Tras la celebración del 37 Congreso Federal del PSOE muchas personas se han mostrado decepcionadas, en lo que a propuestas relacionadas con el laicismo se refiere. Sin embargo, existían numerosos antecedentes que no permitían abrigar demasiadas esperanzas. Como nos sucede a menudo a las personas inmersas en los procesos sociales, quizás han vuelto a confundir sus deseos con la realidad. Y la realidad de los acontecimientos es muy terca. A continuación señalaré algunos de los hitos más recientes:
1.- En el tercer trimestre de 2006, cuando se preparaba renegociar la financiación de los sueldos de obispos, curas y monjas católicos a cargo del IRPF, la Vicepresidenta De la Vega anticipó el mensaje de que la Iglesia católica (Ic, en adelante) debía ir pensando en autofinanciarse, como los propios Acuerdos con el Vaticano, firmados en 1979, estipulaban. Pero todo era humo. Unos meses más tarde se renovó la financiación de la Ic a cargo de todos los españoles, fueran o no católicos, se perdonó una deuda acumulada de varios cientos de millones de euros, contraída como consecuencia de obligaciones establecidas en los propios Acuerdos de 1979 y se mantuvo intacta toda la privilegiada estructura financiera de exenciones y bonificaciones de que goza la Ic desde 1979.
2.- Ante el verdadero escándalo social que supone la imposibilidad práctica de realizar interrupciones de embarazo en la sanidad pública, a pesar de que así lo establece la Ley de 1985, el PSOE introdujo en el programa electoral de 2004 la elaboración de una Ley de Plazos. Tras incumplir dicho compromiso, y a pesar de la ofensiva de los grupos antiabortistas católicos, con agresiones a clínicas incluidas, el presidente Rodríguez Zapatero “zanjó” el debate de modo tajante, en diciembre de 2007, asegurando que no se incluiría en el programa electoral y que se iniciaría una “reflexión”. Se adujo entonces que había que pulsar más a fondo la opinión pública y luego “madurar la decisión en la sociedad para evitar una polémica y una división social.”
El propio Vicesecretario General del partido socialista reconoce que intuían que “no tendríamos, solos, la fuerza suficiente para poder llevarlo a la práctica.” Pocos meses después, la sociedad debió madurarlo y el PSOE se debió sentir con fuerza suficiente, porque la elaboración de una ley de plazos fue incluida entre los compromisos políticos del 37 Congreso.
3.- Ante la profusión de funerales católicos de Estado y de símbolos confesionales (biblias, crucifijos) en las tomas de posesión ministeriales, impropias de un Estado que se autodefine como aconfesional, en mayo de 2008 Izquierda Unida y el Grupo Mixto presentaron sendas proposiciones no de ley para eliminar la Biblia y el crucifijo de las tomas de posesión de los ministros, así como para revisar los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, respectivamente.
A pesar de que el propio secretario del Grupo Parlamentario Socialista, Ramón Jáuregui, afirmó durante el debate que “el crucifijo está de más”, su grupo votó en contra de ambas proposiciones, uniendo su voto al PP y a CIU. El sorprendente razonamiento de Jáuregui para justificar la negativa de su grupo fue que “la supresión de símbolos religiosos en actos institucionales debe producirse como consecuencia de la práctica y la evolución social y protocolaria, pero no mediante prohibiciones legales que no tienen sentido.”
No sólo resulta contrario a la Constitución dicho alegato, pues en ella se establece la separación de la religión y el Estado y, por tanto, la necesidad de no confundir sus respectivos símbolos, rituales y prácticas, sino que de aplicarse el criterio de “la práctica y la evolución social” probablemente no estaría reconocido aún el matrimonio entre personas homosexuales o no existiría la Ley de igualdad de género. Yéndonos aún más atrás, podríamos preguntarnos si se daban estas condiciones (o lo que entienda el PSOE por tal) cuando se abordó la despenalización del aborto en 1985.
La falsedad de este argumento oculta dos certidumbres:
a) Todo depende de la fuerza del movimiento social que esté detrás de la reivindicación y de su permeabilidad en el seno del partido socialista, y el movimiento homosexual tiene una gran influencia social y evidentes conexiones y simpatías en el seno del partido.
b) Es necesario que exista voluntad política para traducir en normas legales dichas reivindicaciones, y en el caso de la legalización del matrimonio homosexual ha existido dicha voluntad política.
