Estamos casi acostumbrados a oír que el Estado ecuatoriano es laico. Esto se dijo en la posesión de los nuevos asambleístas, pero al parecer se olvida qué mismo significa el término. Laico es el que no abraza una orden clerical, o es independiente de cualquier organización o confesión religiosa.
“Laicismo es una corriente de pensamiento, ideología, movimiento político, legislación o política de gobierno que defiende o favorece la existencia de una sociedad organizada aconfesionalmente, es decir, de forma independiente, ajena a las confesiones religiosas”. Su ejemplo más representativo es el “Estado laico o no confesional”, lo que significa que un Estado (nación o país), “es independiente de cualquier organización o confesión religiosa o de toda religión”, y lo más importante: “las autoridades políticas no se adhieren públicamente a ninguna religión determinada ni las creencias religiosas influyen sobre la política nacional”.
Esto sería en un Estado afianzado, desarrollado, comandado por el empirismo racional. Y aunque la Constitución de Ecuador sí habla del Estado laico, se ha hecho hábito el hecho de patrocinar la religión personal en actos o declaraciones públicos.
Lo más grave es que las posturas religiosas se imponen también a la hora de formular políticas públicas. Los países más avanzados en legislación, en derechos civiles o reproductivos, que protegen el derecho a la eutanasia, eugenesia y aborto terapéutico, muerte asistida, testamento vital, diagnóstico prenatal, entre otros derechos, son justamente los países más desarrollados. No así los países latinoamericanos, que tienen una débil política de apoyo a estos derechos, e igual Ecuador. Como médico genetista laico he luchado 30 años por estos derechos y, contradictoriamente, he visto cómo se han deteriorado.
Cuando comenzamos con el Diagnóstico Prenatal (1987), frente a un embarazo con problemas malformativos graves o fruto de una violación, o por peligro para la vida de la madre, se podía realizar una interrupción terapéutica del embarazo con la firma de dos médicos y el consentimiento de la madre. Hoy todo está peor: se penaliza a la madre, al médico y al equipo de salud. Aumentan los embarazos adolescentes y el aborto sin atención especializada, por tanto, crecen las muertes maternas.
Se esquivan estos temas de salud pública y su discusión, y cuando se tocan, se antepone la moral o la religiosidad, olvidando el mandato constitucional del laicismo. Quizá con el nuevo gobierno, gabinete y legisladores, nos encaminemos por rumbos más actualizados y progresistas.
