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El Consejo de Europa cree que los recortes del Gobierno degradan los derechos humanos

El Consejo de Europa alerta de que los recortes sociales, en sanidad y educación, han conducido a España a un “preocupante incremento de la pobreza”. Un informe recuerda que España tenía sanidad universal hasta 2012 y lamenta el impacto negat

El Consejo de Europa advierte al Gobierno de Mariano Rajoy de que la política de recortes está provocando una degradación de los derechos humanos de los ciudadanos. Lo hace en las conclusiones del Comisario de Derechos Humanos tras su visita a España el pasado mes de junio. Nils Muižnieks alerta de que los recortes sociales, en sanidad y en educación han conducido a un "preocupante incremento de la pobreza de las familias" e insta a las autoridades españolas "a hacer más por garantizar el respeto de los derechos humanos de los grupos más vulnerables en el contexto de las medidas de austeridad".

El informe muestra una especial preocupación por la situación de los niños, los jóvenes y las personas con discapacidad, para quienes solicita una "protección especial". "España debería asegurar una protección social mínima para todos", expresa.

"El crecimiento de la pobreza infantil tiene un devastador impacto a largo plazo en la infancia y el país", señala Estrasburgo, que considera que han sido "desproporcionalmente" afectados por los recortes hasta el punto de llegar a tener problemas nutricionales e incluso de indigencia. Por ello, el Comisario insta a las autoridades a "adoptar e implementar estrategias más vigorosas y coordinadas para abordar los problemas de raíz de la pobreza infant¡l y prevenirla". En este sentido, celebra que Andalucía destine 120 millones de euros para asegurar que 47.000 menores acceden a la alimentación básica.

El Comisario para los Derechos Humanos critica el impacto negativo que generan los recortes en Educación llevados a cabo en los últimos tres años por ir en detrimento de la "igualdad de oportunidades". También insta al Gobierno de Rajoy a reconsiderar la abolición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y destaca que los contenidos educativos sobre derechos fundamentales son "clave para combatir la intolerancia y desarrollar generaciones de ciudadanos activos y responsables".

"Había sanidad universal hasta 2012"

El Consejo de Europa recuerda que el sistema sanitario era universal en España hasta 2012 y que el departamento que dirige Ana Mato ha eliminado a los inmigrantes en situación irregular del acceso a la sanidad pública. En este sentido se hace eco de las denuncias de organizaciones sociales sobre la denegación de la atención o la tarjeta sanitaria a los hijos de ciudadanos sin papeles. "Esta práctica es contraria al Convenio de los Derechos Infantiles de la ONU", sentencia el escrito.

Igualmente, repasa las medidas en materia de sanidad que perjudican el acceso la salud: "Los recortes masivos en personal médico, en la financiación de los centros de salud públicos y otros servicios de atención primaria, el cierre de los servicios de urgencias y el copago de las medicinas". 

También hace hincapié en los desahucios y su impacto en familias y niños. El informe destaca que se han llevado a cabo casi 400.000 desahucios en cinco años. Estas actuaciones "generan elevados niveles de estrés y afectan negativamente a la vida de los niños, especialmente en su salud y educación". "Cuando los desahucios se llevan a cabo mediante los Cuerpos y Fuerzas de seguridad, suelen ser traumáticos para los menores", señala el informe.

Preocupación por el uso de la fuerza en manifestaciones

La institución europea muestra su preocupación por las denuncias del "uso excesivo de la fuerza, incluyendo los disparos de pelotas de goma", por parte de la policía en las manifestaciones contra los recortes y señala la "frecuente falta de indentificación de los agentes en este tipo de protestas, que ha impedido la persecución y sanción de quien ha perpetrado abusos". "Las autoridades deben mejorar el sistema de identificación, especialmente de los antidisturbios", vuelve a exigir.

Además, insiste en que se debe "combatir y erradicar la impunidad, especialmente si se ha institucionalizado". "El Gobierno debe acabar con la práctica de conceder indultos a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado envueltos en graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo la tortura", sentencia el Comisario antes de solicitar la creación de un sistema de quejas indepentiente y eficaz para denunciar este tipo de acciones.

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