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El dinero de Dios lo pone el Estado

Siete de cada diez euros manejados por la Iglesia Católica proceden de Hacienda y de subvenciones públicas

El Papa, Benedicto XVI, lamentaba en su reciente visita a Santiago de Compostela el «laicismo agresivo» de la España de Zapatero, una afirmación que, por otro lado, contrasta con la realidad económica de la Iglesia Católica, cada vez más alejada de la autofinanciación. Para muestra, un botón. Siete de cada diez euros manejados por los obispados de León proceden del Estado a través de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF o de otras instituciones públicas en forma de subvención. Las diócesis de León y de Astorga recibieron 6,3 millones de euros del fondo común que sale de poner la «x» en la casilla de la declaración de la renta del 2009, según los datos declarados por ambos obispados en sus presupuestos.

Este incremento del 33% en los ingresos de la Iglesia no responde al aumento en el número de contribuyentes que dedicen marcar la citada casilla, sino a la reforma del modelo aplicado por el Gobierno socialista a partir del 2007, que elevó del 0,52% al 0,7% la asignación tributaria y ha permitido la consolidación del sistema de financiación de las diócesis españolas con cargo a una minoración de los ingresos públicos del IRPF. La evolución de las campañas de la renta entre los años 1987 y el 2010 constata que el principal activo financiero de la Iglesia sigue siendo el «impuesto eclesiástico» que tiene su origen inicial en la obligación asumida por el Estado con la Santa Sede en los acuerdos de 1979 sobre asuntos jurídicos y económicos. La anulación de estos acuerdos se aplicó hace tres años y supuso la supresión de privilegios fiscales como la exención del IVA en las operaciones comerciales. El último ejercicio fiscal del que existen datos (2009), el Obispado de León destinó 36.108 euros a tributos y 36.122 euros el de Astorga, una cifra residual en los millonarios presupuestos de ambas diócesis, teniendo en cuenta, además, que el patrimonio de la Iglesia está exento de pagos como la contribución (IBI).

Hacienda lo resta. Con el sistema de financiación reformado hace tres años, tanto los católicos -”hasta ahora es la única confesión que recibe fondos directos del Estado-” como los que dan parte del impuesto a las ONG, no aportan ni un solo euro de su bolsillo cuando marcan la «x» en la declaración de la renta, sino que es Hacienda quien lo resta de sus ingresos totales. Se trata, por otro lado, del impuesto más democrático puesto que es el único dinero público que los ciudadanos pueden orientar directamente. Con este mecanismo se aporta al Estado el 99,3% de la cuota fis cal, no el 100% como ocurre en el caso de los que no marcan ninguna casilla.

En todo caso, el estamento no parece estar en crisis a juzgar por el progresivo aumento de ingresos procedentes de las arcas públicas. El Obispado de León manejó en su último presupuesto 4,8 millones de euros y la Diócesis de Astorga 12 millones, según los datos facilitados por el Gabinete de Comunicación, en el primer caso, y por la revista diocesana Día 7 , en el segundo. La enorme diferencia, pese a ser diócesis más o menos equiparables, se explica porque Astorga presenta conjuntamente los resultados consolidados del obispado y de las 960 parroquias que dependen de él en León, Zamora y Orense, mientras que las 809 parroquias, filiales y anejos de la Diócesis de León tienen presupuestos autónomos.

Esta situación, por ejemplo, descompensa el capítulo de aportaciones voluntarias de fieles entre ambas diócesis. En Astorga, las colectas y cuotas parroquiales aportan a la caja diocesana un millón de euros, cantidad con la que no cuenta León. En conjunto, el dinero voluntario que entregan los fieles católicos asciende a 2,2 millones de euros en Astoga y 241.000 euros en León, cifra en la que se incluyen los donativos y legados. Y aquí sí se ha notado la crisis. Los ingresos del Día de la Iglesia Diocesana, un referente para medir anualmente el cepillo, han caído un 10% en León, pasando de 85.000 euros a 77.000.

Ambos obispados cuentan, además, con otro capítulo específico de ingresos corrientes, mayoritariamente integrado por subvenciones de diferentes administraciones. Las ayudas públicas declaradas por el Obispado de León ascienden a 55.000 euros, mientras que las cuentas de Astorga revelan que esta diócesis recibe casi un millón de euros de la Xunta de Galicia, de los convenios con la Junta y las diputaciones de Zamora, de Caja España y del Instituto Leonés de Cultura, además de otras ayudas.

