El Colegio de Registradores informa a sus afiliados que gestionará el Registro Civil

supone la privatización de un servicio público, financiado por los ciudadanos, que lleva funcionando de manera eficaz desde 1870

El decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Gonzalo Aguilera, remitió ayer una carta a todos sus afiliados (un millar en toda España) en la que comunica que el Ministerio de Justicia ha adoptado ya la decisión de asignar a los registradores de la propiedad la gestión de los registros civiles.

Según apunta en la misiva, “esta decisión se hace con plena capacidad auto-organizativa del Colegio de registradores en los aspectos relativos a la organización territorial, material y tecnológica del Registro Civil”.

“Esta noticia nos fue comunicada la tarde del lunes”, indica en su escrito Aguilera, quien ya ha mantenido una reunión en el ministerio “para iniciar las conversaciones y negociaciones relativas a todos los aspectos normativos, materiales y organizativos para la asunción de esta nueva competencia que tendremos los registradores”.

El decano de los registradores desvela además que la intención de Justicia es la de "reconsiderar" la demarcación registral y que presentarán una nueva propuesta . "Lo mismo cabe decir respecto del tema del registro electrónico que será diseñado, desarrollado y gestionado íntegramente por el Colegio de Registradores", añade.

En cualquier caso, fuentes de Justicia han asegurado que el acuerdo aún no está cerrado y que, en cualquier caso, todos los trámites que ahora realizan los funcionarios judiciales seguirán siendo gratuitos, tanto los que gestionan actualmente como los que les puedan ser asignados en un futuro.

Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, el traspaso de competencias “supone la privatización de un servicio público, financiado por los ciudadanos, que lleva funcionando de manera eficaz desde 1870 y deja en el aire la situación laboral de más de 3.500 funcionarios de toda España”.

Por ello, CSIF está valorando medidas de presión “para intentar frenar una medida injusta” que, según prevén, podría aprobarse en el próximo Consejo de Ministros.

El anuncio de Justicia de dejar en mano de los registradores (que tienen despachos privados) la inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios, entre otros, provocó un fuerte polémica que el propio ministerio quiso atajar asegurando que “la gestión del Registro Civil seguirá siendo pública” y que los trámites “obligatorios” para todos los ciudadanos seguirán siendo gratuitos.

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