4.- Ya en el contexto del 37 Congreso, la propia propuesta elaborada por la dirección, en su avance en la “laicidad del Estado”, para retirar los símbolos religiosos de los espacios públicos y suprimir los funerales de Estado de carácter confesional fue corregida “personalmente” por Rodríguez Zapatero: admitió lo primero, descafeinando la expresión “espacios públicos” por “edificios públicos” y tachó la supresión relativa a los funerales de Estado. Asimismo, fueron rechazadas sendas enmiendas de Izquierda Socialista que proponían la elaboración de un Estatuto de Laicidad, que regulara pautas aconfesionales de relación entre las instituciones públicas, representantes políticos y cargos públicos por un lado, y las confesiones religiosas, por otro, así como la revisión de los Acuerdos con el Vaticano.
Los argumentos resultan familiares: deben hacerse los cambios “de acuerdo con el sentir general de la ciudadanía, porque no es propósito de los socialistas actuar por imperativo legal, sino dirigir y acompañar esta evolución de la sociedad”. Bajo este argumento de corte sociológico se enmascara una evidente ausencia de voluntad política. La sociedad se expresa a través de múltiples partidos políticos y movimientos sociales. Pero en el 37 Congreso los laicistas esperábamos que el PSOE nos explicara sus objetivos y propuestas, no que nos remitiera “al sentir general de la ciudadanía”. Este argumento circular es puramente evasivo en lo referente a las propuestas realizadas, que no han sido contempladas.
Bastan estos cuatro antecedentes para situar, de manera realista, lo que se puede esperar en materia de laicismo del PSOE en el momento presente. Dejo para más adelante las reflexiones de índole política y social sobre estos asuntos.
Pero ¿qué es en realidad lo que se ha aprobado en el 37 Congreso del PSOE en relación con el laicismo?
Dando un paso más en el sentido del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y en relación con la interrupción del embarazo, por fin se compromete a “apoyar la revisión y elaboración de una nueva ley que recoja las experiencias más innovadoras de las leyes europeas de indicaciones y plazos.” Resulta sorprendente que una sociedad que no parecía madura para este compromiso político en diciembre de 2007 (programa electoral) lo estuviera para impulsar esta Resolución en el 37 Congreso, pocos meses más tarde. Sin embargo, la despenalización de la eutanasia, o más exactamente su legalización, en el contexto del derecho a una muerte digna, no parece estar aún “de acuerdo con el sentir general de la ciudadanía”. Claro está que ello no debe desanimarnos habida cuenta de que el Secretario General del PSOE, en diciembre de 2007, “zanjó” el debate sobre una nueva ley de plazos no incluyendo ninguna propuesta en el programa electoral, y proponiendo simplemente “abrir una reflexión para la próxima legislatura.”
En el específico apartado titulado “Más laicidad para una mejor convivencia” (¿por que no más laicismo?), podríamos distinguir una parte puramente retórico-informativa (qué hemos hecho hasta ahora y retos pendientes) y otra parte que abarca los compromisos.
En cuanto a la primera parte debo empezar afirmando que un reto pendiente, que no compromiso, es “el desafío de crear una cultura pública laica”. Un partido político que tiene el laicismo entre sus señas de identidad, debería considerar como un objetivo prioritario la creación y difusión de una cultura pública laica basada en la igualdad de las diferentes creencias, religiosas o no. Hasta ahora no ha existido ninguna política específica del partido socialista en esta dirección.
Inquieta, no obstante, el que se incida en el mismo sentido iniciado por la Ley de Libertad Religiosa, apuntando como reto consolidar las relaciones de cooperación con las diferentes confesiones religiosas. Una vez más. El ámbito de la cooperación con el Estado debe estar basado en el ejercicio (derecho) de libertad de conciencia, de tal manera que “cooperar” debería significar hacer posible la igualdad y la libertad en el ejercicio de sus derechos constitucionales. Ir más allá, como sucede en la actualidad, es confesionalismo rampante.
Así pues, el reto de la “cooperación”, tal y como se configura en la actualidad, es completamente ajeno al laicismo y apunta directamente contra él. Especialmente si esta cooperación se arbitra a través de acuerdos bilaterales internacionales (Concordato, aún vigente, y Acuerdos de 1979) o leyes de libertad religiosa que desconocen la existencia de creencias de naturaleza no religiosa.