Ninguno de los dos obispados ha ofrecido más información que las cifras globales anotadas en las cuentas que se hacen públicas una vez al año -”«si quieres el presupuesto, vete a misa, que hemos repartido 10.000 folletos por todas las parroquias», respondió el ecónomo de Astorga-”, si bien los datos finales son suficientes para revelar que la Iglesia no tiene recursos suficientes para atender sus necesidades. No en vano, sólo el Obispado de Astorga suma más de cuatro millones de euros (casi todo el presupuesto de la Diócesis de León) en ingresos correspondientes a «necesidades de financiación», en lo que se entiende como préstamos u otro tipo de aportaciones extraordinarias. Las publicaciones diocesanas tan sólo reportan 9.400 euros anuales a León y 24.578 a Astorga. Pese a los reiterados intentos, este periódico no logró arrancar reflexión alguna a los responsables de ambas curias.

Los libros de cuentas de las diócesis excluyen otras maneras de financiación, como son los conciertos con sus colegios o las subvenciones que reciben de la Administración autonómica para pagar actividades como la asistencia social o la ayuda al desarrollo, además de los convenios con diferentes instituciones para la recuperación del patrimonio cultural y artístico. Eso sin contar la legión de voluntarios que limpian las iglesias, imparten catequesis y cuidan el patrimonio localizado en las áreas rurales.

Sin contar colegios. A este respecto, ambas diócesis manejan cientos de entidades, entre las que se encuentran centros educativos, residencias de mayores, centros asistenciales, grupos de ayuda a países en vías de desarrollo, asociaciones y cofradías. Todas ellas tienen autonomía propia y sus presupuestos no se consolidan, al contrario de las parroquias. Al margen de estos centros están todos los que dependen de las congregaciones de religiosos y religiosas, que también tienen independencia total respecto a las diócesis. En el territorio que administran, aún están vigentes más de 2.500 fundaciones que tienen como objetivo administar los bienes. Por ejemplo, lo que dejan los fieles para misas póstumas.

La financiación pública de la Iglesia Católica viene de lejos. Su capacidad patrimonial fue reconocida por los edictos de Milán, en el año 313. Al clero le era permitido aumentar el patrimonio con aportaciones voluntarias, derechos de estola o tasas por administrar sacramentos. Los privilegios se mantienen en la Edad Media. Entonces se prohibía enajenar bienes eclesiásticos, lo que permitió a la Iglesia alcanzar un culto extraordinario y un clero numeroso.
Todas sus propiedades estuvieron amortizadas (sustraídas a la libre circulación porque su venta estaba prohibida) hasta que en el siglo XIX se produjo el proceso de desamortización que permitió al Estado incautar y enajenar bienes que, por lo general, después vendía a particulares en pública subasta. La Iglesia perdió toda su autonomía como consecuencia de este proceso.
Ya en tiempos contemporáneos, al finalizar la Guerra Civil española Franco restablece la dotación de la Iglesia y en los presupuestos de 1940 incluye la primera partida asignada como «obligaciones eclesiásticas». En 1953, mediante un concordato, se vuelve a incluir una nueva dotación y se añaden las indemnizaciones por las pasadas desamortizaciones. Se equiparan también los sueldos de los curas a los de los maestros y se consiguió una aportación global y única a entregar a la Conferencia Episcopal, paso previo a la solución que se adoptó en los acuerdos de 1979 con la Santa Sede para ceder un 0,52% de la asignación tributaria del IRPF, elevada al 0,7% en el año 2007 por el Gobierno socialista.

Como en casi todos los presupuestos, los que declaran las diócesis de León y Astorga también tienen como gasto principal los honorarios y haberes de su legión de trabajadores, en donde se incluyen los salarios de los seglares empleados por los obispados. León gasta 1,8 millones de euros en sueldos de sacerdotes más otros 159.000 euros en nóminas de personal seglar; Astorga destina 2,4 millones a salarios de religiosos, mientras que las retribuciones del personal seglar, seguridad social incluida, ascienden a 135.000 euros. El sueldo medio de los casi 500 sacerdotes que hay en activo en la provincia es, por tanto, de unos 9.000 euros brutos anuales (750 en doce pagas). De ellos, algo más de la mitad tienen menos de 65 años. Ambas diócesis se caracterizan por gestionar parroquias dispersas y rurales, predominantemente situadas en poblaciones con menos de 200 habitantes. Sólo en León hay 88 parroquias en pueblos con menos de 25 habitantes, otras 144 están en localidades de entre 26 y 50 vecinos y sólo 16 iglesias se enclavan en núcleos de entre 5.000 y 10.000 habitantes. Para dar una idea, León capital y su entorno metropolitano generan dos terceras partes del «trabajo» de la diócesis. Todo esto complica enormemente la actividad pastoral, sobre todo en Astorga, donde sus sacerdotes se dispersan por tres provincias de Castilla y León y Galicia.

