El veto impuesto por PSOE y Unidas Podemos a la educación concertada imposibilitó hoy el acuerdo en el grupo de trabajo sobre políticas sociales de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica de España. En el texto que salió adelante, con 155 votos a favor, 132 en contra y cinco abstenciones, se mantuvo la exclusión de las ayudas económicas para paliar los efectos de la Covid-19 a este modelo en el que estudia una cuarta parte del alumnado.
Sólo respaldaron el documento PSOE y Unidas Podemos, lo que evidencia el escaso respaldo que han tenido estos partidos en su intento por dar la espalda a la educación financiada con fondos públicos. Si Vox no se hubiera ausentado de la Comisión, no habría sido aprobado un documento que puede funcionar a modo de preludio del futuro apoyo que podría tener en septiembre la ley Celaá, que actualmente se tramita en el Congreso y que es igualmente restrictiva con la concertada.
PP, Ciudadanos, JxCat y Coalición Canaria habían planteado en sus enmiendas que estas escuelas pudieran recibir ayudas del Gobierno. Pero en la polémica propuesta 18.1 permanecerá que «la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa». El Gobierno prevé una inyección de 2.000 millones de euros a las comunidades autónomas, que son las que repartirán el dinero. En el sector se interpreta que el documento aprobado «da carta de naturaleza» a los gobiernos regionales para no dar ayudas adicionales a estos colegios.
La postura de PSOE y Unidas Podemos no varió un ápice este viernes. La portavoz de los socialistas en la Cámara Baja, Adriana Lastra, defendió que su formación apuesta claramente «por la educación pública». El representante de Unidas Podemos, Pablo Echenique, rechazó las ayudas a la concertada porque desde el Gobierno se ha acordado destinar todos los apoyos e inversión para la educación a las escuelas públicas «de gestión directa».
PP y Ciudadanos se negaron a apoyar un texto que «deja al margen la libertad» de las familias a elegir la educación de sus hijos, en palabras de los populares. Fuentes de la formación naranja recalcaron que «el Gobierno se ha quedado solo por su sectarismo educativo».
Mientras tanto, la patronal, los sindicatos y las asociaciones de padres se unieron ayer para denunciar «la flagrante discriminación» cometida contra «una gran parte de la población española».
Las patronales Escuelas Católicas y CECE, las asociaciones de padres de la Concapa y la Cofapa y los sindicatos Fsie y USO amenazaron con hacer movilizaciones en septiembre para protestar por la falta de ayudas, «siempre y cuando no se perciba un compromiso que garantice que no se van a hurtar los derechos de millones de españoles».
«La enseñanza concertada no es elitista y excluirla es una clara segregación impropia de democracias europeas, que promueven la libertad de enseñanza y la financian sin complejos para favorecer una libertad de elección real», denuncian estos colectivos.
