El Consejo Evangélico de Cataluña exige la suspensión del veto a los centros de culto de Salt

El organismo religioso denuncia una «vulneración flagrante del derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto»

El Consejo Evangélico de Cataluña (CEC) ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento de Salt (Girona) en el que reclama la retirada del acuerdo de suspender durante un año la concesión de licencias para abrir centros de culto en el polígono de Torremirona, la zona reservada a tal fin en el municipio. En su escrito, reenviado esta mañana a los medios de comunicación por el asesor del CEC, el letrado leridano Pau Simarro, el consejo denuncia que la resolución aprobada ayer con los votos de CiU, PP y dos de los tres ediles de PxC supone una "vulneración flagrante del derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto".

Además, según el consejo, el acuerdo municipal es contrario a la Constitución, a la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y a las leyes ordinarias que regulan los derechos ciudadanos para implantar lugares de culto. El CEC señala asimismo que si se aplica el nuevo acuerdo municipal será imposible abrir nuevos centros de culto en el término municipal de Salt, ya que el Ayuntamiento limitó en el pasado las condiciones de apertura de templos religiosos dentro del casco urbano, "y ahora lo niega también en el polígono industrial".

Por todo ello, el consejo pide al consistorio que no aplique o que suspenda el acuerdo del pleno "para que no sea necesario emprender acciones judiciales contra el Ayuntamiento de Salt por vulneración del derecho de las personas", finaliza el escrito.

Perjudicados

Con la aprobación de esta resolución, la comunidad evangélica Holy Ghost Fellowship Internacional, establecida en Girona, no podrá construir el templo que proyecta en Salt, ya que su proyecto es bastante reciente y todavía no dispone de la necesaria licencia municipal.

De hecho, la resolución no permitiría abrir ningún otro centro de culto en el polígono, excepto el de las entidades musulmanas Al Hilal y Magrebins per la Pau, que obtuvieron el mes de marzo pasado un certificado de compatibilidad urbanística con una vigencia de seis meses, por lo que tienen hasta finales del mes de setiembre para presentar su proyecto.

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