El caso del cura casado despedido como docente vuelve a Estrasburgo

El tribunal europeo estudiará de nuevo el recurso, contra el cual falló el pasado mayo Los obispos le retiraron el beneplácito para dar clase cuando se publicó una foto con su familia

“Tengo 75 años. Voy perdiendo la vista y el oído, pero mantengo la cabeza y aquella fue una decisión injusta; yo jamás he atacado a la Iglesia y por eso voy a recurrir”. José Antonio Martínez se expresaba así el pasado mes de mayo, justo después de enterarse de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, acababa de rechazar su denuncia contra el Estado español por haberle despedido en 1997: la razón es que la jerarquía de Iglesia católica le retiró el visto bueno para ser profesor de religión al hacerse pública a través de una fotografía en un periódico su condición de cura casado. Ahora, su insistencia le ha dado otra oportunidad: el tribunal de Estrasburgo ha aceptado su nuevo recurso y los 17 jueces de la Gran Sala revisarán en un juicio oral (aún sin fecha) la decisión tomada por el propio tribunal hace cinco meses.

Entonces el fallo no aceptó los argumentos del exsacerdote, que asegura que se vulneraron sus derechos a la privacidad y a la libertad ideológica y de expresión, y apoyó sin embargo la autonomía religiosa de la Iglesia católica para tomar este tipo de decisiones. En España, los profesores de Religión católica de las escuelas públicas son contratados por la Administración de entre las personas que, año a año, reciben el visto bueno de la jerarquía católica. Este se plasma en la Declaración Eclesiástica de Idoneidad (DEI), que es lo que se le retiró a Fernández en 1997 tras hacerse pública la fotografía de él junto a su mujer y sus hijos, aunque era bien conocida su condición de cura casado desde mucho antes. De hecho, el obispo de Cartagena lo sabía perfectamente cuando le propuso ser docente, asegura Fernández, y cada año se lo explicaba a principio de curso a sus alumnos y sus familias en los institutos murcianos en los que ejerció entre 1991 y 1997.

El abogado de Fernández, José Luis Mazón, insiste en la importancia de que Estrasburgo haya aceptado reenviar el conflicto a la Gran Sala al completo para revisar su anterior decisión: “Se aceptan a trámite un reducidísimo número de casos”, asegura.

La sentencia de mayo del tribunal europeo sostiene que la retirada del visto bueno eclesial para dar clase fue una decisión “de naturaleza estrictamente religiosa” y se apoya en “la ética basada en la religión y las convicciones”, aunque admite que los tribunales nacionales pueden sopesar si se están vulnerando los derechos fundamentales y “si la decisión de no renovar el contrato se basa en factores no estrictamente religiosos, los únicos protegidos por la libertad religiosa”.

El Estado español, que es quien finalmente contrata, paga y despide, ha perdido cientos de juicios (y millones de euros en indemnizaciones) por decisiones de los obispos de retirar la idoneidad a docentes por motivos como casarse con un divorciado o incluso hacer huelga. La potestad para elegir a los docentes de religión de la escuela pública la tienen los obispos por los acuerdos entre España y la Santa Sede firmados hace más de 30 años.

En el caso de Fernández, el Constitucional español respaldó el despido después de que un tribunal murciano le hubiese dado la razón al excura. Ahora, el caso vuelve a reabrirse en Estrasburgo.

Fernández ejerció como sacerdote desde 1961 hasta 1984, año en el que pidió la dispensa para casarse con la mujer de la que se había enamorado. Sin embargo, esa dispensa no le fue concedida hasta 1997, cuando ya contaba con 12 años de matrimonio, tenía cinco hijos y llevaba seis años ejerciendo como docente de Religión en distintos institutos públicos murcianos.

El 11 de noviembre de 1996, José Antonio apareció fotografiado en un periódico junto a su mujer y sus hijos en un acto del Movimiento Pro Celibato Opcional, del que es miembro. Cuando al curso siguiente le fue retirado el visto bueno para ser profesor, el obispado de Cartagena difundió una nota atribuyendo la decisión a que se había hecho "pública y notoria" su situación y "por respeto a la sensibilidad de muchos padres de familia que se sentirían contrariados".

Tras la decisión del pasado mayo de Estrasburgo, el abogado de Fernández se quejó de que el tribunal había “cambiado el debate”, pues en principio la cuestión era si la publicación de la fotografía era motivo suficiente para despedirle, pero finalmente se pronunciaron sobre la autonomía religiosa. Entre los argumentos de Mazón para pedir la revisión del caso están los de uno de los siete jueces que lo estudiaron hace cinco meses, que emitió un voto particular en el que decía que existen "argumentos" para considerar que sí se ha vulnerado el derecho a la privacidad: "En este caso, creo que tanto los órganos jurisdiccionales españoles como la Corte han favorecido la autonomía doctrinal e institucional de la Iglesia a expensas del derecho fundamental del demandante". Fernández siempre ha defendido que fue una decisión "injusta" y que él siempre ejerció "con respeto a la fe católica".

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