El Constitucional avala el registro navarro de médicos objetores al aborto

El tribunal respalda por abrumadora mayoría la ley navarra recurrida por el PP

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó en 2010 contra la ley navarra que crea un registro de médicos objetores de conciencia al aborto y ha considerado que la inclusión de los facultativos en dicha lista no vulnera ningún derecho fundamental.

La sentencia, que no ha sido aún notificada, ha sido aprobada por amplia mayoría en el pleno del alto tribunal que se celebra esta semana, aunque contará con el voto particular del magistrado Andrés Ollero, de ideología conservadora. Fuentes jurídicas han informado del fallo, aunque la argumentación de la sentencia será conocida una vez haya sido notificada a los afectados.

En octubre de 2010 el Parlamento de Navarra aprobó la ley foral que regula la creación de registros de objetores de conciencia a la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo, una iniciativa del PSN que fue apoyada por NaBai e IU y a la que se opusieron UPN y CDN. Los promotores de la norma justificaron la creación de este registro para garantizar el acceso de las mujeres a la prestación sanitaria. En la Comunidad Foral no se practicó ningún aborto hasta 2011, cuando abrió una clínica privada en Ansoain. El Gobierno regional argumentaba que todos los profesionales sanitarios objetaban, y durante años estuvo pagando para que estas intervenciones se hicieran en otras comunidades.

La ley obliga a los trabajadores del Servicio Navarro de Salud directamente implicados en este tipo de intervenciones (ginecólogos, anestesistas, obstetras, enfermeras y matronas) a realizar una declaración por escrito sobre sus motivos para declararse objetores, de manera que con esta información se puedan conocer los centros públicos a los que puede acudir una mujer que quiera interrumpir su embarazo. El registro se puso en marcha en 2011, un año después de su aprobación.

El recurso presentado por 60 diputados populares, incluido Federico Trillo, consideraba que el registro es discriminatorio y vulnera el derecho fundamental a la libertad ideológica.

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