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El BNG pide el cese del director xeral de Patrimonio y abrir un “expediente sancionador” a la Iglesia por el Códice

Considera que los bienes patrimoniales más singulares deberían estar custodiados, al menos, por las Administración

El BNG exige el cese del director xeral de Patrimonio, José Manuel Rey Pichel, "por no haber cumplido con sus obligaciones legales" en lo que respecta a velar por la seguridad del Códice Calixtino, del que se conoció su desaparición de la Catedral de Santiago la pasada semana. Además, pide, siguiendo la normativa vigente, "abrir un expediente sancionador" a la Iglesia, que debía establecer los controles y garantías de conservación de esta obra.

Lo ha demandado en una rueda de prensa en la que han participado el portavoz nacional del Bloque, Guillerme Vázquez, y la portavoz en materia de Cultura del Grupo del BNG, Ana Pontón, y en la ambos políticos nacionalistas censuraron que, "como acostumbra a hacer", el Gobierno gallego con su presidente, Alberto Núñez Feijóo, a la cabeza, "se limita a lamentarse" y "nunca está, no toma ninguna medida y no asume ninguna responsabilidad".

La diputada del Bloque recordó que la Ley 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia establece, en su artículo 2.1, que los poderes públicos deben "garantizar la protección, conservación y el enriquecimiento del patrimonio cultural de Galicia". Además, ese mismo artículo, señala que los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del patrimonio cultural de Galicia están obligados a conservarlos, cuidarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioración".

En este sentido, la parlamentaria nacionalista ha remarcado que la ley establece "con clareza" que, además de la responsabilidad de los propietarios –la Iglesia católica en este caso–, también están obligadas las administraciones públicas, la Xunta en esta ocasión, a velar por si ese deber de custodia se cumple.

"Es evidente que el Gobierno gallego no veló suficientemente por la seguridad del Códice y eso debe traducirse en la asunción de responsabilidades", ha recalcado Ana Pontón, quien también aludió al artículo 94 de la ley en que se fija la responsabilidad sobre el "no cuidado de los bienes de interés cultural. De hecho, en el apartado 'd' señala como "responsables" a los "funcionarios o responsables de las administraciones públicas que por acción u omisión permitan las infracciones".

Al respecto de lo ocurrido con el Códice, los nacionalistas advierten de que se trata de una infracción "muy grave", que podría llevar aparejada una sanción económica "superior a los 25 millones de pesetas" (150.253,03 euros). "En todo caso, debe ser el Consello de la Xunta el que decida la cantidad", matizó la parlamentaria nacionalista.

Comparecencia en el Parlamento
En cuanto se conoció la noticia, los nacionalistas pidieron explicaciones en el Parlamento autonómico, las cuales han vuelto a reclamar este lunes. "Es necesario que el Gobierno comparezca ante la Cámara para informar sobre en qué estado se encontraba el Códice y sobre qué medidas adoptó para velar por sus obligaciones de inspección de las condiciones en que se estaba realizando su custodia", ha analizado Pontón, quien entiende que "alguien tiene que asumir responsabilidades políticas porque no se puede actuar como si nada hubiese ocurrido".

"Hay que cesar al director xeral de Patrimonio, tiene que aplicarse con rigor la Ley de Patrimonio y abrir un expediente sancionador al respecto", ha resumido Ana Pontón, al margen de que, en su opinión, determinados bienes de valor singular como el Códice deben estar "directamente custodiados" por la Administración.

Ana Pontón también advirtió de la "imagen lamentable" que, a su entender, está proyectando Galicia ante el mundo, algo a lo que se sumó el portavoz nacional del Bloque, Guillerme Vázquez, al entender que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se limita a "lamentarse" y a que "la culpa es del 'cha-cha-cha'".

El líder nacionalista considera que "habrá que extraer alguna resolución" de esta situación y, en este sentido, ha considerado que "existen dudas más que razonables" sobre si es el papel de la Iglesia el garantizar la custodia de este tipo de documentos. Aunque entiende que "un robo siempre se puede producir", ha remarcado que "no se puede poner en bandeja" y, en este caso, "no parece –ha agregado– que se asumiese con corrección su responsabilidad".

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