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El Congreso se pronuncia por primera vez sobre la investigación de los abusos a menores en la Iglesia

Desde hace varias semanas, los partidos que sostienen el Gobierno dirimen la vía más efectiva para arrojar luz sobre estos casos, por lo que el sentido del voto de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu a la propuesta de PSOE y PNV aún no está definido a la espera de que la negociación en este sentido llegue a buen puerto.

El Congreso debate este martes una proposición no de ley de PSOE y PNVpara que sea el Defensor del Pueblo quien lidere la investigación de los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia, una iniciativa diferente a la registrada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para abrir una comisión de investigación en el Congreso.

Desde hace varias semanas, los partidos que sostienen el Gobierno dirimen la vía más efectiva para arrojar luz sobre estos casos (innumerables al no existir registro oficial de víctimas), por lo que el sentido del voto del espacio confederal, así como el de ERC y EH Bildu, aún no está definido a la espera de que la negociación en este sentido llegue a buen puerto.

No obstante, una cosa hay clara: el hemiciclo se pronunciará por primera vez sobre este asunto. Y lo hace a pesar de que en los últimos años ha habido varios momentos álgidos en los que las víctimas han decidido romper su silencio y denunciar estos hechos en público. Denuncias que, por otra parte, se han visto casi reducidas al ámbito periodístico.

Así lo resumió Miguel Hurtado, víctima de la pederastia clerical, en una entrevista en Público: “La primera ola de pederastia clerical en España sucedió en 2016, cuando Manuel Barbero destapó el escándalo de pederastia en las escuelas Maristas de Barcelona. Yo mismo denuncié abusos en la Abadía de Montserrat en 2019. Durante seis años, los partidos políticos, y esto incluye a todo el arco parlamentario, se han negado a investigar los hechos. Parece que solo han reaccionado cuando el problema les ha estallado en la cara. Desde un punto de vista pragmático, esta demora sería hasta perdonable, si hicieran propósito de enmienda y se comprometieran a hacer una investigación rigurosa que llegue hasta el final. Más vale tarde que nunca”.

Para poner fin a esta deuda pendiente con las víctimas, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu registraron a finales de enero de este año la petición de creación de una comisión de investigación sobre los abusos a menores por parte de la Iglesia católica. 

Dos semanas después, el PSOE presentó en el Congreso una propuesta en la misma dirección, pero con otro formato: una comisión a puerta cerrada liderada por el Defensor del pueblo y que cuente con la participación de Iglesia, institución que ha mantenido el velo de estos casos durante décadas. Asimismo, el PNV se sumó más tarde a la iniciativa que este martes se debate en el hemiciclo, lo que obliga al resto de fuerzas a pronunciarse por primera vez.

En esta línea, con el ánimo de dar cumplimiento al mandato expresado por las diferentes asociaciones de víctimas para que haya unanimidad en la respuesta a sus demandas, los socios del PSOE han movido ficha para llegar a un punto de encuentro y remar todos en la misma dirección, según sostienen fuentes del grupo confederal.

Así, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han planteado una enmienda al PSOE para que se avenga a “aprobar el régimen jurídico de una Comisión de la Verdad, que operaría como organismo jurídico independiente, de carácter temporal, cuyo único cometido sea realizar la investigación de las denuncias” por abusos y agresiones sexuales ocurridas en España en el ámbito de la Iglesia católica, así como de aquellas de las que puedan haber sido responsables integrantes de la misma, el papel de los poderes públicos, la reparación de las víctimas, y la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales sobre niños, niñas y adolescentes.

Esto es, al margen de que el Congreso encomiende al Defensor del Pueblo la constitución de una comisión independiente formada por personas expertas y presidida por él, “con el encargo de elaborar un informe en el plazo de seis meses” (la propuesta de los socialistas y nacionalistas vascos no delimita el plazo de la investigación), estos grupos quieren arrancar un compromiso expreso para la creación posterior de una Comisión de la Verdad que obligue a la Iglesia a cooperar, como ocurre en otros países.

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