El cigoto y las ayudas de la Xunta de Galicia

Corría el otoño de 2008 cuando saltó la noticia. En plena batalla nacionalcatolicista contra la asignatura “Educación para la Ciudadanía” -que finalmente ha sido retirada de la circulación por el nuevo Gobierno- una mujer de Teruel embarazada se convirtió en la primera persona que solicitaba en España la objeción de conciencia en nombre del “nasciturus” que llevaba en su vientre para que no cursase aquella maldita asignatura. Entendía ella que la inculcación desde la infancia de valores como el respeto, la tolerancia, el sentido crítico o la solidaridad iban a entrar en contradicción con los que ella pretendía educar a su futuro hijo como la fe, el dogma, el sentido de culpa o la intolerancia hacia toda forma de pensamiento que no fuera la suya.

Han transcurrido tres largos años desde entonces y lo que fue una extravagancia va a tomar cuerpo de naturaleza en el mismísimo boletín oficial de una Comunidad Autónoma. La secretaria general de Igualdad de la Xunta de Galicia, Susana López Abella, ha anunciado este pasado jueves que los “nasciturus” se tendrán en consideración a la hora de pedir ayudas a la Xunta en materia de vivienda.

Pero, si bien esta medida se ha pretendido disfrazar como una más de un Plan integral de apoyo a las mujeres gestantes, el discurso de la consejera expuesto en sede parlamentaria pone al descubierto el contenido ideológico de esta decisión. Se trata dice el alto cargo de la Xunta gallega, de “valorar la vida en formación como un miembro más de la familia”; en definitiva la de considerar al “nasciturus” con personalidad jurídica propia e independiente.

El artículo 30 de nuestro Código Civil establece que “la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno”. Pero estas son zarandajas leguleyas cuando se trata de dar supremacía a una determinada concepción ideológica sobre cualquier otra consideración por mucho que esté fundamentada en la normativa vigente. La doctrina de la Iglesia Católica dogmatiza que la persona existe a todos los efectos desde el mismo momento de su concepción y este criterio es el que debe ir a misa. A no mucho tardar el ministro de Justicia informará en Bruselas -o en cualquier otro lugar allende nuestras fronteras- de la primicia: la reforma del Código Civil para adaptar su contenido a la doctrina de aquella sagrada Institución. El calendario oculto de las reformas del nuevo Gobierno es un saco sin fondo cargado de sorpresas.

Ahora bien, un aspecto meramente técnico requeriría alguna precisión. En el expediente que formalice el correspondiente órgano gestor gallego para tramitar las ayudas ¿cómo se documentará la existencia del singular miembro de la unidad familiar? Con una ecografía del feto debidamente certificada por el ginecólogo o para no crear agravios comparativos con otras mujeres que estén en un estado muy incipiente de gestación valdrá el resultado positivo en la prueba del “predictor” realizada ante notario. Habrá que considerar que algunos no querrán albergar la preocupación de que al cigoto -tan persona como el feto- se le deje al margen de la posibilidad de contribuir con su existencia a la consecución de las ayudas solicitadas por sus progenitores.

Aunque, desde otro punto de vista, esta oportunidad de la que pueden valerse las gestantes gallegas tiene sus riesgos como ha apuntado un agudo y maquiavélico lector de La Gaceta que se hace conocer por el nick de GeneralMiguelPr…: “Lo malo es que luego saldrán listillas, que pedirán dichas ayudas desde el comienzo de su embarazo y cuando lleguen al tiempo limite para abortar lo hagan y han chupado unos meses de ayudas por la cara”. ¡¡Pero que mentes más sucias y retorcidas  tienen estos defensores a ultranza del cigoto, el escapulario y el golpe de pecho!!

Gerardo Rivas Rico es licenciado en Ciencias Económicas

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