Tanto el PSC como el Gobierno de la Generalitat cuestionaron ayer la propuesta avanzada por el ministro de Interior, José Antonio Alonso, de elaborar una ley de asociaciones religiosas para establecer medidas de control sobre los imanes de las mezquitas españolas.
A esas críticas se sumó el único diputado musulmán que hay en España, Mohamed Chaib, del grupo socialista en el Parlamento catalán. Chaib se mostró partidario de que el Gobierno «regule» las mezquitas y sus imanes, pero rechazó la propuesta del Ministerio del Interior de «controlar» esta actividad religiosa en la lucha contra el terrorismo islamista.
En declaraciones a Efe, Chaib advirtió al ministro de que «hablar de control puede generar un fuerte rechazo por parte de la comunidad musulmana» y recordó los problemas suscitados en Francia, en la línea de las tesis defendidas por el portavoz del PSC, Miquel Iceta.
El diputado socialista, que además preside la asociación Ibn Batuta y es uno de los fundadores del Consejo Islámico -entidad religiosa que representa a unas 30 mezquitas- se reunió el lunes con representantes del Gobierno para trasladarles su oposición al proyecto. Ayer, tras ese encuentro, argumentó que el Ministerio de Interior debería reorientar su propuesta hacia una «regulación» de los centros religiosos y la creación de un registro de las mezquitas como «lugares de pública concurrencia».
Chaib defendió también la necesidad de que el Estado reconozca legalmente a los imanes como «personal religioso», equiparando el tratamiento a esta comunidad con el de la Iglesia católica.
«Se trataría de hacer lo mismo que con la religión católica y, si vivir en un Estado laico puede suponer un problema, esto se puede hacer a través de la Comisión Islámica de España», explicó Chaib, quien considera que los imanes deberían estar equiparados a los profesores de religión católica, con sueldo y cubiertos por la Seguridad Social. En este sentido, recordó la importancia que tienen los imanes a la hora de difundir «el mensaje» del Islam en las diferentes comunidades y argumentó que «si les damos derechos, les podremos exigir deberes».
En cualquier caso, apuntó que, antes de proceder a una actuación así, se debería revisar la representación actual de la Comisión Islámica Española, organismo creado a principios de los 90 bajo la dirección de Federación Española de Entidades Religiosas Islámica y la Unión de Comunidades Islámicas de España. «Tiene que haber unas nuevas elecciones y que la gente se pueda presentar a la Comisión no como organizaciones, sino directamente desde las mezquitas, y que los imanes puedan escoger a su presidente», explicó.
Oratorios clandestinos
Por contra, el portavoz de la Asociación de Padres de Alumnos Sin Fronteras -que aglutina a las familias de inmigrantes musulmanes-, Ahmed Elgirit, se mostró partidario de que el Gobierno regule las mezquitas y sus imanes y defendió el control estatal ante la proliferación de oratorios que, según él, no cumplen con las mínimas condiciones de seguridad y actúan sin estar registrados.
Elgirit, que lidera además un movimiento de asociaciones de musulmanes que denuncian la falta de legitimidad del Consejo Islámico y Cultural de Cataluña, advirtió de que los oratorios, algunos «clandestinos», han ido creciendo sobre el territorio catalán de manera indiscriminada, muchas veces con imanes al frente que «no tienen ninguna formación».
El portavoz de esta asociación también consideró preocupante que estos oratorios se ubiquen en locales que no cumplen las condiciones de seguridad por la falta de puertas de socorro o de medidas de prevención de incendios. En este sentido, Elgirit pidió al Gobierno «que controle bien» las condiciones de estas mezquitas y oratorios, y si los imanes están en situación legal en España, aunque subrayó que ello no supone controlar los cultos religiosos, un derecho amparado por la Constitución. El dirigente musulman alertó de que algunos de estos imanes «son peligrosos porque no sabemos de dónde vienen, ni quiénes son, ni por qué están aquí».
