El Defensor del Pueblo Andaluz se dirigirá de forma inmediata a la Junta, el Ayuntamiento y el Obispado de Córdoba para intentar alcanzar una fórmula de consenso que “garantice el derecho de los ciudadanos a disfrutar del bien cultural de la Mezquita en consonancia con la historia para respetarla y asumirla”. Así lo indicó Jesús Maeztu tras una reunión de dos horas de duración con la Plataforma Mezquita Catedral, Patrimonio de Tod@s celebrada el pasado jueves 11 de diciembre.
El Defensor quiso deslindar dos vías bien diferenciadas de una demanda ciudadana que ha logrado ya sumar más de 386.000 firmas a través de change.org, entre ellas destacadas personalidades de la cultura como Juan Goytisolo, flamante Premio Cervantes, y Emilio Lledó, Premio Nacional de las Letras, aunque también Josefina Molina, Antonio Gala, Rosa Montero, Federico Mayor Zaragoza, Antonio Muñoz Molina, José Chamizo, Manolo Sanlúcar o Norman Foster. Por un lado, subrayó la vía jurídica para anular la inmatriculación de la Mezquita por parte de la Iglesia y su eventual devolución al dominio público, cuya complejidad, dijo, estrecha considerablemente el margen de actuación del Defensor.
De otra parte, hizo referencia al debate de la gestión del monumento donde existe, a juicio de Maeztu, un mayor espacio de trabajo para la institución que dirige. Es en este orden donde anunció que emprenderá una “mediación entre la administración local, autonómica y la Iglesia para buscar puntos de consenso y elementos comunes”. La Plataforma ciudadana viene denunciando desde febrero el plan del Cabildo para amputar la identidad andalusí e islámica de la Mezquita en folletos, cartelería y material audiovisual, de cuya documentación ha desaparecido incluso su nombre y toda referencia a su historia.
El Defensor del Pueblo Andaluz estimó razonable estudiar un “modelo de gestión con criterios profesionales y técnicos, independientemente de su uso litúrgico”. “La propiedad”, señaló, “no está reñida con un modelo de gestión más eficaz para la puesta en valor de un monumento patrimonio cultural y andaluz”. En su ronda de reuniones, incluirá, por parte de la Junta, a las Consejerías de Cultura y Turismo, que ya han solicitado encuentros bilaterales con la Iglesia para abordar el asunto. Pese a considerar la complejidad de la vía jurídica, el Defensor no descartó elevar una actuación ante el Ministerio de Justicia en relación al artículo 206 de la Ley Hipotecaria que ha permitido al obispo inmatricular a su nombre la Mezquita-Catedral sin aportar título de propiedad alguno. Maeztu explicó que, a través de la Defensora del Pueblo Español, Soledad Becerril, pedirá su “actualización” al ser una norma “absolutamente desfasada” que viola el “principio de igualdad ante la ley”.
El portavoz de la Plataforma Mezquita-Catedral, Miguel Santiago, entregó un informe al Defensor con todas las iniciativas ciudadanas ante las instituciones competentes, muchas de las cuales no han sido atendidas. El documento incluye la petición ante el Parlamento andaluz de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Hipotecaria y la solicitud de una inspección del Icomos a la Mezquita-Catedral para comprobar sobre el terreno todas las irregularidades denunciadas. También alude a la demanda de sendas entrevistas con la presidenta y vicepresidente de la Junta y el consejero de Cultura, ninguna de las cuales han sido contestadas.
