El Congreso se plantea por primera vez la despenalización de la eutanasia

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado hoy el primer paso para iniciar la despenalización de la eutanasia, gracias al apoyo expresado por la mayor parte de los grupos a la proposición de ley del Parlamento de Cataluña que pide la reforma del Código Penal en este sentido.

Todos los grupos, excepto el PP y UPN, que se han mostrado en contra, y Ciudadanos, que se abstendrá según han confirmado a Efe fuentes del partido, han adelantado su posición favorable a esta iniciativa, la cual, no obstante, será votada por el pleno de la Cámara Baja el próximo jueves.

La propuesta aprobada por el Parlamento de Cataluña, que se ha debatido hoy en el Congreso, solicita la reforma del artículo 143.4 del Código Penal para despenalizar la eutanasia y la ayuda al suicidio, así como exonerar de responsabilidad penal a quien ayude a morir a una persona con una enfermedad terminal o incurable que le provoca sufrimiento físico o psíquico grave.

Actualmente, el Código Penal contempla penas de prisión de entre 4 y 8 años para «quien induzca al suicidio de otro» y a penas de entre 2 y 5 para quien coopere con «actos necesarios al suicidio de una persona». También establece que será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años, si la cooperación llegara hasta el punto de causar la muerte.

Pese a haber mostrado su apoyo a la iniciativa, la diputada del PSOE Lìdia Guinar ha incidido en la importancia de que ésta vaya acompañada de una regulación de la eutanasia como la recogida en la proposición de ley que los socialistas presentaron la semana pasada.

En este sentido, ha confiado en que la propuesta del PSOE será la ley reguladora de la eutanasia en España, porque es lo «más conveniente y adecuado».

Menciones al doctor Luis Montes

El debate, en el que varios diputados han recordado la figura del doctor Luis Montes, recientemente fallecido y quien luchó por elegir libre y legalmente el momento y los medios para morir, ha comenzado con la defensa de la propuesta por parte de tres diputadas del Parlamento catalán.

Alba Vergès i Bosch (ERC) ha destacado que ha habido un cambio en la perspectiva social de la eutanasia, ya que cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad, y que «hoy el miedo a sufrir de forma insoportable pesa más que el tabú del miedo a la muerte».

Por su parte, Marta Rivas Frias (En Comú Podem) ha subrayado que despenalizar y regular la eutanasia y el suicidio asistido «no le va a restar derechos a nadie» que quiera morir cuando la naturaleza lo marque y no haya una alternativa médica.

La diputada del PSC Assumpta Escarp ha recordado que desde 1994 el Congreso ha debatido hasta en 16 ocasiones la regulación de la eutanasia y el Parlamento catalán, tres, y ha defendido «dignificar» el proceso de la muerte.

El rechazo del PP: «Nadie se quiere morir»

A través de Pilar Cortés, el PP ha reiterado su rechazo a la despenalización de la eutanasia, porque, entre otras cosas, no está recogida en la Constitución, no pertenece a la medicina y va en contra del ser médico.

«El paciente no quiere morir, nadie se quiere morir. Lo que quiere el paciente es vivir sin sufrimiento y dolor», ha argumentado.

Tampoco ha secundado la propuesta Ciudadanos, que se abstendrá el próximo jueves y que en boca de su diputado Francisco Igea ha abogado por una ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, como la que se encuentra en fase de ponencia en el Congreso a iniciativa de su partido.

Además, ha asegurado que esta iniciativa sólo protege a quienes practican la eutanasia, pero se olvida de los pacientes que sufren, y ha insistido en que esta reforma propuesta necesita un marco regulatorio.

«Anomalía democrática»

Marta Sibina, de Unidos-Podemos, ha pedido a Ciudadanos que no se ponga de perfil ante este asunto y ha abundado en que ahora toca al Congreso «estar a la altura» y «poner punto y final a una anomalía democrática» como es la penalización de la eutanasia.

El diputado del PNV Joseba Aguirretxea ha considerado que debe darse el paso de la despenalización del suicidio asistido con «muchísima seriedad y cautela», ya que no se puede castigar a los que ayudan a morir a una persona que así lo desea, «porque no puede vivir», al tiempo que ha apostado por legislar la eutanasia.

Desde ERC, Ester Capella ha defendido que el Estado debe garantizar la vida, pero no puede imponer vivir en todas las circunstancias.

Tanto el PDeCAT como Compromís apoyarán la iniciativa, mientas que UPN votará en contra.


La mayoría de Cámara apoya la iniciativa con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos

El País

El pleno del Congreso debatió este martes la toma en consideración una proposición de ley del Parlament de Cataluña para reformar el Código Penal y despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido, aunque la votación no se hará hasta este jueves. La iniciativa será apoyada por la mayoría de la oposición en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. Con todo, el camino de la tramitación de esta práctica puede ser, además de largo, tortuoso.

