El historial de la despenalización de la eutanasia en el Congreso es un camino de obstáculos, bloqueos y adelantos electorales. La mayoría de las grandes reformas de las dos últimas legislaturas (2016-2019) comparten esta misma suerte, y las causas de su infortunio se repiten en todos los casos (bloqueos en los diferentes órganos del Parlamento, ausencia de consenso en una Cámara dividida y sin claras mayorías, inestabilidad política…)
En esta ocasión, sin embargo, el escenario es completamente distinto. La ley de eutanasia llegará este martes al Congreso más favorable a su aprobación. El cambio en el Parlamento es de tal magnitud que en las dos anteriores legislaturas ni siquiera se negociaba para impulsar la despenalización de la eutanasia, sino que el marco de negociación se situaba en los términos de “abrir el debate”, de ahí el corto recorrido de la norma en la Cámara (especialmente por los bloqueos de PP y Cs).
A falta de que se debata su admisión a trámite, momento en el que los grupos fijarán una posición sobre la iniciativa, parece claro que existe una mayoría parlamentaria que, más allá de las precisiones y enmiendas que quieran introducir, están a favor de despenalizar la eutanasia.
Prácticamente todos los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez mantienen esta posición favorable; una mayoría a la que se podrían sumar los 10 diputados de Ciudadanos, un grupo que tiene su propio historial parlamentario respecto a la eutanasia.
El Grupo Socialista lleva dos años intentando regular esta práctica que, según el texto registrado por los de Sánchez, tiene el objetivo de dar “una buena muerte” a aquellas personas que se encuentran en supuestos excepcionales que revisten extrema gravedad. Hace dos años el PSOE registró una iniciativa para despenalizar la eutanasia y el Pleno del Congreso aprobó su admisión a trámite con el único voto contrario del PP.
Sin embargo, la proposición no pasó de ahí, debido a un bloqueo continuado por parte de los conservadores, con el apoyo necesario de Ciudadanos. Hasta casi en una veintena de ocasiones los dos grupos solicitaron la ampliación del trámite de enmiendas, una herramienta parlamentaria que en los últimos años se ha convertido de facto en una fórmula para bloquear iniciativas.
La ley de eutanasia estuvo a punto de salir del cajón a finales de 2018 gracias a una crisis que atravesaban el PP y Cs. Los de Albert Rivera estaban a punto de lograr la aprobación de una ley de “muerte digna” que regulaba los cuidados paliativos al final de la vida, y necesitaban el apoyo de los socialistas para sacarla adelante en sus últimos trámites.
Cuidados paliativos con la vista puesta en la eutanasia
El PSOE accedió a facilitar su tramitación por dos motivos, estrechamente relacionados: a cambio de que Cs desbloquease su ley de eutanasia, y porque entendían que regular los cuidados paliativos favorecía el escenario de la propia regulación de la eutanasia y creaba un precedente en el debate público e institucional.
Los socialistas permitieron que la ley de muerte digna continuara su tramitación, pero un desacuerdo de última hora motivó que los de Rivera no accedieran, de momento, a desbloquear la ley de eutanasia. En el PSOE entendían que el régimen sancionador que incluía la ley de cuidados paliativos podía invadir competencias de las Comunidades Autónomasy pidieron a Cs que introdujeran una enmienda para modificar el texto, una exigencia a la que se negaron.
Al final, aunque la ley de muerte digna continuó su tramitación, el adelanto electoral del 28 de abril de 2019 dio al traste con la norma cuando se encontraba en el Senado. Después de la discrepancia entre el PSOE y Cs respecto al régimen sancionador, los de Rivera se comprometieron a desbloquear la ley de eutanasia cuando su propia norma viera la luz, ya que entendían que la regulación de los cuidados paliativos ofrecía una solución intermedia entre el sufrimiento de los pacientes y la eutanasia.
Pero con los comicios de abril, esto nunca ocurrió, y ambas leyes se quedaron en el limbo. Durante la pasada legislatura, la fallida, el PSOE volvió a registrar su proposición, y llegó a ser admitida a trámite en la Cámara, esta vez con el voto contrario del PP y de Vox.
Sin embargo, este ciclo político apenas duró unos meses, y se volvieron a celebrar elecciones en noviembre del pasado año. El texto que llegará este martes al Pleno es muy similar al último que registró el Grupo Socialista en la pasada legislatura, aunque tiene algunas modificaciones de carácter técnico.
Además de su despenalización (“no será punible la conducta del médico o médica que con actos necesarios y directos causare o cooperare a la muerte de una persona, cuando esta sufra una enfermedad grave e incurable o enfermedad grave, crónica e invalidante”), se regulan otras cuestiones. Estas prácticas, en los supuestos antes mencionados, serían de financiación pública.
La iniciativa recoge concretamente que “la prestación de ayuda para morir estará incluida en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública”. También se incluyen varias disposiciones que recalcan la necesidad de que el paciente y sus familiares conozcan todo lo relativo al proceso y puedan elegir si acogerse a estas prácticas o no.
El paciente deberá disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos; además, debe rellenar dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas.
“Si el médico o la médica responsable considera que la muerte de la persona solicitante o la pérdida de su capacidad para otorgar el consentimiento informado son inminentes, podrá aceptar cualquier periodo menor que considere apropiado en función de las circunstancias clínicas”, precisa el borrador.
La iniciativa recalca, además, que “la decisión de solicitar la prestación de ayuda para morir ha de ser una decisión autónoma, entendiéndose por tal aquella que está fundamentada en el conocimiento sobre los hechos más relevantes de su proceso médico, después de haber sido informada adecuadamente por el médico o médica responsable”.
En cuanto a los especialistas encargados de llevar a cabo estas prácticas, la norma preserva su derecho a no realizarlas bajo el fundamento de la objeción de conciencia. “Las y los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir tendrán el derecho de ejercer su objeción de conciencia sanitaria”.
Para facilitar la información y la adecuada gestión respecto a la eutanasia, la iniciativa del PSOE propone crear un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia.
