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“Con rigor histórico, es delirante afirmar que son solo monumentos cristianos”
El artículo 35 punto 1 de la Ley 20/2022 19 de octubre reza así: “Se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial”.
Lo acaban de leer ustedes y parece que está lo suficientemente claro. Pues se ve que no, veamos.
Recordamos cuando el ayuntamiento de Mota del Cuervo quitó la Cruz de los Caídos en 2008, el Obispado saltó a la palestra argumentando que la cruz no era un símbolo franquista, sino uno de Cristo. La justicia, tan lenta en casi todas las ocasiones, voló en esta; una rapidez encomiable, de parte eso sí. Y a partir de ahí llegó el daltonismo simbólico del que les hablamos hoy con una ley con un texto menos ambiguo que la de entonces.
Cristo, pero, ¿qué Cristo? ¿El Cristo de Ellacuría o Ernesto Cardenal? ¿O el de Monseñor Guerra Campos pidiendo el voto contra la vigente constitución desde el púlpito catedralicio conquense o el de “¡Viva Cristo Rey!” de los impunes pistoleros parapoliciales de nuestra modélica y pacífica Transición?
Indudablemente, representa en la historia al Cristo de la Cruzada en que la Iglesia Católica (parte consustancial física y metafísicamente del golpe del 36′ y la posterior dictadura nacionalcatólica) convirtió la rebelión contra la II República Española; había que matar al infiel, y el infiel éramos nosotros. Démosle un resumido vistazo a la historia.
Desde 1938, la dictadura creó instituciones para controlar los monumentos que se erigían, cuáles, cómo, con qué parafernalia se conmemoraba, todo. En agosto de 1939 se publicó una Orden de Gobernación sobre monumentos, todo necesitaba la aprobación de este Ministerio, en concreto la Jefatura del Servicio Nacional de Propaganda, que después pasó a depender de la Vicesecretaría de Educación Popular hasta 1942, cuando se crea la Jefatura de Ceremonial y de la Sección de Organización de Actos Públicos y Plástica, dependientes de la citada Vicesecretaría.
Los Servicios Técnicos de esa Sección hacían los informes para autorizar, o no, la construcción de los nuevos monumentos. También se encargaban de que estos monumentos respondiesen a un mismo criterio histórico. Los monumentos se dedicaron en casi su totalidad a la Victoria y a los Caídos, al golpe y la guerra. Y cómo no, ahí estaba la Iglesia participando en las decisiones y sin perderse ni uno de estos tétricos saraos nacionalcatólicos. Obviamente, con rigor histórico, es delirante afirmar que son solo monumentos cristianos.
La Iglesia fue parte activa de la represión de la nueva España
Por otra parte, la Iglesia fue parte activa de la represión de la nueva España, con tesón y ahínco en las primeras dos décadas de la dictadura. Algo que se comprueba fácilmente en numerosas publicaciones desde hace décadas, esas monjas carceleras en prisiones o patronatos, esos curas denunciantes, catequistas en las clases obligatorias en las prisiones, censuradores de todas las publicaciones escolares y muchas no escolares, ese catolicismo obligatorio por ley durante dos décadas en este país. Así, nuestros pueblos, todos los pueblos, carreteras y caminos se llenaron de monumentos nacionalcatólicos a los golpistas y al golpe, y muchos a pesar de las leyes y de los más de 40 años de democracia ahí siguen.
Pretender que las víctimas conmemoradas en monumentos y los monumentos mismos, que dependían del férreo control de instituciones de la España nacionalcatólica, es solo algo cristiano y que son personas que perdieron la vida simplemente por ser católicos, es algo totalmente ahistórico también. Así mismo, decir que la Iglesia no se mete en política es un argumento históricamente ridículo, y si el argumento es ridículo imagínense su aceptación desde fuera de la organización que lo promueve. Ya en los años 2000 Tomás Ruiz publicó un artículo en ‘Interview’ en el que demostraba la participación de Monseñor Laplana en la conspiración para el golpe de estado. Un golpe de estado que en nuestra provincia fue civil, es decir, al no haber guarniciones militares se estructuró a través de civiles, la Iglesia y la Guardia Civil, además de la colaboración de los elementos de la Unión Militar Española que había en nuestra provincia. Nada nuevo bajo el sol de la historia en todo esto, algo que debería ser de dominio público, que esta es la simbología de una dictadura que pisoteó los derechos humanos en nuestro país durante cuarenta años.
Permítannos ilustrar esto con un caso reciente. Carretera que va desde la A-3 a Tribaldos, un monumento que por su origen y por todo lo explicado arriba entra de lleno en la definición de la ley con la que empezábamos este texto, conmemora a golpistas. Pues bien, los técnicos de la Diputación nos dicen, informalmente que aún no hemos tenido respuesta oficial a la solicitud de retirada, que ese monumento nacionalcatólico no tiene símbolos, solo la cruz. Así, por arte de birlibirloque, este monumento nacionalcatólico pasaría solo a ser católico a secas, y por lo tanto no se retiraría.
Esto es daltonismo simbólico del bueno, señores.
Lo malo es cómo esta falacia histórica cala, no solo entre sus creadores y los adoradores de la dictadura, sino también en las filas “progresistas”. Y todo ello con una falta de conocimiento histórico, ¿o no? No por muy conveniente menos peligrosa. ¿Quién quiere problemas? Una muestra más de la colonización de la propaganda de la dictadura que persiste en nuestra desdentada sociedad, que comulga con ruedas de molino y no gasta un euro en dentistas.
Y así no sólo con la Diputación, también con más de una decena de ayuntamientos, que en su inmensa mayoría no han contestado siquiera nuestras peticiones de cumplimiento de la ley vigente. ¿Tiene fuste? Ninguno, es bastante absurdo, pero, aunque sea absurdo vamos con ello, parafraseando al periodista de La Sexta.
Que Dios nos pille confesaos’.
