El Congreso ha iniciado este martes el trámite parlamentario para tumbar la Lomce con la proposición del ley del PSOE para “suspender el calendario de implantación” de lo que queda de la ley, es decir, los efectos académicos de las reválidas. El texto aprobado en el pleno con 208 votos a favor, 133 en contra –PP, UPN y Foro Asturias– y dos abstenciones está calcado del que salió adelante en abril pero decayó por la disolución de las Cortes antes de la convocatoria de elecciones.
Ahora, siete meses después, aunque la redacción es la misma el escenario es distinto porque en los niveles pendientes de la implantación este curso ya ha entrado en vigor, así que la “suspensión del calendario” implica de momento solo paralizar que las pruebas de ESO y Bachillerato sirvan para titular, algo que Mariano Rajoy ya anunció que fiaría a un futuro pacto educativo. Las pruebas, al menos este curso, se van a realizar según lo previsto.
Para el PSOE, es el “punto de partida” para reunir un consenso inicial y después introducir medidas más duras en el contexto de negociación de la Comisión de Educación, el órgano al que va a parar el texto inicial de los socialistas para derogar en última instancia la ley y sustituirla por una nueva fruto del consenso entre los grupos y la comunidad educativa.
El ministro de Educación ha escuchado, rodeado de pocos de sus compañeros de bancada, el debate desde su escaño. Al final de todas las intervenciones ha pedido la palabra para reiterar su disposición al diálogo en una subcomisión y confirmar, como ya se había avanzado, que el Gobierno paralizará a través de un decreto ley los efectos académicos de las reválidas hasta que haya un pacto educativo, el primero de los puntos que incluye la proposición de ley del PSOE, al que se añadirán enmiendas posteriores más duras, como la derogación del decreto que regula estas pruebas, anunciadas por los socialistas.
PP y C’s cuestionan la “utilidad” de la propuesta
El PP se ha defendido, a través de su portavoz Sandra Moneo, del “aquelarre que el PSOE se ha pretendido hacer con la Lomce” apelando a la escasa “utilidad” del debate en el momento actual. Y con este argumento ha justificado su postura en contra: “si carece de sentido, entonces para qué votarla a favor”. “El consenso hay que hacerlo. Les esperamos en la subcomisión de Educación”, ha concluido Moneo, que ha reconocido en el Congreso que “lo que sirvió –en materia educativa con el PP con mayoría absoluta– ya no sirve” en el contexto de hoy. “Lo hemos entendido”, ha zanjado.
Ciudadanos ha lanzado los mismos ataques al grupo socialista, a quien ha acusado de “propaganda política” ahora que el PP se ha comprometido a negociar en una subcomisión, cuya creación se prevé para el 1 de diciembre, según confirman fuentes parlamentarias, cuando se debatan en la Comisión de Educación las solicitudes de constitución del grupo de trabajo presentadas por PSOE y Ciudadanos y apoyadas por todos los partidos.
Del mismo modo, la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, se ha dirigido al PP para interpelar el porqué de su voto en contra si se quiere llegar a la misma “solución técnica” –lograr un pacto educativo– empezando por suspender el efecto académico de las reválidas.
Enmiendas más duras al texto
Este es el “mínimo” inicial del PSOE al que sumará en enmiendas próximas otras medidas más duras, concretadas por el portavoz Manuel Cruz desde la tribuna. El “restablecimiento de las pruebas de PAU”, la “eliminación de la posibilidad de segregación de niños y niñas del sistema público”, la vuelta “al carácter no evaluable de religión” o la “recuperación de la diverficación curricular”, entre otras.
Todas estas medidas son algunos de los puntos calientes de la norma ideada por el exministro José Ignacio Wert, al que el PSOE se ha referido en su intervención para recordar a Íñigo Méndez de Vigo la “herencia recibida gravosa” que le dejó su antecesor. “Le ofrecemos nuestro apoyo para trabajar juntos y ayudarle a salir de tan engorrosa situación, pero no de cualquier manera”, ha apuntillado Cruz.
Tras enumerar una por una las partidas de educación afectadas por los recortes del Gobierno, el diputado socialista ha llamado al “compromiso de todos los grupos de la cámara”. “Podemos hacer realidad un acuerdo histórico para dar la estabilidad que nuestro sistema educativo necesita”.