En el apartado de avances conseguidos, destaca por su contenido específicamente laico el reconocimiento del matrimonio homosexual, y debo reconocer no como avances sino como evidentes retrocesos:
a) La solidificación, con carácter permanente, de un acuerdo con la enseñanza concertada católica, lo que significa el abandono definitivo de algo tan necesario para nuestra joven democracia como el desarrollo de una moderna escuela pública laica. El planteamiento, sin duda, es un juego de suma cero: cada paso a favor de la enseñanza concertada católica representa un paso atrás para la enseñanza pública.
La formación de millones de escolares en centros concertados religiosos garantiza la transmisión ideológica y cultural de los contenidos católicos, especialmente, con cargo a los presupuestos estatales. Ésta es la gran palanca del poder ideológico de la Iglesia católica en España y la base de su potente presencia en la sociedad.
b) Se perpetúa el pago de los salarios de obispos, curas y monjas a cargo del erario público y, por tanto, a cuenta de tod@s l@s español@s. Asimismo, se les perdona una cantidad superior a varios cientos de millones de euros que debían haber reintegrado al Estado, merced a lo estipulado en los propios Acuerdos de 1979. El propio Álvaro Cuesta, diputado del PSOE, reconocía que era un asunto que de haberse llevado al Constitucional se hubiera ganado. Es indudable que esta condonación formó parte del acuerdo sellado entre el Estado y la Conferencia Episcopal a finales de 2006. Por lo tanto, en este asunto, sólo se puede hablar de franco retroceso.
c) Por último, mantener que “la creación e impulso de la Fundación Pluralismo y Convivencia para la financiación de actividades de las confesiones religiosas llamadas minoritarias” es un avance en la dirección de una sociedad laica es un sarcasmo. Si acaso es un tenue intento de reconfigurar (o reequilibrar) las relaciones interreligiosas en España, concediendo una pequeña parte adicional de la “tarta” a las religiones minoritarias. De esta forma “compran” su silencio y su encaje en un sistema que sigue dotando de privilegios exorbitantes a la Ic. Y de paso se alejan de la pretendida aconfesionalidad constitucional y se invisibiliza a todas las creencias no religiosas.
En el apartado de los compromisos figura, en un lugar preeminente, “apoyar la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa” (LOLR, en adelante). Si se considera tan importante su reforma (y los laicistas consideramos fundamental su derogación y sustitución por una ley de libertad de conciencia) no se explica que no se plantee nítidamente impulsar su reforma y no tan sólo “apoyar”. Pero dejando aparte los aspectos semánticos (o no tan semánticos), llama la atención que sólo se muestre preocupación, una vez más, por las creencias de naturaleza religiosa: necesidad de “nuevos pasos en la regulación del derecho de libertad religiosa”; “pluralismo de opciones ante lo religioso”; regular los derechos en el ejercicio de las “libertades de conciencia, de asociación, de expresión, etc., en lo que afecta a la pertenencia a comunidades religiosas”; “nuevos criterios para la colaboración de las confesiones religiosas con las Administraciones Públicas”.
Sorprende que estas intenciones se enmarquen en la voluntad de dar un “trato igualitario para todas (las confesiones religiosas), sin privilegios confesionales”. Entonces ¿qué piensa proponer el PSOE para acabar con los privilegios de la Ic? Como sobre esto nada se dice, debemos interpretar que el trato igualitario pasa por elevar a las demás confesiones hacia el nivel de los privilegios católicos, a muy largo plazo, claro está. Así pues, debemos esperar que el modelo “aconfesional” que el PSOE ofrece a la sociedad española es: más acuerdos con las diferentes confesiones religiosas (¿por qué no acuerdos internacionales?); más casillas en el impreso del IRPF para todas ellas; más exenciones y bonificaciones fiscales; más oferta obligatoria de religiones en la escuela pública; más dinero público a conciertos educativos privados con otras religiones; más adoctrinadores religiosos en la escuela pública, pagados con el dinero de tod@s l@s español@s; más dinero público para mantener todos los templos religiosos; más medios de comunicación religiosos subvencionados por el erario público. Esta es la dirección que prefigura la actual propuesta de modificación de la LOLR, en sentido diametralmente opuesto a la aconfesionalidad establecida por la Constitución. ¿Así se “profundiza en la separación entre el Estado y las confesiones religiosas”?