En el apartado de gastos, resultan especialmente llamativas las cantidades del presupuesto de la citada diócesis, que dedica cuatro millones de euros para nuevas construcciones más 919.525 euros en amortizaciones y provisiones, y otros tres millones de euros en conservación y restauración de templos y casas. Este último capítulo absorbe 1,3 millones en la Diócesis de León, donde no se ha declarado ninguna nueva edificación.

Otros lugares de Europa

Francia Fue la primera en introducir en las constituciones europeas el sistema separacionista, pero lo cierto es que menciona a la Iglesia y le sigue pasando dotación económica. Otras confesiones, si cumplen los requisitos legales, también reciben fondos. El modelo se sigue en Holanda y Luxemburgo.
Alemania La recaudación del impuesto eclesiástico corre a cargo del Estado, que lo pone a disposición de iglesias y asociaciones filosóficas que tengan carácter de corporaciones de derecho público.

«Si no se ofrece la religión como un producto, se irán a otro 'comercio'»

Es la primera vez que el trabajo del sociólogo Prisciliano Cordero del Castillo, sacerdote fundador de la Universidad de la Experiencia, se hace público. Fue realizado en 1996, pero las conclusiones resultaron incómodas y se censuró su difusión. Años después, el estudio socio-religioso «Los sacerdotes de León, entre el tradicionalismo y la modernidad» ha sido publicado en dos idiomas en la revista «Humanismo y Trabajo Social». «El futuro es bien crítico -"afirma hoy Cordero del Castillo-". Por un lado, la sociedad es cada vez más laica, y no hay visos de retorno. Lo religioso ha quedado muy a nivel privado, aunque esto no le gusta nada a la jerarquía. El sacerdote ya no puede imponer su ideología, pero sí ofrecer un mensaje. Y, para dar un mensaje en una sociedad de consumo como la que vivimos, hay que ofrecer la religiosidad como un producto más, si no se irán a comprar otro artículo a otro -˜comercio-™».

 

«Ricos y poderosos». El sociólogo leonés ha accedido a actualizar para este periódico los principales resultados del informe, entre los que destaca la particular visión que tienen los propios fieles sobre la financiación de la Iglesia Católica. «Están acostumbrados a considerar a la Iglesia como una institución rica y poderosa, que no necesita la colaboración de los creyentes. También ven a la Iglesia como un servicio público financiado por el Estado y, por lo mismo, gratuito para los usuarios, como son la educación, la sanidad… Hablar ahora de que la Iglesia necesita de la ayuda de los fieles para asegurar la supervivencia de los sacerdotes, supone romper unos esquemas mentales creados a lo largo de siglos». «En la Iglesia española -"continúa-" no existe un sentido claro de pertenencia y mucho menos de corresponsabilidad económica. A lo más que acceden los fieles es a pagar los servicios religiosos demandados y esto, incluso, con cierta resistencia y crítica».

¿Cuál era entonces la opinión de los sacerdotes de León sobre los sistemas de financiación de la Iglesia? «Encuentran serias dificultades para valorar los diferentes sistemas de financiación, siendo, en todo caso, el más valorado el impuesto eclesiástico», con el que estaban de acuerdo el 50,4% de los encuestados.

Respecto a la situación laboral y económica de los sacerdotes de León, recogida en trece folios, el sociólogo remarca que «el sacerdote es hoy un elemento marginal, que no está en el centro social», cuyas retribuciones económicas son tan bajas, que en ocasiones rozan «la precariedad y la pobreza». «Lo único que ha cambiado en los últimos 14 años es la mejora de las jubilaciones, lo demás continúa igual», explica Cordero del Castillo, para después matizar: «En todo caso, buscar una buena retribución económica no era para los encuestados un factor importante». Entre otras cosas, porque no tienen conciencia de la necesidad de ocio -"«entre los jóvenes se lleva más el day off, pero entre los mayores nada de eso»-" y su disponibilidad de horarios es total. Es lo que el sociólogo viene a denominar «subempleados a tiempo parcial».

«Un clero viviendo en estrechez económica y sin suficientes ingresos para cubrir las necesidades básicas, fácilmente se convierte en excesivamente dependiente y servil del proveedor de sus ingresos y en persona problematizada por la superviviencia».

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