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El Constitucional tumba el recurso de un numerario del Opus Dei condenado por abusos sexuales en el colegio Gaztelueta

La familia activará ahora el procedimiento civil para reclamar una indemnización por daños y perjuicios a un centro escolar que llegó a costear parte de la defensa del profesor.

El Tribunal Constitucional ha decidido no admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el profesor del colegio Gaztelueta de Leioa (Bizkaia) y numerario del Opus Dei José María Martínez Sanz contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenaba por abusos sexuales a uno de sus estudiantes cuando cursaba los primeros cursos de Secundaria. Esta decisión cierra la puerta a la intención de la defensa, ejercida durante años por el letrado Eduardo Ruiz de Erenchun –ahora al cargo de la defensa del diputado de UPN Sergio Sayas y antes del asesino de Nagore Laffage– y más recientemente por otro abogado, de elevar este caso hasta Europa, hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Además, convierte ya en definitiva la resolución judicial que hacía constar como hechos probados e incontrovertibles unos abusos negados por activa y por pasiva, lo que permitirá a su familia reclamar una indemnización por daños y perjuicios al colegio.

Fue en 2012 cuando se conoció por vez primera una parte de la situación que sufrió en Gaztelueta el estudiante Juan Cuatrecasas. Los abusos se produjeron cuando tenía entre 11 y 13 años. Tras unos primeros intentos fallidos, cuando cumplió la mayoría de edad reactivó la investigación penal contra su antiguo preceptor y, en 2018, se celebró un juicio en la Audiencia Provincial de Bizkaia en el que se probó no solamente que existió una práctica continuada de abusos sexuales sino también que el pederasta propició un clima para que el joven fuera víctima de ‘bullying’ por parte de sus compañeros. Ese tribunal condenó a once años de cárcel al docente.

Con todo, el colegio Gaztelueta organizó una rueda de prensa en sus instalaciones en la que se situó por encima de la Justicia, defendió la honorabilidad del imputado y atacó a la víctima y a su familia. Llegó a hacer una visita guiada por los lugares en que se produjeron los abusos para, supuestamente, probar que era imposible que allí ocurriera algo semejante. Este centro, vinculado al Opus Dei, es uno de los pocos en Euskadi que segregan por sexos, pese a lo cual siempre ha estado concertado por el Gobierno vasco y siempre ha recibido financiación pública. Además, este periódico publicó que el colegio costeó parte de la defensa del acusado, particularmente una serie de actas notariales firmadas por exalumnos del centro para poner en valor lo buen docente que era Martínez Sanz. Gaztelueta llegó a querellarse contra elDiario.es/Euskadi por esta información, aunque la Audiencia Provincial de Álava no solamente no vio ninguna base en estas actuaciones sino que puso en valor el papel de los medios de comunicación en la denuncia de este tipo de casos. La institución también creó una página web para ofrecer una versión edulcorada del proceso judicial.

La defensa de Martínez Sanz interpuso un recurso y, en 2020, el Tribunal Supremo rebajó la condena sustancialmente hasta los dos años de cárcel, que es justamente el período que permite la suspensión del ingreso efectivo en prisión si no se tienen antecedentes. El alto tribunal dio por probados los hechos pero consideró que no había pruebas suficientes de los episodios más graves de agresión sexual, frente al criterio de todos los especialistas que atendieron durante años a la víctima. Jugó en contra de Cuatrecasas que no contara desde un inicio todo lo que vivió, si bien los especialistas consideraron natural que se fuera abriendo conforme pasaba el tiempo –destacaron que ello no restaba ni un ápice de coherencia a sus denuncias– y que a un preadolescente le costara verbalizar determinadas prácticas sexuales. El propio joven, que ahora tiene 26 años, contó su vivencia en una entrevista.

Sin conformarse con la rebaja, la defensa del numerario del Opus Dei anunció que seguiría peleando en los tribunales. Sin embargo, según explican fuentes judiciales, el Constitucional ni siquiera admitió a trámite el recurso de amparo, que implica analizar no ya el contenido sino si en el proceso ha habido alguna vulneración de derechos. Esto implica que tampoco podrá elevar el conocido como ‘caso Gaztelueta’ a Estrasburgo, ya que es preciso que antes se haya agotado la vía judicial interna. Ahora, la familia puede iniciar ya la vía para la reclamación por vía civil de una indemnización económica por daños y perjuicios contra el colegio Gaztelueta. “En un Estado de Derecho cualquier delito que genere unos daños se tiene que reparar económicamente. Pero por muchísimo dinero que nos den no cambiará que a mi hijo le han robado la infancia y la adolescencia”, explica Juan Cuatrecasas padre, que a raíz de este caso constituyó la Asociación Infancia Robada para ayudar a otras víctimas.

En todo caso, la familia demanda también una petición expresa de perdón por parte del colegio y del Opus Dei, que en su momento simuló una investigación en la que no extrajo conclusiones y tras las que pidió que se repusiera el “buen nombre” del abusador. “Ya es hora de que lo que repongan sea todo lo que han dicho de mi hijo y no al profesor. Nos hemos visto sometidos a un acoso y derribo. Insultar a una víctima de pederastia, para mí, es un delito. No me voy a ir de este mundo hasta que reconozcan lo que le pasó a mi hijo. Hablan mucho de pecados y no hay más pecado mortal que tratar así a un niño. Gracias a Dios, en Bizkaia y en el País Vasco ya no les cree nadie”, abunda.

Se felicita también de que su caso haya finalizado con una condena, algo que no muchos consiguen cuando de abusos en el seno de la Iglesia o de instituciones religiosas se trata. Se alegra de que pueda ser un ejemplo para víctimas aún silentes. “Save the Children lo calificó como un antes y un después en el tratamiento de los delitos de pederastia”, afirma para destacar que “sin la ayuda de los medios de comunicación”, en España “se seguiría como hace 20 ó 30 años”. “Se acabó la broma”, afirma sobre la oleada de denuncias que están aflorando y sobre las investigaciones que se van a poner en marcha. En el caso vasco, según datos de la Fiscalía, son cuatro las causas de abusos a menores bajo investigación en este momento.

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