El Constitucional admite a trámite el recurso del PP contra la nueva Ley del Aborto

Da un plazo de tres días para decidir si suspende cautelarmente la norma

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este miércoles el recurso presentado por el PP y por el Gobierno de Navarra contra la nueva Ley del Aborto, que está previsto que entre en vigor el próximo lunes, 5 de julio. El alto tribunal ha dado un plazo de tres días a las partes para que aleguen lo que estimen oportuno antes de pronunciarse sobre la petición del PP de suspender la aplicación de la nueva norma hasta que se decida sobre su constitucionalidad.

Tras una reunión que se extiende desde las 11 de esta mañana, los once magistrados que componen el Tribunal Constitucional han dictado una providencia por la que admiten a trámite el recurso presentado por 50 diputados del PP, con Federico Trillo como comisionado. En su recurso, el PP considera que son inconstitucionales los artículos 5.1e), 8 in limine y letras a) y b), 12, 13.4, 15 a), b) y c), 17.2 y .5, 19.2 párrafo primero y disposición final segunda de la nueva norma.

Alegaciones
A partir de ahora, tanto los presidentes del Congreso y del Senado como el Gobierno a través del Ministerio de Justicia tienen un plazo de 15 días para poder personarse en el proceso y presentar alegaciones al recurso. Además, el Constitucional ha fijado un plazo de tres días para que se puedan presentar alegaciones a la petición del PP de suspender de manera cautelar la aplicación de la ley, que debía entrar en vigor el próximo lunes.

Información a los padres
Sin duda, el punto más polémico de entre los nueve que ha recurrido el PP es el que se refiere a las jóvenes de 16 y 17 años que, en el borrador inicial, iban a poder abortar sin necesidad de informar a sus padres. Sin embargo, en el real decreto que desarrolla la ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros se ha matizado este punto, y se obliga a las menores de edad a acudir a la intervención de la interrupción voluntaria del embarazo acreditando que sus padres o tutores están informados del proceso.

Excepción por grave conflicto familiar
Sólo en el caso de que la menor alegara un grave conflicto familiar podría prescindirse del paso de informar a los progenitores, pero esta opción será siempre valorada por los médicos, que pueden solicitar la intervención de psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales para determinar si existe un riesgo real.

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