Que en este contexto el 37 Congreso se plantee abordar “la desaparición progresiva de símbolos y liturgias religiosas en los edificios públicos y en los actos oficiales del Estado” deja tan amplísimo margen para la interpretación, que resulta imposible adivinar cuál será su concreción en la práctica.
Un último comentario sobre este asunto: el PSOE no debería temer reconocer los privilegios actualmente existentes para la Ic, por lo que en vez de referirse a “símbolos y liturgias religiosas”, debería especificar que se refiere a símbolos católicos y liturgias católicas, exclusivamente.
Desde un análisis estrictamente laicista, la LOLR, de 1980, convertía en invisibles las creencias no religiosas, garantizando sólo el derecho a la libertad religiosa y de culto. Anulaba así de un plumazo, las creencias y convicciones no religiosas, reconocidas en plano de igualdad con las religiosas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948. Se establecía, asimismo, un Registro de Entidades Religiosas (RER) que resultaba obligatorio para todas las religiones, menos para la católica. Además, se creaba la categoría de “notorio arraigo”, para discriminar entre religiones de segunda y tercera categoría (la primera categoría la ocupaba la religión católica, por supuesto).
De esta forma, las religiones “de notorio arraigo”, tras la firma de un convenio con el Estado, reciben también financiación pública y se benefician de ciertas exenciones fiscales. En definitiva se trataba de repartir unas “migajas” (en comparación con lo recibido por la Ic), creando la ficción de una cierta igualdad de trato interreligiosa.
Así pues, desde el principio de igualdad y de no discriminación entre l@s ciudadan@s que propugna nuestra Constitución, la LOLR es una ley que debe ser derogada, por discriminatoria e injusta, y substituida por una ley de libertad de conciencia, que reconozca expresamente el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, como establece el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre esta materia ratificados por España. Asimismo, se debería trasladar esta interpretación a los artículos 522 a 525 del Código Penal, para eliminar delitos como el de “blasfemia”, pues lo que debe ser protegido son las personas, tomadas individualmente, y no las convicciones. Y, consecuentemente, se debería regular el derecho de libertad de conciencia, sin discriminar entre las creencias de naturaleza religiosa y las no religiosas, dotando a ambas de un estatuto equivalente, como corresponde a lo establecido en la Constitución.
A la vista de los antecedentes expuestos y de la literalidad de las Resoluciones en materia de laicismo, cabría realizar las siguientes reflexiones:
A) Con demasiada frecuencia se interpretan los titubeos del PSOE, o los francos retrocesos en esta materia, como producto del miedo. La influencia y los privilegios de la Ic en la sociedad española actual es de tal calibre que permitiría justificar todo tipo de prevenciones ante la inminencia de procesos electorales, con la consiguiente probabilidad de pérdida de influencia política. Más aún, conociendo la capacidad de la jerarquía católica para movilizar sus organizaciones de masas, azuzadas por sus intelectuales orgánicos y sus potentes medios de comunicación. No obstante, las personas que trabajamos por el laicismo en España debemos profundizar en el análisis de las raíces del bajo compromiso del PSOE con las ideas laicas.
A mi modo de ver la causa principal de este comportamiento se encuentra en el seno del propio partido y en muchos de sus propios militantes y cargos públicos (los de mayor influencia política). En el 37 Congreso, el alcalde de Santiago, hoy en la Ejecutiva del partido, defendió la cristiana y milenaria tradición de la ofrenda, en nombre del Rey, al Apóstol Santiago; el alcalde de Lugo hizo lo propio con el Corpus. Fuera ya del Congreso, el alcalde de A Coruña presidía, con el arzobispo de Santiago, la inauguración de una estatua de la Virgen del Carmen, en pleno centro de la ciudad; por los mismos motivos se defiende la asistencia a la procesión del Cristo de la Victoria en Vigo, el voto de la Virgen del Rosario en A Coruña o la ofrenda a la Virgen del Pilar, en Zaragoza, entre otras muchas manifestaciones por el estilo.
