El debate que genera la tan cuestionada subvención del Estado a las escuelas privadas en Argentina

Como en cada inicio del ciclo lectivo la educación nos lleva a reflexionar sobre lo que ocurre en las escuelas, las problemáticas que aquejan a las instituciones educativas y el rol que cumple el Estado en la educación pública y en la privada.

Durante los últimos años se ha escuchado pronunciar, desde diferentes sectores, la frase: “que el Estado deje de subvencionar las escuelas privadas y destine ese dinero a las escuelas públicas”, y entonces se volvió así a reflotar la ya “clásica rivalidad” que existe entre quienes trabajan en escuelas públicas contra quienes “gozan” de todos los derechos “ganados” por los docentes de “las públicas” que “hacen paro”, es decir, los docentes de las privadas.

La posición de defensa de la escuela pública no sugiere que cierren las escuelas privadas o que desaparezcan, no es esa la intención de quienes defienden la educación pública, pues hay personas que deciden pagar, y pueden, la educación de sus hijos y es comprensible que así sea. Lo que se exige es que el Estado brinde condiciones de calidad educativa a todos los ciudadanos, y sobre todo a infantes, adolescentes y jóvenes de los sectores más vulnerables que son quienes no pueden pagarse una educación privada. Tenti Fanfani y Grimson expresan: “Se trata de un derecho que el Estado debe garantizar para que no existan excluidos y para que la formación de los ciudadanos sea la base de una sociedad democrática con mejor calidad de vida para todos”. Y como no se logra la garantización de ese derecho entonces se entiende que dejar de subvencionar a los privados puede ser uno de los posibles caminos para destinar los aportes necesarios para las escuelas públicas.

Y hay una reflexión más que se debe hacer en este debate sobre la educación pública, sobre los docentes trabajadores de las instituciones educativas públicas: los denominados “vagos”, objeto de prejuicios expresados por gran parte de la sociedad. Quienes luchan por una mejor educación llevando a cabo “paros” son tildados de vagos, de no tener ganas de trabajar, de vivir del Estado, de perjudicar a los estudiantes, entre otras tantas cosas.

Pero en esta visión prejuiciosa de “los vagos que paran, que no quieren trabajar” nos olvidamos de algunas cuestiones: la población en general ve al docente de la pública como “vago” comparándolo con los docentes de privada, muchas veces sin saber que quienes trabajan en privada no paran porque los empresarios propietarios de la institución educativa en la que se desempeñan, sus empleadores, sus jefes, los despedirían o por lo menos los presionarían y tomarían represalias de alguna manera por haber parado. Siempre existe la posibilidad de que ocurra eso o alguna situación similar en un privado. Así, es menos probable que la actitud del docente de privada se acerque a la adhesión a un paro. En las instituciones privadas termina siendo certera la posibilidad de hacer más “fácil” y más “natural” la vulneración de los derechos de los trabajadores de la educación.

Entonces bien, los docentes de privada sin adherirse a paros y siendo vistos por la “sociedad” como los grandes trabajadores, los responsables y comprometidos con la educación de los pibes, reciben todos los derechos conquistados por los “vagos de la pública”. Porque los derechos logrados por los trabajadores de instituciones educativas estatales son para todos los trabajadores de la educación, incluidos los trabajadores de las instituciones privadas, no son sólo para los de las públicas.

De esta manera, el panorama que se presenta es el siguiente: la sociedad tildando a los trabajadores del Estado de vagos, a las escuelas públicas de brindar poca o nula calidad educativa, a los estudiantes de no querer estudiar y a los docentes de no querer enseñar, y de tener muchas vacaciones, de no trabajar por vocación sino sólo por dinero, como si existiera alguna profesión en el mundo en la que los trabajadores sólo llevaran a cabo su actividad por vocación y no por lograr un rédito económico. Pero muchas de estas expresiones están plagadas de prejuicios y se realizan estigmatizando a docentes y estudiantes de una forma, por lo menos, injusta. Expresiones basadas la mayoría de las veces en el desconocimiento de la realidad educativa actual y del trabajo docente en sí.

También es importante remarcar que no es coherente realizar una comparación entre la escuela pública y la privada, en ningún sentido, porque desde sus orígenes y desde sus bases son totalmente diferentes, cada una tiene sus particularidades que son resultado principalmente de sus relaciones con el Estado. Y la escuela privada recibe una cuota de dinero extra, periódica, por parte de sus usuarios, los estudiantes asistentes a esa escuela, quienes compran la educación a los propietarios de la institución educativa. La escuela privada es una empresa, una empresa educativa. Y es importante entender qué significa y todo lo que conlleva que la educación se resuelva y se desarrolle en el mercado.

Por lo tanto, a la hora de pensar y reflexionar sobre la educación en general, sobre docentes y estudiantes de escuelas públicas y de escuelas privadas sería importante reconocer que hoy no existen casi escuelas que no sean subvencionadas por el Estado, y digo casi, por no decir ninguna, por no dejar de ser exacta en la expresión. Qué significa esto: que los docentes de las privadas son también empleados del Estado, es el Estado el que les paga el sueldo a esos docentes, sus sueldos no “salen” de la cuota que paga el alumno. Sí seguramente les sirve ese dinero extra a los privados, que sale de las cuotas de sus “clientes”, para mejorar la calidad educativa de esas instituciones privadas. Dinero que no reciben “las públicas”, y en este punto se podría comenzar, si se quiere, a no comparar ambos tipos de educación.

Es decir, el Estado, que somos todos los ciudadanos, subvenciona las instituciones educativas privadas, a las que asisten alumnos que en general se supone tienen más recursos económicos que quienes cursan en las públicas. Las familias que mandan a sus hijos a escuelas públicas, muchas de las veces porque no pueden pagar una privada, forman parte del Estado, porque “el Estado somos todos”, y “aportan” a ese Estado que subvenciona la educación privada. Vale decir, todos “sostenemos” de alguna forma las instituciones educativas privadas, porque todos los ciudadanos formamos parte del Estado, tanto quienes mandan a sus hijos a privadas como quienes los mandan a las públicas, todos “aportamos” al Estado. Entonces, es por lo menos injusto que todos los prejuicios y estigmatizaciones “caigan” siempre sobre los miembros de cualquier comunidad educativa pública y se ensalce o se elogie casi siempre a la privada.

Y para concluir es bueno recordar que el derecho a la educación es un derecho humano, todos los ciudadanos tienen el derecho de recibir educación de calidad, pública y gratuita. El cumplimiento y la no vulneración de este derecho le corresponde al Estado, por eso es esencial defender la educación pública, porque estaríamos vulnerando el derecho a la educación de todos los ciudadanos de bajos recursos si sólo existieran instituciones educativas a las que se pueda asistir pagando una cuota periódicamente, es decir, si sólo existieran escuelas privadas.

En fin, el debate sigue abierto y es importante generar reflexiones e interrogantes reconociendo la complejidad de la educación, para no simplificar ni banalizar el trabajo que se desarrolla en las instituciones educativas públicas, siempre desde la posición más humana que podamos adoptar, reconociendo la diversidad cultural que convive diariamente en las aulas.

La 8732 no se toca. Educación pública, gratuita y laica. ¡Edificio propio ya! para la Escuela Secundaria N°25 “Gral. San Martín”.

Lic. Liliana Rueda

Print Friendly, PDF & Email

También te podría gustar...