Se acaban los privilegios de la Iglesia en materia hipotecaria y de propiedad. Aunque con trampa. El Consejo de Ministros ha aprobado este mediodía un Proyecto de Ley, que remitirá al Congreso, para reformar la Ley Hipotecaria y, con ello, hacer desaparecer el sistema de inmatriculación por certificación para la Iglesia, norma que regía desde 1998 y que ha permitido a la institución poner a su nombre miles de templos.
La decisión ha sido acogida por normalidad por parte de la Conferencia Episcopal, que ha sido informada de la misma. "La Iglesia no se opone a esta reforma", señala a RD el gerente del Episcopado, Fernando Giménez Barriocanal, quien explica que "parece razonable que el procedimiento que se arbitró para que la iglesia pudiera registrar sus bienes inmemoriales, sobretodo desde que en 1998 se permitió registrar los templos (hasta esa fecha el registro estaba cerrado para registrarlos) concluya en algún momento. Como ya hemos dicho, no queremos privilegios".
En el propio acuerdo, recogido por el Consejo de Ministros, se indica cómo "al integrar y coordinar todos los datos y sistemas de inmatriculación de bienes, se actualiza también la especial situación de la Iglesia católica en este punto. Se homogeneizan los requisitos, de forma que esta institución pasará a equipararse al resto de la sociedad y las inscripciones de su propiedad se trasladan al procedimiento normal de inmatriculación".
"Por diversas razones históricas -continúa el texto del proyecto de Ley- los templos dedicados al culto católico no se consideraron susceptibles de inscripción hasta 1998. El tiempo transcurrido desde entonces y la normalidad con la que esta práctica se ha extendido a toda la sociedad, junto con la existencia de una conciencia del valor de los inmuebles y de la necesidad de inscribirlos, justifican la aplicación general de este procedimiento".
Detrás de la medida, no obstante, se esconde una realidad: entre 1998 y 2014 la Iglesia católica española ha procedido a la inmatriculación de la práctica totalidad de templos, catedrales y monumentos de consideración eclesiástica, desde la Mezquita-Catedral de Córdoba a parroquias de todo el Estado español, pasando por cementerios y campos.
La norma posibilita que, a partir de ahora, cualquier conflicto relativo a inmatriculaciones sea desfavorable para la Iglesia frente a otros colectivos, aunque en la práctica será muy difícil que se haya "escapado" del registro alguna propiedad. La norma, pues, se elimina cuando ya no queda nada que no haya sido inmatriculado en virtud de la legislación que será modificada.
Campanas de la iglesia de Arrieta, inmatriculada por la Iglesia en 2003
