Más de veinte años después de la ‘comisión Ryan’ en Irlanda, el Congreso aprueba con el apoyo de todos los partidos salvo Vox una comisión oficial coordinada por el Defensor del Pueblo y asesorada por expertos.
Agrietado el rechazo numantino de la jerarquía católica por el efecto de años de presión de las víctimas y sus familiares, finalmente habrá una investigación oficial, pública, del Estado, sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica española. Rezagada, España llega donde Irlanda llegó en 1999 con el arranque de la comisión Ryan. Los más optimistas creen que al fin se llegará al fondo del asunto y se obligará a la Iglesia a sumir responsabilidades, incluidas las económicas. Los más escépticos piensan que puede quedarse en un examen superficial. Eso se verá con el tiempo.
Lo que ahora sabemos es que, aparte de la “auditoría” encargada por la institución católica al bufete Cremades & Calvo Sotelo, una comisión coordinada por el Defensor del Pueblo con el apoyo de un grupo de expertos también examinará los hechos. El Congreso de los Diputados aprobó este jueves, con los únicos votos en contra de Vox, una proposición no de ley pactada por el PSOE y PNV que da vía libre a la comisión. PP y Unidas Podemos (UP) se sumaron a última hora a la iniciativa, que se aprobó envuelta en cierta confusión.
Un “principio de acuerdo” al margen de lo aprobado
Poco antes de la votación, el presidente del grupo parlamentario de UP, Jaume Asens, la diputada de EH Bildu Bel Pozueta y la portavoz adjunta de ERC, Carolina Telechea, anunciaron un “principio de acuerdo” con el PSOE que creará una “auténtica comisión de la verdad”, obligará a cooperar a la Iglesia y facilitará la comparencia en el Congreso de las víctimas que lo deseen. Este acuerdo, según Asens, había convencido a los tres grupos de apoyar la comisión liderada por Ángel Gabilondo. “Hemos pasado del no al sí”, dijo.
Más tarde, una fuente de la dirección socialista rebajó el alcance del supuesto acuerdo, descartando cualquier extremo que implique la modificación de la ley que regula al Defensor del Pueblo y negando que haya ningún acuerdo para forzar a la Iglesia a cooperar o para montar una “comisión de la verdad”. “Hemos acordado proveer de los recursos económicos que necesite el Defensor y que, cuando entregue las conclusiones, las asociaciones de víctimas puedan comparecer, si quieren, en la Comisión de Justicia”, señala dicha fuente.
Desde Unidas Podemos atribuyen las resistencias a Carmen Calvo y recalcan que Asens ha negociado con Isaura Leal, portavoz adjunta en la junta de portavoces, un acuerdo que no está firmado pero tiene el ok del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y que prevé todo lo anunciado por Asens. Si no lo hacen público, añaden desde la formación morada, es porque ese es el compromiso contraído con el PSOE. Desde Presidencia no hicieron ningún comentario.
Ha sido una semana política accidentada en torno a los abusos. El martes la abstención del PSOE en la Junta de Portavoces impidió que se debatiera la creación de una comisión de investigación en el Congreso, como proponían Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. Fuentes socialistas creen que ese formato podría convertir la investigación en un espectáculo y dificultar en la práctica el buen curso de los trabajos. Por su parte, desde UP han expresado el temor a que la comisión Gabilondo se quede corta. Lo que finalmente se ha aprobado es una proposición no de ley de PSOE y PNV [ver aquí] que, en principio, parecía insuficiente a Unidas Podemos, que de hecho la enmendó sin éxito. Finalmente, le ha dado su apoyo en la confianza de desarrollar ese “principio de acuerdo”. De haber votado en contra, UP se habría visto votando junto a Vox en un tema tan sensible.
La letra del documento impulsado por PSOE y PNV
Lo aprobado excluye la comisión parlamentaria, pero implica al Congreso en los trabajos. El Defensor constituirá una comisión independiente, presidida por el propio Gabildondo, “con el encargo de elaborar un Informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia y el papel de los poderes públicos”. Para ello recibirá el asesoramiento de un grupo de expertos.
Su objetivo será “contribuir a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención” de futuros casos. El informe será remitido a las Cortes y al Gobierno y presentado en el Congreso. Allí los grupos adoptarán las iniciativas que consideren convenientes a la luz de las conclusiones y recomendaciones de la comisión. Además, el Defensor “irá informando” al Congreso de los avances en su trabajo.
El presidente del bufete Cremades & Calvo Sotelo, Javier Cremades, encargado de la “auditoría” privada de la Iglesia, ha asegurado que colaboraría con la investigación oficial, fuera cual fuera.