Hasta 16 intentos anteriores de regular la eutanasia y el suicidio asistido en el Congreso ha contado la diputada del PSC Assumpta Escarp, pero siempre eran rechazados a las primeras de cambio. Esta vez la minoría del PP va a permitir que, por lo menos, se debata. Escarp, diputada en el Parlament con Alba Vergés (ERC) y Marta Ribas (Catalunya En Comú Podem), se desplazaron a Madrid para defender la propuesta.

La iniciativa llega por una proposición de ley aprobada por el Parlament en julio de 2017 para modificar el Código Penal que establece que “quedará exento de responsabilidad penal” quien cause los actos necesarios para “la muerte segura, pacífica y sin dolor” de una persona que padezca “una enfermedad grave que le conducirá necesariamente a la muerte o una patología incurable que le provoca un sufrimiento físico o psíquico grave y que se prevé que sea permanente”.

Y añade: “Dentro del marco legal establecido”. Y es aquí donde se da la conjunción con la proposición de ley que ha presentado el PSOE el 3 de mayo y que, además del cambio en el Código Penal, establece las condiciones como quién puede pedir la eutanasia o ayuda médica para suicidarse, cómo tiene que hacerlo y de qué manera se controlará el proceso.

Ha sido el cambio del PSOE, que hace 15 meses se abstuvo en una votación de la propuesta de IU Podemos para legalizar estas prácticas, la que ha permitido que la Cámara vaya a debatir por primera vez el detalle de estas regulaciones. Marta Sibina Camps, del grupo de Iglesias, se encargó de criticar la pérdida de tiempo al rechazar su iniciativa, que tiene las líneas generales muy parecidas a la del PSOE —ella dijo que eran casi calcadas—. “En este tiempo ha habido gente sufriendo”, reprochó.

Los argumentos a favor de la propuesta de ERC, PNV, PSOE, IU-Podemos y PDeCAT coincidieron en defender el derecho a decidir por parte de una persona sobre su final. “La vida impuesta contra la voluntad nunca puede ser un bien jurídicamente protegido”, resaltó Ester Capella, de ERC. “El Estado no puede imponer vivir contra la libertad de su titular”, añadió.

Aparte de menciones a Luis Montes, el médico fallecido el 19 de abril que abanderó la lucha por la muerte digna y la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) —varios de cuyos miembros estaban en la tribuna de invitados—, las mayores apelaciones de los portavoces fueron a Ciudadanos. Ya en septiembre de 2015, un representante del partido, Daniel Álvarez, en un debate organizado por DMD, manifestó su indefinición al respecto. Este martes, su portavoz, Francisco Igea, volvió a confirmar su abstención al respecto. A cambio, Igea se escudó en que ya se está tramitando en el Congreso una ley centrada en los cuidados paliativos.

Esta misma propuesta fue la que utilizó la representante del PP, Pilar Cortés, como alternativa. “Nadie se quiere morir. Los cuidados paliativos son la respuesta de la medicina” en estas situaciones, dijo, y señaló que lo profesionales no querrán participar en el proceso. “La eutanasia va contra ser médico”, dijo.

Oposición de la Iglesia

El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, aseguró en su cuenta de Twitter que “la proposición de ley del PSOE sobre la eutanasia es todo un monumento a la insolidaridad y al descarte humano, que promueve un falso derecho y un corredor de la muerte voluntario”.

El 84% de los españoles está a favor de una regulación de la eutanasia, según datos de Metroscopia de marzo de 2017 (un 66% de apoyo entre los votantes del PP). El CIS, no consulta sobre este asunto desde 2009. Entonces, el 80,5% estaba seguro o casi seguro de que está bien que los médicos pongan fin a la vida de una persona en fase terminal con grandes sufrimientos si así lo pide el afectado.

La situación del debate de la muerte digna

El suicidio médicamente asistido. Consiste en que un profesional sanitario indica al paciente qué debe tomar para acabar con su vida en determinadas circunstancias. Lo permite Suiza.

La eutanasia. Un equipo médico administra fármacos a una persona que está en estado de sufrimiento grave y sin retorno para quitarle la vida. Lo permiten Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y partes de EE UU.

Legislación actual. El Código Penal castiga en su articulo 143 la cooperación necesaria para el suicidio. La eutanasia se considera homicidio.

La propuesta del Parlament. Se trata de despenalizar la cooperación necesaria para que una persona se quite la vida, o se la quiten con su consentimiento.

La propuesta del PSOE. Además de la despenalización, se establece quién, cómo y con qué controles se aplicarán la eutanasia o la asistencia al suicidio.

La propuesta de Ciudadanos. Se centra en asegurar los cuidados paliativos, con aspectos como el derecho a la información, decidir sobre tratamientos y a morir en habitaciones individuales.

La sedación terminal. Es ya legal. Se trata de dar tratamiento a una persona al final de su vida para eliminar el sufrimiento (ahogos, dolor, demencia) aunque con ello se acorte su vida.

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