Varios grupos, como parte del Mixto y Unidos Podemos, han puesto de relieve la necesidad de contar con la comunidad educativa para el futuro pacto. También ha habido espacio para la crítica de la Lomce como una ley que “niega las realidades plurales”, una queja recurrente en todos estos años de autonomías como Euskadi y Cataluña.
Las fechas del proceso
Después de que el Congreso dé luz verde a la proposición de ley del PSOE, el siguiente paso es abrir el periodo de enmiendas a los grupos para que después el texto se lleve a la Comisión de Educación, de donde saldrá el proyecto de ley definitivo. Este proceso, como han indicado varios grupos en el debate en el Congreso, se pisará con la creación de una subcomisión ad hoc dentro de la misma comisión.
Esta maquinaria parlamentaria para la tramitación de una futura ley de consenso se pone en marcha, según lo previsto, el próximo 1 de diciembre. Un día comparecerá en la Comisión de Educación, confirman fuentes parlamentarias, el ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo.
Esta comisión estaba prevista inicialmente para el 24 de noviembre, pero se ha preferido posponer para después de la comparecencia del ministro. Para esa misma jornada el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga educativa.
Cuatro días después, el 28, se celebrará –como ha confirmado el ministro– la Conferencia Sectorial de Educación que reúne al ministro con los consejeros autonómicos y que coincide también con la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes contra las políticas educativas del PP.
El 30 de noviembre, coincidiendo con la comparecencia del ministro, es la fecha límite que tiene el Gobierno para aprobar la orden ministerial que desarrolla con detalle la estructura, contenidos y fecha de celebración de las pruebas de ESO y Bachillerato.
El Gobierno confirma que suspenderá los efectos de las reválidas de la Lomce
El Gobierno aprobará un decreto ley en las primeras semanas de diciembre para suspender de manera inmediata los efectos académicos de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato hasta que se llega a un pacto educativo, y que después tendrá que convalidar el Congreso.
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado que ese decreto ley recogerá los acuerdos a que se llegue en la reunión de la conferencia sectorial que él mismo presidirá el 28 de noviembre para hablar de este asunto con las comunidades.
Lo ha explicado el propio ministro al intervenir en el pleno del Congreso justo al terminar de debatirse una propuesta socialista para comenzar a tramitar la “suspensión” del calendario de implantación de la Lomce y su sustitución posteriormente por otra ley que la derogue.
“El Gobierno quiere dar un paso adelante” para llegar a un pacto nacional por la educación y va a cumplir lo anunciado por Mariano Rajoy en el debate de investidura y lo acordado entre el PP y Ciudadanos respecto a la “suspensión” del calendario de implantación de los aspectos de la Lomce que no están en vigor.
Ha criticado la vía elegida por el PSOE con la iniciativa parlamentaria citada y se ha remitido a la futura subcomisión de Educación para “auspiciar” el pacto nacional por la educación.
Pacto por la Educación
En declaraciones posteriores a la prensa, ha indicado que corresponde a la subcomisión determinar el plazo para el pacto, aunque a él, personalmente, seis meses le parece un periodo “corto”.
Si fuimos capaces de hacer la Constitución de 1978, ¿por qué no somos capaces de hacer unpacto nacional por la educación?”, se ha preguntado el ministro, que espera que la oposición tenga el mismo empeño que el Ejecutivo para conseguirlo.
La paralización de los efectos académicos de las pruebas finales supondrá que la de cuarto de ESO, en caso de mantenerse tras la Conferencia Sectorial, solo tendrá carácter diagnóstico; y la de segundo Bachillerato será de acceso a la Universidad.
Según la Lomce, los alumnos están obligados desde este curso (2016-2017) a realizar esas evaluaciones finales, aunque solo en esta primera ocasión no contarán para conseguir los títulos correspondientes, pero sí para ir a la Universidad pues se suprime la Selectividad.
La Constitución justifica el decreto ley en caso de “extraordinaria y urgente necesidad”, aunque deberá ser sometido a debate y votación de totalidad del Congreso en el plazo de treinta días tras su promulgación.
El ministro ha confiado en la convalidación porque la “razón” lo inclina a pensar eso.
