El escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia al descubierto

Europa Laica y Valencia Laica, junto con el respaldo de grupos políticos, como Podem y Esquerra Unida, se concentraban en la puerta del Arzobispado de Valencia para informar y hacer público uno de los mayores escándalos que salpica a la Iglesia Católica: las inmatriculaciones de sus inmuebles. Catedrales, monasterios, parroquias, pero también colegios, universidades, garajes o cementerios conforman la extensa lista de inmuebles propiedad de la Iglesia. Pero, la gran pregunta: ¿Son realmente suyos?

Gracias a una ley franquista, desde 1946, la Iglesia ha tenido luz verde para registrar a su nombre un gran número de inmuebles sin demostrar su titularidad, ya que tan solo era necesario una certificación del obispo para efectuar la inmatriculación. Uno de los casos más conocidos, el de la Mezquita de Córdoba, que la Iglesia registró el 2006. Una práctica amparada por una ley franquista que, después, con la ley hipotecaria de Aznar de 1998, amplió este privilegio a la Iglesia.

Desde hace años, Europa Laica, a nivel estatal, y Valencia Laica, a nivel local, han estado luchando contra las instituciones para destapar esta situación. Una lucha incansable que veía sus frutos el pasado mes de agosto cuando el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometía a hacer público el registro. Sin embargo, pasa el tiempo, y sigue sin saberse nada.

¿A qué se debe? La diputada Rosa Albert (EUPV) lo tiene claro: “No se ha publicado, entre otras cosas, por la opacidad con la que se ha actuado siempre con respecto a estas cuestiones. Ha sido muy difícil para los grupos políticos obtener datos que son públicos, como las exenciones a los impuestos municipales, como el IBI, y con respecto a esto la opacidad es mayor porque se trata de un escándalo absoluto donde se ha concedido de forma absolutamente ilegal, durante unos años, y alegal durante otros, privilegios que no tienen el resto de ciudadanos y ciudadanas”.

Por este motivo, considera fundamental el trabajo de estas asociaciones, y de la plataforma “Recuperando” porque “llevan años denunciando esta situación, denunciando estos privilegios. Han conseguido obtener información enfrentándose a instituciones que se la han negado, y creo que hay que reconocerles la capacidad de destapar esta situación, y hacerlo de forma rigurosa, con datos que son absolutamente escandalosos”.

“Escandalosa” es la palabra que más se repite cuando se trata de “denunciar” esta situación. Así, Llum Quiñonero, diputada de Podem, explica, a València Extra, que estamos ante “un escándalo de proporciones descomunales. La Iglesia es propietaria de la mayor inmobiliaria del Estado Español. Es necesario que se publique la lista de registro, que prometió Sánchez, para saber cuántos edificios se inmatricularon sin demostrar su propiedad. Esto no es contra la Iglesia, ni contra la religión, sino del uso que se está dando de unos edificios que son públicos, de la ciudadanía”.

Aun así, las asociaciones ven insuficiente la lista de registros, ya que partirá desde 1998, cuando esta opacidad en las inmatriculaciones se lleva realizando desde 1946. Eso sí, sería un paso más en la lucha por destapar estos “registros fraudulentos”. Desde Podem ya han informado que presentarán una batería de mociones a los Ayuntamientos para recabar información y abogar por “la devolución del patrimonio”. En este sentido, Llum Quiñero pone de ejemplo a la Catedral de Lisboa que “es propiedad del Estado, no de la Iglesia. Tenemos datos de que las inmatriculaciones sin demostrar la titularidad afectaría a unos 60.000 edificios aproximadamente. Parte del patrimonio de la ciudadanía ha pasado a manos de la Iglesia, en un Estado aconfesional, y es necesario que se devuelva a la ciudadanía. La Catedral de Valencia, la de Alicante, la Cartuja, pero también edificios que no son de culto han sido inmatriculados sin demostrar absolutamente nada”.

“Escandalosa” es la palabra que más se repite cuando se trata de “denunciar” esta situación. Así, Llum Quiñonero, diputada de Podem, explica, a València Extra, que estamos ante “un escándalo de proporciones descomunales. La Iglesia es propietaria de la mayor inmobiliaria del Estado Español. Es necesario que se publique la lista de registro, que prometió Sánchez, para saber cuántos edificios se inmatricularon sin demostrar su propiedad. Esto no es contra la Iglesia, ni contra la religión, sino del uso que se está dando de unos edificios que son públicos, de la ciudadanía”.

Aun así, las asociaciones ven insuficiente la lista de registros, ya que partirá desde 1998, cuando esta opacidad en las inmatriculaciones se lleva realizando desde 1946. Eso sí, sería un paso más en la lucha por destapar estos “registros fraudulentos”. Desde Podem ya han informado que presentarán una batería de mociones a los Ayuntamientos para recabar información y abogar por “la devolución del patrimonio”. En este sentido, Llum Quiñero pone de ejemplo a la Catedral de Lisboa que “es propiedad del Estado, no de la Iglesia. Tenemos datos de que las inmatriculaciones sin demostrar la titularidad afectaría a unos 60.000 edificios aproximadamente. Parte del patrimonio de la ciudadanía ha pasado a manos de la Iglesia, en un Estado aconfesional, y es necesario que se devuelva a la ciudadanía. La Catedral de Valencia, la de Alicante, la Cartuja, pero también edificios que no son de culto han sido inmatriculados sin demostrar absolutamente nada”.

Print Friendly, PDF & Email

También te podría gustar...