A estas alturas no hace falta aclarar que el laicismo no es contrario a este tipo de manifestaciones. Lo que resulta inaceptable es que responsables políticos de todos los niveles de la Administración se involucren en todo tipo de manifestaciones confesionales católicas. ¿Dónde queda el mandato constitucional de que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”? ¿Dónde el respeto a la libertad de conciencia de las personas que no tienen creencias religiosas o, aún teniéndolas, no son católicas?
Es cierto que, como afirma algún tratadista próximo al PSOE, este partido es uno de los pocos de la izquierda europea sin una política específica hacia el mundo católico. Al menos explícitamente. Y es una carencia que no la tenga. Pero más visible, en una supuesta España aconfesional y laica, es su carencia de una política laicista como partido y, por tanto, su escaso compromiso con las ideas laicas. Y ello es consecuencia del predominio confesional católico entre sus militantes y del decisivo peso del universo católico en el seno del partido, que dirige tanto el sentido de sus decisiones como los significados de las mismas.
Es probable que de ahí proceda su baja sensibilidad acerca de las cuestiones capitales del laicismo en España: Rodríguez Zapatero manifiesta que para qué tocar los Acuerdos con el Vaticano si hasta ahora han funcionado “razonablemente bien”; el alcalde de Santiago, ya en la Ejecutiva Federal del PSOE, no percibe “que la sociedad demande más laicismo”; tenemos un embajador ante la Santa Sede que parece, más bien, el embajador del Vaticano en España; el alcalde de Zaragoza ruega a sus concejales la asistencia a misa y procesión del Corpus; e igualmente hacen el alcalde de Toledo y el presidente de Castilla La Mancha, todos socialistas.
B) Es cierto que el PSOE ha impulsado medidas legislativas en materia de igualdad o de reconocimiento de los derechos homosexuales, así como parece que lo hará en relación con derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que deberá hacerlo con la eutanasia. Pero estas medidas se benefician de las sucesivas oleadas secularizadoras de los últimos 40 años, al socaire de un sistema económico que globaliza tanto la riqueza y la pobreza como los comportamientos sociales y la evolución de las costumbres.
Si bien este proceso secularizador provoca la pérdida de relevancia social e influencia de la Iglesia católica en la vida pública y ayuda a ir desdibujando su tutela moral sobre los ciudadanos, no es menos cierto que el intento de frenar dicho proceso conduce a la jerarquía católica a concentrar sus esfuerzos en dos aspectos esenciales: la enseñanza y la financiación de sus actividades y estructuras. Sin estos dos pilares la Ic no podría disfrutar de los actuales privilegios y estaríamos en condiciones de recorrer una senda auténticamente aconfesional, en un marco de igualdad y de libertad de conciencia. Podríamos recorrer un camino que nos dirigiera hacia un auténtico Estado laico.
Pero las dos claves de bóveda que mantienen en pie la enseñanza y la financiación católicas son los Acuerdos de 1979 con el Vaticano (Concordato) y la LOLR. Mientras sigan existiendo ambas regulaciones, no sólo resultará imposible avanzar hacia un Estado laico, sino que cada vez nos veremos más lejos de dicho objetivo. La prueba es que la maraña legislativa y jurisprudencial que se ha derivado de ambas normas hace materialmente imposible apear a la Ic de sus privilegios, hoy más firmemente asentados que en 1979, cuando el horizonte hacia un Estado laico aparecía despejado con la Constitución recién aprobada.
Para la jerarquía católica las leyes secularizadoras que elaboran los gobiernos del PSOE son importantes, por la influencia que ejercen sobre las pretensiones de la religión como metarrelato legitimador del todo, lo que implica menor influencia social y cultural. Por eso la existencia de los Acuerdos de 1979 y la LOLR son, para la Iglesia católica, esenciales porque: a través de ellos mantiene su potente aparato de adoctrinamiento y propaganda aposentado en la enseñanza pública y concertada, consigue financiación estatal para sus actividades, sus infraestructuras y sus activistas y permite recordar permanentemente, a toda la sociedad española, que tiene reconocido un estatuto jurídico-civil privilegiado, tanto para la Ic como para sus instituciones eclesiásticas. De ahí, que todo lo que no sea la derogación de estas normas nos aleja, cada vez más, no sólo de la posibilidad de un Estado laico, sino de la estricta aconfesionalidad, y nos aproxima a un Estado pluriconfesional.
