El blindaje de la Iglesia a los curas pederastas divide a los católicos

La cúpula defiende la «valentía» de Benedicto XVI por reconocer el mal causado e intentar repararlo Las bases critican a la jerarquía del clero por ocultar intencionadamente los abusos de menores

Y Jesús dijo: «¡Ay del que escandalice a uno de estos pequeños! Más le vale que le aten una piedra de molino de las que hacen girar los asnos y le hundan en lo profundo del mar» (Mateo, 18:6).
¿Está haciendo la Iglesia católica todo lo posible para detectar, condenar y reparar los delitos de pederastia efectuados por parte de religiosos en numerosos países? La pregunta, nada agradable por los daños que lleva implícitos, ha vuelto a dividir a muchos cristianos de base y a la cúpula eclesiástica. Los primeros critican a la segunda por esconder y proteger a una legión de delincuentes que emborronan la buena labor de miles de curas. Las altas esferas aseguran que se está actuando con transparencia y contundencia, e incluso hay quienes denuncian (la Santa Sede, la primera) una cruzada contra el Papa y el Vaticano.

LA ACTUACIÓN DEL PAPA / El obispo de Urgell, Joan Enric Vives, insiste en que «las víctimas de abusos merecen todo el respeto, ayuda y comprensión». A renglón seguido, ofrece una férrea defensa sobre la actuación de Benedicto XVI: «Ha hecho reaccionar a la institución eclesial poniendo de manifiesto las culpas de los sacerdotes implicados. Y es muy injusto que precisamente se quiera atacar a aquel que más ha hecho para que se reconozca el mal causado, se repare en la medida de lo posible y se vigile para que no vuelva a pasar».
«Es necesario que la sociedad valore a los centenares de miles de curas fieles por encima de esos pocos y reprobables infieles a sus promesas sacerdotales», matiza el prelado.
Este último razonamiento es compartido por las asociaciones cristianas consultadas por este diario, pero no evita que el apoyo de Vives al Pontífice colisione frontalmente con la radiografía que hacen de la situación algunas organizaciones. Entre ellas Iglesia sin Abusos, cuyo portavoz, Carlos Sánchez, arremete sin tapujos contra la jerarquía católica: «Su estrategia ha sido la de callar e intentar que no se esclarezcan los delitos. Todo ello con un fin equivocado, el de no perjudicar a la institución, cuando esta actuación ha sido la que más la ha dañado».
Por supuesto, Sánchez deplora declaraciones como la del cardenal Antonio Cañizares («estos ataques [a la Iglesia por los casos de pederastia] pretenden que no se hable de Dios») y recuerda que a los miembros de su colectivo se les impide participar activamente en su parroquia desde que, en el 2002, denunciaron los abusos a un menor por parte de un cura, que fue condenado.

OPACIDAD EN ESPAÑA / ¿Pero cómo se explica que aparezcan tantos curas pederastas en medio mundo y, en cambio, en España e Italia, grandes cunas de la tradición cristiana, se hayan destapado los casos con cuentagotas? «Precisamente por eso, por el poder que tiene aquí la Iglesia», argumenta Sánchez. Más allá de las diferencias legales –en unos países las víctimas de los años 50 y 60 aún pueden percibir una compensación económica y en otros el delito ha prescrito y los afectados prefieren no denunciarlo–, «la autoridad moral que ha tenido esta institución sobre millones de personas le ha valido para que sus intimidaciones a las familias surgieran efecto», añade el portavoz de Iglesia sin Abusos.

LAS AMENAZAS DE JUAN XXIII / Esta actitud de la cúpula clerical, esta ley del silencio es la que ha abocado a la jerarquía católica a tener que afrontar el rosario de escándalos de ahora, afirma Josep Torrens, presidente de Església Plural. «Son esclavos de esa ocultación y de las muchas declaraciones públicas que han restado importancia a los sucedido».
Torrens recuerda un documento firmado en 1963 por Juan XXIII en el que «se amenazaba con la excomunión a aquellos que hicieran públicos los casos de abusos sexuales», y conmina al Vaticano a que haga una «autocrítica completa». En su opinión, «se debería cambiar la formación de los seminaristas, abolir el celibato obligatorio y acabar con el machismo, permitiendo que las mujeres puedan ser sacerdotes».
Lluís Serra, secretario general de Unió de Religiosos de Catalunya, es mucho más condescendiente con los altos representantes de la Iglesia católica y sostiene que «se han hecho pasos débiles en algunos momentos, pero se ha sido más valiente que otras instituciones a la hora de reconocer los errores y actuar». Asegura además que «se han pagado indemnizaciones por las que algunas parroquias se han arruinado, mientras otras instituciones también tienen casos y no se ha prestado atención». Y es en ese momento cuando Serra critica a los medios de comunicación «por focalizar el conflicto sobre la Iglesia, cuando el problema es mucho más amplio» y los curas pederastas ocupan «un porcentaje muy pequeño en el total de casos».
El teólogo y exjesuita José María Castillo coincide con que no se puede culpar a todos los religiosos, pero critica que la Iglesia se haya dedicado a ocultar a estos últimos «desde antes de los años 50». Los males de esta institución, concluye, «radican en su sistema de gobierno: una monarquía absoluta donde el Papa tiene el poder universal, pleno e inmediato y donde el clero goza de una patente de corso porque está protegido por él.

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