El debate sobre la titularidad pública de la Mezquita llega hoy a Bruselas

La celebración de un Pleno evita que Pedro García viaje en representación del Ayuntamiento

El debate sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral y de los bienes inmatriculados por la Iglesia en Córdoba se traslada hoy a Bruselas. Cinco colectivos ciudadanos, entre ellos la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba, llevan hoy al Parlamento europeo lo que califican como «el escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia, que le ha permitido apropiarse de miles de bienes de dominio público en todo el país gracias al artículo 206 de la Ley Hipotecaria». Además de la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba, en Bruselas estarán representadas las también plataformas de Defensa del Patrimonio Navarro, Europa Laica, Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares. A ese viaje tenían previsto sumarse los tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba Pedro García y Alba Doblas -ambos de IU- en representación del Consistorio de la ciudad. La celebración de un Pleno municipal lo ha impedido. 

Los colectivos justifican el viaje al Parlamento en que, «aunque la disposición [que permitía las inmatriculaciones] ha sido ya reformada, dada su evidente inconstitucionalidad, no tiene carácter retroactivo y, de hecho, consolida todas las inmatriculaciones efectuadas en virtud de una ley predemocrática que equipara a la Iglesia con el Estado y concede a los diocesanos el rango de fedatarios públicos». Por este motivo, los citados colectivos pretenden reunirse con los grupos parlamentarios de la Eurocámara, a quienes expondrán «la dimensión de un problema que afecta a la práctica totalidad del patrimonio histórico de España, incluidos la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Giralda de Sevilla, dos de los monumentos más importantes del mundo». 

Los cinco colectivos van a impulsar dos preguntas parlamentarias, una referida a las inmatriculaciones y otra a la defensa de la Mezquita de Córdoba, para las que espera «concitar el mayor número posible de apoyos entre los grupos de la Cámara de la UE». 

De hecho, según señalaron los colectivos, «varios partidos han contestado ya afirmativamente a la petición ciudadana» y, «en todo caso, se analizará conjuntamente con los europarlamentarios otras vías políticas de actuación, dentro de los cauces reglamentarios de la Unión Europea (UE)». «El escándalo de las inmatriculaciones de la jerarquía católica -insisten los colectivos- da de esta manera un salto crucial a la esfera europea, por cuanto representa una clara vulneración de uno de los valores comunes, como es la separación entre Iglesia y Estado y la perpetuación de un privilegio arcaico incompatible con un Estado democrático y de derecho». Hasta ahora, todas las iniciativas para conseguir que esos inmueble sean públicos se han atascado en sede parlamentaria.

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