El dantesco escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia católica en España

Patrimonio. «El escándalo es de tal magnitud que el mismo Gobierno del PP cambió la Ley Hipotecaria en 2015, impidiendo que los obispos pudieran seguir inmatriculando, pero al no declararse la ley anterior inconstitucional se produjo en la práctica una amnistía registral»

Inmatricular es inscribir por vez primera un bien inmueble en el registro de la propiedad. Esto es lo que empezó a hacer la Iglesia española desde febrero de 1946 por una ley franquista que daba a los sacerdotes atribuciones de notarios; desde entonces lo ha hecho de manera compulsiva en todo el país y ha inmatriculado todo tipo de inmuebles y propiedades, solares, casas, frontones, aparcamientos, cementerios. . .
En 1998 un Gobierno de Aznar le concedió más atribuciones todavía y permitió que se inmatriculara lugares de culto, algo que con la anterior ley no estaba permitido, por lo que además de registrar a su nombre todo tipo de bienes inmatricularon iglesias, ermitas, catedrales, mezquitas… muchos de los cuáles están declarados BIC (Bien de Interés Cultural).

El caso más escandoloso fue la inmatriculación de la Mezquita de Córdoba que fue registrada por una cantidad irrisoria en marzo de 2006, aunque se descubrió en 2009; supuso que su gestión y la recaudación por el acceso de los visitantes es para la iglesia.

El escándalo es de tal magnitud que el mismo Gobierno del PP cambió la Ley Hipotecaria en 2015, impidiendo que los obispos pudieran seguir inmatriculando pero al no declararse la ley anterior inconstitucional se produjo en la práctica una amnistía registral.

La situación a día de hoy es que la Iglesia católica española tiene un extensísimo patrimonio, casi imposible de calcular porque no facilita su listado de bienes y porque los sucesivos Gobiernos que hemos tenido no se lo exigen, podría darse la circunstancia de que su patrimonio sea superior al del Estado español, algo totalmente excepcional y anómalo en los países de nuestro entorno, incluido Italia, país vecino del Vaticano, donde se llegó a un acuerdo razonable en 2012.

En nuestro país está todo por hacer, nadie se atreve a exigir cuentas a la Conferencia Episcopal, nadie es capaz de anteponer los intereses del Estado, de todos los ciudadanos, a los intereses de una de las religiones existentes, en el Congreso de los Diputados se votó una proposición no de ley propuesta por el PSOE cuando estaba en la oposición y sedecidió por mayoría que el Gobierno debía publicar el listado de bienes inmatriculados, pero a fecha de hoy no se ha hecho público tal listado.

Nosotros, desde Europa Laica, exigimos que se haga una nueva Ley de Patrimonio, en la cual se regule la propiedad de los inmuebles independientemente del uso que puedan tener, en la práctica podían existir catedrales de uso religioso pero de titularidad, gestión y recaudación públicas, porque es el Estado al margen del partido que ostente el poder, el que debe conservar nuestro patrimonio. Exigimos la publicación del listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946, para saber la cantidad exacta de los mismos y, por supuesto, pedimos romper el concordato con la Santa Sede de enero de 1979, para que los Gobiernos que accedan al poder no estén limitados para legislar y llegar a acuerdos en los términos que consideren con las autoridades religiosas. Es más necesario que nunca avanzar en laicidad, es una gran asignatura pendiente en nuestro país, por lo menos para equipararnos con los países de nuestro entorno.

Juan Celdrán Navarro

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*Los artículos de opinión expresan la de su autor, sin que la publicación suponga que el Observatorio del Laicismo o Europa Laica compartan todo lo expresado en el mismo. Europa Laica expresa sus opiniones a través de sus comunicados.

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