C) Otra reflexión pertinente al hilo del 37 Congreso es que el peso de las ideas laicistas en la sociedad española actual es muy bajo, así como en el seno del propio PSOE, que no es más que un reflejo de aquélla. Todo ello sin dejar de reconocer que la realidad social de 2008 no puede compararse con la de hace 30 años, debido al proceso secularizador al que antes aludía, que ha provocado una mayor diversificación en el “mercado” de las creencias. Fruto de este proceso ha sido el fuerte incremento de las personas con creencias ateas desde la década de los 90 y, en menor medida, de los agnósticos e indiferentes.
Esto no significa que pueda deducirse un crecimiento potencial relevante del activismo laicista a corto plazo. Es más, en términos estrictos, no puede hablarse actualmente de que exista un movimiento laicista en España; más bien lo que existe es un pequeño número de grupos laicos en algunas ciudades (Granada, Cáceres, Valladolid, Segovia, Zaragoza, Cullera, Rivas Vaciamadrid y otras) que están intentando empezar a coordinarse bajo el paraguas de Europa laica, diversificando su campo de atención más allá del importantísimo asunto de “la religión en la escuela”.
Así pues, conviene situar el punto de partida con realismo, para no dar lugar a pensamientos circulares pesimistas (somos poc@s, por eso no podemos hacer nada; no podemos hacer nada porque somos poc@s), o a expectativas poco razonables, impulsadas exclusivamente por nuestros deseos. Este proceso “enmascarador” de la realidad sólo puede provocar pesimismo que, a su vez, tenderá a seguir alejándonos de la realidad paulatinamente. De manera que debemos tener claro que cuando decimos, a pesar del camino recorrido, que “la lucha por el laicismo no ha hecho más que empezar”, lo decimos plenamente convencid@s.
D) Resulta muy significativo el claro descenso, en las dos últimas décadas, de las personas que se declaran católicas en España. No obstante, este descenso se reparte muy desigualmente según que afecte a las prácticas confesionales y creencias (misa, oración, fuerte descenso) o a determinadas prácticas más relacionadas con la tradición y la cultura (procesiones, romerías, se mantienen).
A pesar de ello, la mayoría de las personas que se definen como católicas no parecen estar controladas por la Ic, en lo referente a sus opiniones y comportamientos. Más bien parecen individuos plurales, con una variedad de campos de atención diversos que se activarían en función de la pluralidad de contextos en que se van situando. De ahí que los análisis sociológicos evidencien que la salud, la familia, el trabajo, los amigos o el bienestar económico tienen más importancia, para los españoles, que la religión. Asimismo, dichos análisis muestran cómo la sociedad española es claramente contraria a la intervención de las autoridades religiosas en asuntos políticos, lo que permite deducir que conciben una clara separación entre la esfera política y la religiosa.
Lo dicho anteriormente nos debe permitir tener en cuenta la existencia de un numeroso contingente de católic@s sincera y consecuentemente laic@s, dispuest@s a recorrer el camino que acabe con los privilegios de la Ic, situando a todas las creencias, religiosas o no, en pie de igualdad, y manifestándose especialmente en contra de los Acuerdos de 1979 y la LOLR.
E) Llama poderosamente la atención el hecho de que cerca del 50 % de los jóvenes entre 15 y 25 años se considere ateo, agnóstico o indiferente. Lo cual no significa que deban mostrar ningún interés por la problemática del laicista. Más bien, apenas existe compromiso de los jóvenes españoles con dicha actividad. Y sigue siendo la gran asignatura pendiente en el campo del laicismo.
Si la oleada secularizadora de los años 60 del siglo pasado llevó a un número importante de jóvenes a luchar contra una religión institucional que se les imponía (la católica) en los ámbitos de la cultura, de la enseñanza y de las costumbres, la oleada secularizadora de los años 90 afectó a un@s jóvenes cuya socialización se produjo al margen de las instituciones religiosas y la Ic. Por tanto, el contexto ya no es de oposición y lucha contra ellas sino de alejamiento e indiferencia, puesto que la religión no juega ningún papel en sus conciencias ni en sus vidas, en la medida en que se ha ido retirando del campo de las relaciones sexuales, del trabajo o del comportamiento político, como ponen de manifiesto todos los estudios sociológicos recientes.
