Plantea cobrar el IBI a las propiedades de Roma y eliminar la casilla de la Iglesia de la declaración de la renta
Un grupo de ciudadanos anónimos se ha reunido en Gipuzkoa para luchar a favor de una sociedad laica. Considera que las exenciones fiscales y las aportaciones que recibe la Iglesia a través de la declaración de la renta son unos “privilegios injustos” con los que hay que terminar y, por eso, ha emprendido una serie de acciones para reivindicar la necesidad de limitar la religión al ámbito privado. “Separar el Estado y las religiones es fundamental para garantizar los derechos humanos y la salud democrática de la sociedad”, afirma Mari José Molina, portavoz de la agrupación denominada Colectivo por la Laicidad de Gipuzkoa.
Tal y como informa, la necesidad de tomar partido surgió hace aproximadamente un año cuando se percataron de que la Iglesia seguía disfrutando de una situación de “privilegio”, mientras el conjunto de la sociedad sufría las graves consecuencias de la crisis. “En estos momentos en los que la población está sufriendo paro, recortes y aumento de la pobreza, las exenciones fiscales de la Iglesia son una afrenta a la ciudadanía y a la más mínima justicia social”, sentencia Molina.
Bajo ese pretexto, el pasado mes de septiembre, el Colectivo por la Laicidad de Gipuzkoa acudió a las Juntas Generales del territorio para presentar tres propuestas muy concretas. La primera sería eliminar la casilla de asignación a la Iglesia Católica del formulario del impuesto sobre la renta. “Quienes marcan esta opción reducen su aportación al gasto público en un 0,7% en contra de los criterios básicos de un estado de derecho en el que todos deberíamos contribuir en condiciones de igualdad”, defiende la portavoz. Además, añade que siempre queda la posibilidad de colaborar con la Iglesia al margen de los impuestos ordinarios, de manera que la Iglesia se autofinancie sin necesidad de la Administración pública.
En segundo lugar, remarcaron ante los procuradores la necesidad de terminar con las exenciones fiscales de las que gozan los inmuebles de la Iglesia católica, “la institución privada que más patrimonio inmobiliario acumula”. Aseguran que bastaría cambiar la Norma Foral 16/1998 del Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para que los ayuntamientos puedan empezar a cobrar el IBI a estos inmuebles y recaudar así “unas enormes cantidades que el resto de la ciudadanía tiene que pagar”.
Ligada a esta petición, plantearon la necesidad de que los consistorios realicen un censo de los bienes inmuebles rústicos o urbanos que la Iglesia y sus organizaciones afines poseen en sus municipios.
“Lo que proponemos, a fin de cuentas, es que las Juntas Generales hagan uso de sus competencias para poner en marcha medidas que eliminen situaciones discriminatorias y avancemos hacia una administración laica”, apunta Molina.
Representantes de todos los partidos políticos escucharon las reivindicaciones, pero ninguno de ellos ha tomado cartas en el asunto, según indican desde el colectivo que defiende la laicidad. “Esperamos que llegue el día en el que superen las declaraciones generalistas y pasen a la acción”, indica la portavoz.
Educación y ritos Más allá del ámbito económico, el Colectivo por la Laicidad de Gipuzkoa plantea otra serie de reivindicaciones como la defensa de la escuela pública laica. Como señala Molina, “esta vieja reivindicación se ha avivado en los últimos por la mayor injerencia de la Iglesia Católica a la hora de definir el currículo y la organización escolar”. Y pone como ejemplo la intervención que hicieron los obispos de las tres diócesis de Euskadi para pedir a las autoridades educativas que cambiasen el currículo de bachillerato. “Simplemente lo hicieron porque no se ofrecía una alternativa a la religión y eso provocaba un descenso del número de alumnos que se apuntaban a la clase de religión”, explica para denunciar los privilegios de los que disponen los docentes de esta asignatura. “Son nombrados directamente por el obispado, saltándose todas las normas de acceso a la función pública, y pasan a integrarse en el sistema educativo público como profesores de materias que no son religión”, agrega.
La necesidad de garantizar la celebración de ritos laicos es otro de los ejes de trabajo de la agrupación de Gipuzkoa. “Las celebraciones populares como bautizos, comuniones, bodas y funerales siguen unidas a elementos religiosos, pero la sociedad es cada vez más plural y diversa, y los entes tienen que garantizar que puedan celebrarse al margen de la Iglesia”, aseveran. Por ello, reivindican que estos actos puedan realizarse en espacios públicos accesibles, independientemente de la actitud religiosa de los ciudadanos.
Mari José Molina Portavoz del colectivo
