El dilema de la circuncisión

La mejora de la salud pública es un argumento sólido a favor pero también hay que proteger el derecho individual a elegir

Cualquier polémica relacionada con la salud sexual tiene asegurada una amplia repercusión y eso es lo que está ocurriendo a propósito de la circuncisión, una operación que consiste en cortar el prepucio que protege el glande del pene. Se trata de una práctica milenaria que es preceptiva en la religión judia y recomendada en la musulmana. Suele practicarse a los pocos días de nacer y, como muchas otras reglas religiosas que se remontan a la antigüedad, en algún momento debió incorporarse por las ventajas de salubridad que debía aportar.

Pero la circuncisión ha sido vista también como una agresión al recién nacido por un movimiento denominado inactivismo que, como el que promueve el boicot a las vacunas, ha ido ganando adeptos y amenaza una práctica muy arraigada en muchos lugares. Si en los años setenta se estima que en Estados Unidos eran circuncidados el 75% de los niños, ahora lo son el 55%.

La Sociedad Americana de Pediatría ha tomado cartas en el asunto y, en un artículo publicado en su revista Pediatrics, la biblia de esta especialidad, ha afirmado que los beneficios superan a los riesgos, y aunque las ventajas no son suficientes para proponer la circuncisión general de todos los niños, sí la recomienda.

Diferentes estudios han mostrado que evita infecciones del tracto urinario y reduce la transmisión del sida, algo que ha llevado a la organización ONU-Sida a recomendar la circuncisión de los niños en África como medida para frenar la expansión de la enfermedad.

Pero los inactivistas sostienen que quitar la protección del prepucio deja al glande al albur de todos los roces, lo que disminuye con el tiempo la sensibilidad y, por tanto, el placer sexual. Y eso es algo lo suficientemente serio como para que los padres no decidan por sus hijos. Un tribunal de Colonia (Alemania) vino en junio pasado en apoyo de estas tesis declarando ilegal la circuncisión por considerar que es una imposición ilegítima que se hace por razones religiosas.

Así pues, cada parte tiene sus razones. La mejora de la salud pública es ciertamente un argumento sólido. Pero también lo es la protección del derecho individual a elegir. Como siempre en este tipo de cuestiones, se trata de una difícil elección.

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