La Educación para la Ciudadanía es, en este sentido, una disciplina de formación cívica que aborda aspectos de interés común como la sexualidad, las diferentes y legítimas clases de familia o la existencia de conductas impropias como
LA Iglesia divulgó hace pocos días, para conocimiento de sus fieles, los Diez mandamientos para conducir vehículos. La pastoral contiene una serie de recomendaciones para uso, digamos, interno para los creyentes, como “los coches no deberán ser para ti una expresión de poder y dominación, ni una ocasión de pecado”. No creo que nadie haya interpretado los consejos del Vaticano como un código auxiliar de circulación con la misma entidad que las normas civiles que regulan la circulación cada país. Todo el mundo entiende que son los poderes terrenales los encargados exclusivamente de legislar sobre los asuntos de carácter civil y, llegado el caso, de modificar las normas en función de los criterios de los gobernantes electos. Las iglesias, en cambio, sí pueden desde luego comentar o criticar las leyes pero nunca dejar de cumplirlas y, mucho menos, arrogarse la potestad de poder cambiarlas. Es decir, pueden recomendar a sus fieles prudencia cristiana al volante pero no derogar el carné por puntos.
Pues bien, un asunto que aplicado al tráfico rodado resulta tan evidente no lo es cuando se traslada a la educación, aunque rijan los mismos criterios: los gobiernos están obligados, en este caso, a regular el sistema educativo mediante normas que serán de obligado cumplimiento. Sería un disparate que los gobiernos estructuraran la enseñanza y programaran las disciplinas obligatorias atendiendo criterios doctrinales. Ahora bien, el Estado siempre permitirá a cada religión impartir entre sus adeptos las disciplinas morales propias. La Educación para la Ciudadanía es, en este sentido, una disciplina de formación cívica que aborda aspectos de interés común como la sexualidad, las diferentes y legítimas clases de familia o la existencia de conductas impropias como la xenofobia. La jerarquía eclesiástica española, sin embargo, se niega acatar la asignatura. Es decir, no se contenta con adoctrinar a su grey sino que quiere introducir sus dogmas e intereses en las leyes civiles, bien mediante la supresión de la asignatura común o, como ocurrió durante la etapa de Aznar, dando carácter obligatorio a la Religión.
Los obispos han apelado a la insumisión. Un apunte: la llamada a la objeción es, como poco, extraña en una institución donde no ya la desobediencia sino la discrepancia están perseguidas, y si no que se lo pregunten a las decenas de teólogos amonestados o inhabilitados por mantener criterios distintos a los oficiales. Creo sinceramente que en estos momentos es la sociedad civil la que debe ponerse en guardia, y defenderse de las intromisiones de todas las morales religiosas.