Así pues, las personas que trabajamos por el laicismo debemos tener en cuenta estas circunstancias a la hora de encontrar los puntos de enganche con los problemas que preocupan a l@s jóvenes actualmente (posibles campos de acción, aspectos simbólicos de conexión, etc.) Debe quedar claro que todo lo dicho hasta aquí sólo sería aplicable a la población juvenil autóctona, puesto que, tanto la influencia de la religión en las diferentes culturas de l@s jóvenes inmigrantes como lo contextos de socialización de ést@s son muy diferentes de las influencias y contextos de l@s jóvenes autóctonos.
F) Una última reflexión me merece el 37 Congreso: los supuestos “significativos avances” que subyacen en propuestas como la Alianza de Civilizaciones o la Fundación Pluralismo y Convivencia, están basados, a mi juicio, en una errónea y peligrosa premisa acerca de los seres humanos, considerados individualmente.
La consideración del mundo como conjunto de “civilizaciones” o de religiones provoca el enmascaramiento de las diferentes y múltiples identidades (o filiaciones) que tienen los individuos. Así, son ignorados aspectos como el género, la clase social, la profesión, la política, el empleo o las aficiones, que aportan u determinado sentido de pertenencia a cada uno de los grupos humanos formados en torno a dichas características. De esta forma, la religión se erige en característica dominante, y prácticamente única, de categorización.
La libertad de conciencia y la libre expresión de las creencias, sean éstas religiosas o no, se ven atrapadas en esta visión reduccionista que coloca a cada individuo en un solo casillero: tú musulmán, tú católico, tú budista, tú ateo,… Reducir a los seres humanos a una dimensión única amordaza la posibilidad de interaccionar y relacionarse libremente en base a las demás características. Y quedan atrapados en su “particularidad” religiosa.
Los laicistas debemos desenmascarar y discutir permanentemente este planteamiento “comunitarista”, que subyace no sólo en los supuestos ideológicos del PSOE, sino en los de la mayoría de los partidos políticos españoles.
La peligrosidad de esta forma de pensar se pone de manifiesto en un aspecto fundamental: si se atiende sólo a la dimensión religiosa de las personas, ignorando las demás ideas o intereses, se dota de tal poder exorbitante a los voceros religiosos, que acaban arrogándose una influencia totalizadora sobre los demás campos de atención de los individuos. Ello sin desconocer que en muchos casos, esa invasión totalizadora de las demás esferas de la persona (sexo, costumbres, alimentación, indumentaria) ya están implícitas en las específicas prescripciones religiosas. Así se propone aplicar la ley islámica en Québec a l@s ciudadan@s musulman@s o se crean en Gran Bretaña escuelas hindúes o musulmanas financiadas por el Estado, como complemento a las escuelas cristianas ¿públicas? ya existentes. Esta parece ser la incipiente deriva que se propone en nuestro país, cuando se anuncian más financiación para otras religiones (y casillas) a través del IRPF, o la presencia en la escuela pública de más religiones.
Asimismo, en este contexto se comienza ubicando a l@s niñ@s en función de una exclusiva filiación (religiosa), a través del adoctrinamiento religioso en la escuela, mucho antes de que hayan desarrollado su capacidad de razonar y descubrir los múltiples campos de atención y sus interrelaciones, que les harán madurar como adultos. Con lo que quedará predeterminada su identidad de forma indeleble.
Por último, esta visión reduccionista del ser humano, lleva implícita no sólo que los juicios morales de cada persona deben explicarse en base a los valores y normas de cada comunidad (religiosa), sino que sólo se pueden evaluar estos juicios desde dentro ( y en función , exclusivamente) de esas normas y valores. Ni que decir tiene que la utilización política de este planteamiento deja un amplísimo campo abierto para justificar todo tipo de “costumbres” y “tradiciones” (sumisión de la mujer, imposición de vestimenta o pautas alimenticias, castigos cruentos, etc.) así como objetivos más específicamente políticos (derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, derechos de homosexuales y lesbianas, divorcio, eutanasia, etc.). Todo ello no hace más que reforzar a las distintas jerarquías religiosas en su lucha contra los poderes públicos.
Rivas Vaciamadrid, a 1 de septiembre de 2008
M. Enrique Ruiz del Rosal
Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid
