El Defensor apuesta por un modelo de gestión profesional para la Mezquita

Maeztu mediará entre la Junta, el Ayuntamiento y el Obispado de Córdoba

El Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, se ha sumado al clamor surgido entre los ciudadanos y secundado por la Junta para que la Mezquita-Catedral de Córdoba se rija por “un modelo de gestión con criterios profesionales y técnicos, independientemente de su uso litúrgico”, afirmó este lunes en Sevilla. El defensor, que mantuvo una reunión el pasado jueves con representantes de la plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba. Patrimonio de Todos, ha anunciado su intención de intermediar entre Junta, Obispado y Ayuntamiento de Córdoba para estudiar “un modelo de gestión más eficaz para la puesta en valor de un monumento que es Patrimonio Mundial y andaluz”, precisó Maeztu.

Tras el estudio de la documentación aportada por la plataforma ciudadana —que denunció la “apropiación” que el Obispado hizo en 2006 del conjunto al inscribirlo en el Registro de la Propiedad como suyo—, el defensor se muestra partidario de que el funcionamiento del monumento se rija por criterios profesionales y que en su gestión intervengan también las consejerías de Cultura y Turismo y el Ayuntamiento de la ciudad, “independientemente de que se mantenga su uso litúrgico”, apunta Maeztu. Actualmente, el conjunto lo gestiona el Obispado en solitario y según sus criterios.

Maeztu entiende que su oficina no puede entrar en la cuestión de la propiedad de la Mezquita. “Aunque estamos estudiando si debemos elevarlo a la oficina estatal del Defensor del Pueblo”, añade. Y considera que puede mediar para resolver lo que apunta como “el origen del problema” que, en su opinión, viene del intento de la Iglesia de borrar el pasado musulmán del conjunto.

“En enero iniciaré conversaciones con todas las partes para hablar sobre la denominación del monumento, del que la Iglesia ha ido borrando la palabra mezquita, y el modelo de gestión”, añade Maeztu.

Miguel Santiago, portavoz de Mezquita-Catedral. Patrimonio de Todos ha planteado a la oficina del Defensor del Pueblo que el Parlamento andaluz presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Hipotecaria que ha permitido la inmatriculación de la Mezquita, que se solicite una inspección de Icomos al monumento para comprobar las irregularidades denunciadas; así como entrevistas con la presidenta y vicepresidente de la Junta y con el consejero de Educación y Cultura.

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