Gracias a la Ley hipotecaria de Aznar, la Iglesia se ha hecho con numerosas propiedades a precios de saldo
La Ley hipotecaria de Aznar de 1998 ha permitido a la Iglesia apropiarse de numerosos edificios de dominio público, entre ellos la Mezquita de Córdoba. Los obispos inscribieron el inmueble a su nombre el 2 de marzo de 2006 en el registro de la propiedad, un trámite que apenas costó 30 euros. Bastó con que dieran fe de que pertenecía a la Iglesia, si necesidad de notario. Así lo denunció ayer en su blog el periodista Nacho Escolar, que hoy retoma el tema reprochando a la jerarquía católica su "desmemoria" a la hora de hablar del sostenimiento de estos edificios históricos, sostenidos por el Estado y explotados por la Iglesia.
El obispado de Córdoba dispone de la Mezquita como si fuera de su “absoluta propiedad”, recuerda Escolar. Recibe cada año más de un millón de visitantes y cobra por cada entrada 8 euros. Sin embargo es el Estado quien cubre los gastos de restauración y conservación. No es el único privilegio de los obispos, están además exentos de pagar impuestos.
Hacienda les perdona 3.000 millones
Según Europa Laica, si la Iglesia pagase el IBI de sus propiedades y otros tributos de los que está exenta, el Estado ingresaría 3.000 millones de euros al año, la décima parte de la cantidad que pretende recortar Rajoy.
El Estado paga y los obispos presumen
Este jueves, Escolar llama la atención sobre el incumplimiento de los obispos de su obligación de presentar cada año una memoria justificativa de sus actividades económicas. La última data de 2009 y en ella, la Iglesia incluye unos párrafos en los que presume del gran esfuerzo económico que hace por matener el patrimonio nacional. Nada más lejos de la realidad. “Es el Estado quien financia las obras de rehabilitación de catedrales y demás monumentos. Y ‘muy grande’ no es una medida contable: para eso se usan los números; con ellos es más complicado mentir”, reprocha el periodista. En la Mezquita de Córdoba, por ejemplo, el Ministerio de Cultura ha invertido 3, 3 millones de euros en los últimos 3 años.
Reclama finalmente que si es el Estado el que paga, que sea también el Estado el que explote los ingresos que generan estos edificios históricos. “Si la Conferencia Episcopal Española pretende que las catedrales y otros edificios del patrimonio nacional sean propiedades privadas, que lo sean con todas sus consecuencias: también para las reparaciones y los impuestos”, concluye.
