La Junta ha pedido otro informe al Consejo Consultivo que otorgue mayor «seguridad jurídica» antes de actuar
El Comité Autonómico de Ética de la Junta de Andalucía ha emitido un dictamen en el que avala que se retire a Inmaculada Echevarría, una mujer con distrofia muscular ingresada en el Hospital San Rafael de Granada, el respirador que la mantiene con vida, tal y como lo solicitó la enferma el pasado 20 de noviembre. Este informe se produce a petición de la consejería de Salud, que recibió una solicitud del equipo asistencial de Inmaculada.
En el dictamen, este órgano compuesto por expertos en bioética, entiende que la solicitud de Echevarría se encuadra en una limitación del esfuerzo terapéutico, un derecho reconocido en la Ley de Autonomía del Paciente, la misma postura que mantienen los miembros de la Asociación Derecho a Morir con Dignidad.
Inmaculada Echevarría, de 51 años, formuló oficialmente la solicitud de retirada del respirador el 20 de noviembre, de la que se dio traslado a la Delegación de Salud en Granada y al hospital San Rafael, en el que vive desde hace nueve años conectada a un respirador. Días antes firmó su testamento vital, un documento en el que expresó su voluntad de morir si se produjera un empeoramiento de su enfermedad y ella no tuviera conciencia sobre sus actos.
Seguridad jurídica
La consejera de Salud, María Jesús Montero, declaró que el comité de ética autonómico «obrará en consecuencia» cuando tenga el dictamen del Consejo Consultivo. La Junta ha optado por acudir a este órgano para dar «mayor seguridad jurídica» a los profesionales que la asisten, apuntó.
El dictamen del Consultivo sobre esa materia tardará uno o dos meses y, si entiende que se trata de la limitación del esfuerzo terapéutico, recogido en la ley, «el sistema sanitario está obligado a poner los medios para proceder a la solicitud», afirmó la consejera.
Por su parte, uno de los vocales del Comité, Pablo Simón, explicó que no se trata de un caso de solicitud de eutanasia sino de una decisión que «forma parte de la práctica habitual de muchos hospitales», como los enfermos oncológicos que rechazan continuar con la quimioterapia.
Añadió que se han tenido en cuenta dos informes psiquiátricos y psicológicos, que señalan que la enferma está capacitada para hacer esta petición y que el Comité precisa en su dictamen que antes de retirarle el respirador se debe garantizar que ha planteado su solicitud «de forma libre y autónoma» y que tiene «toda la información necesaria de lo que sucederá». También se puntualiza que la retirada del respirador debe hacerse bajo sedación profunda «para evitar al máximo el sufrimiento de la paciente» y que, en caso de que el equipo médico del Hospital San Rafael rechace hacerlo alegando objeción de conciencia, «el SAS deberá garantizar la satisfacción del derecho de Inmaculada trasladándola a otro hospital».
La plataforma ciudadana 'Hazteoir.org' y el Foro Andaluz de la Familia coincidieron en advertir acerca de la posibilidad de que «algunos grupos interesados» instrumentalicen el caso.
