor de la denuncia del joven en 2010 a través de la madre de la víctima, y sin embargo no habría tomado ninguna medida al respecto.

Según recoge la documentación judicial citada en esta información, en 2009, la víctima habría informado a otro sacerdote de los abusos que comenzó a sufrir tres años antes. Posteriormente su madre lo contó a varios curas de su confianza, llegando incluso a trasladarlo al arzobispo.

Se desconoce si entonces Rodríguez Plaza informó a las autoridades, pero lo cierto es que mantuvo al sacerdote acusado en el centro, en el que residen y estudian menores, hasta el año 2015.

Desde el Arzobispado habrían indicado que desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, el entonces arzobispo “procedió, con pleno respeto al principio de presunción de inocencia, conforme a la legislación canónica vigente”.

No obstante, no se daba respuesta a otras cuestiones planteadas por el diario nacional, relativas a cuándo se conocieron las acusaciones y por qué se mantuvo al sacerdote en el seminario. Del mismo modo tampoco habrían aclarado si se abrió un proceso canónico o si se informó al Vaticano, como era su obligación.

Tras cinco años, el caso se encuentra pendiente de una decisión de la Audiencia Provincial de León -donde se instruye al haber sido presentada en esta provincia la denuncia por haber sucedido allí uno de los episodios de abusos-, al haber recurrido la Fiscalía el sobreseimiento provisional en primera instancia.

Y es que a pesar de la existencia de cinco informes psicológicos, incluidos los del equipo psicosocial y del forense del juzgado, que confirman que el denunciante sufrió abusos, la titular del Juzgado de Instrucción número uno de La Bañeza, decidía sobreseer el caso basándose en otro informe en el que se indica que “no hay una relación de casualidad inequívoca” entre el trauma y los hechos denunciados.

Un recurso que la fiscal justifica al considerar que la Iglesia “prefirió guardar silencio” para lo cual el arzobispo de Toledo habría transmitido a la madre de la víctima que lo que contaba su hijo “obedecía a sus afectos desordenados y que le pondría en oración”.

En 2016 el caso llegaba a los tribunales, después de que la víctima presentara denuncia contra el sacerdote P.F.R.R., quien niega las acusaciones.

Hasta tan solo un año antes -y ya habían pasado cinco desde que la madre de la víctima pusiera en conocimiento de Rodríguez Plaza lo sucedido-, el sacerdote siguió en su puesto en el Seminario Menor. Fue así en 2015 cuando, según la declaración otro religioso del centro de estudios que ha declarado como testigo, el acusado “fue sacado” del Seminario, tras ser nombrado rector de la iglesia de San Ildefonso y santuario de los Sagrados Corazones de Toledo -más conocida en la ciudad como ‘los Jesuítas’-, siendo este aún su destino.

Destaca El País cómo a pesar de que los presuntos delitos de los que se le acusan suponen una pena de 8 a 12 años de prisión, el sacerdote ha seguido en su cargo.

Tampoco supuso un cambio la llegada del nuevo arzobispo a principios de 2020, puesto que Francisco Cerro no ha tomado medidas al respecto e incluso le nombraba hace unos meses miembro de la Vicaría para el Clero. No obstante, según el Arzobispado, “el actual arzobispo al conocer la situación, está aplicando el vademécum publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe”.

DURANTE DOS AÑOS

Según recoge esta publicación, los hechos denunciados se habrían producido entre los años 2006 y 2007.

El joven, había entrado en el seminario en 2003 y el curso siguiente llegaba al centro el denunciado en calidad de director espiritual. El menor sufría problemas de acoso escolar y el sacerdote se convertía en su persona de confianza.

En febrero de 2006, cuando el menor tenía 14 años -relata la fiscal- “le besó por primera vez en la boca; y en verano, aprovechando una visita al pueblo del menor, le volvió a besar. Durmieron en la misma habitación y al besarle le dijo que le besaba como su padre, por lo que no era pecado”.

Explica también cómo el sacerdote le habría regalado un móvil, con 100 euros, a través del que hablaban todas las noches. Ese verano, con motivo de la visita de Benedicto XVI a España, en una localidad a las afueras de Valencia, concretamente en Puzol, “se repitieron los tocamientos”.

Días después ambos participaban en unos ejercicios espirituales en una residencia de monjas en La Bañeza (León), en la que el sacerdote ejercía como asesor. Allí, “le llevó a su habitación, introdujo su pene en la boca y le dijo que se masturbara”, relata la Fiscalía.

Según este relato, los abusos se repitieron los meses siguientes, también en el Seminario Menor de Toledo.

Una situación que se mantuvo hasta 2007, cuando el denunciante dijo al sacerdote que le gustaba una chica y no quería volverle a ver.

Desde la Fiscalía consideran que la declaración del joven cumple los requisitos necesarios para ser considerada una prueba directa, por ser “coherente y convincente”, al tiempo que no existe un móvil espurio derivado de las relaciones con el denunciado.

Ahora la decisión de continuar con las investigaciones y el proceso contra el sacerdote está en manos de la Audiencia Provincial de León, tal y como ha solicitado la Fiscalía.

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