El enfrentamiento entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid a cuenta de la política educativa suma un nuevo desencuentro. El Gobierno de Ángel Garrido había solicitado al de Manuela Carmena la cesión de dos parcelas municipales para la construcción de sendos colegios concertados en los barrios de Valdebebas y el Ensanche de Vallecas, pero en el Palacio de Cibeles han contestado con una negativa rotunda a esta petición.
En una carta remitida a la Consejería de Educación, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la delegada del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, afirma que la Corporación local que dirige Ahora Madrid ha mantenido como una «constante» desde 2015 el «anteponer la enseñanza pública a cualquier otra». Asimismo, apunta que en una de las dos zonas para las que se solicita suelo el porcentaje de alumnos que no consiguieron plaza en centros privados subvencionados fue inferior que el de los excluidos de la red pública, otro de los argumentos en los que apoya su rechazo.
Desde la Comunidad de Madrid, en cambio, lamentan esta negativa que interpretan como que el Ayuntamiento de la capital «no defiende la libertad de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos» y que, de esta forma, «se les recorta sus derechos», una decisión que lamentan. «Esperamos que el próximo alcalde, José Luis Martínez-Almeida [el candidato del PP a las elecciones], vele por los intereses de todos y dé una salida a estas familias que quieren este tipo de educación para sus hijos», señala un portavoz del Gobierno regional.
En el Consistorio recibieron con «sorpresa» tanto la petición formal de las parcelas para la construcción de los colegios concertados como el «tono» de las misivas con las que se las requirió la Consejería de Educación, según señala Higueras en su carta de respuesta. En ella, además, señala que las juntas municipales de los distritos de Hortaleza y Vallecas -donde se encuentran los barrios en los que el Ejecutivo de Sol quiere que se levanten colegios concertados- han «aprobado acuerdos» que determinan que la cesión de parcelas debe ser «exclusivamente para la construcción de equipamientos públicos».
«Pero más allá de la lógica discrepancia sobre modelos educativos y acción de gobierno, debo discrepar profundamente con los datos sesgados que recogen los escritos para justificar el deseo mayoritario de las familias ante la enseñanza concertada frente a la pública», subraya la edil de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.
Tal y como argumenta Higueras, en el distrito de Hortaleza «no existe ninguna escuela de educación infantil pública dependiente de la Comunidad de Madrid». El único centro infantil para menores de tres años de este tipo, asegura, lo ha edificado el Ayuntamiento durante este mandato.
En ese mismo distrito, prosigue, la Consejería de Educación no había respondido en septiembre de 2018 a la propuesta de cesión de una parcela en Valdebebas para construir un instituto público de Secundaria. Además, apunta que aún no han concluido las obras de ampliación del único colegio existente en este barrio en plena fase de expansión, el público Alfredo di Stéfano, que, cuando los trabajos estén finalizados, incorporará otras 20 aulas de Primaria.
Disiente también Higueras de los datos que «pretenden justificar la necesidad de construcción de un centro privado concertado» en el Ensanche de Vallecas. En este sentido, asegura que «con las cifras que la propia Comunidad aporta, el porcentaje del alumnado no admitido en la enseñanza pública supera en nueve puntos porcentuales al de la enseñanza concertada (22% frente al 13,6%), lo que sólo puede significar una evidente falta de plazas en la red pública».
En la Consejería de Educación contraatacan afirmando que la Comunidad de Madrid defiende a los que quieren estudiar en centros público y ponen como ejemplo el colegio ya construido en Valdebebas y «otro que entrará en funcionamiento en el curso 2020-2021». «Pero también defendemos a las familias que apuestan por la enseñanza concertada», añaden en el departamento que dirige Rafael van Grieken.
La discrepancia educativa más sonada entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid durante esta legislatura se produjo en 2016, cuando el equipo de Carmena decidió sacar de la red regional los 56 centros públicos de gestión privada para niños de cero a tres años que tenía entonces la capital. En Cibeles justificaron esta decisión -duramente criticada en Sol- argumentando que querían tener margen para poder reducir el precio que pagan los usuarios y evitar la «imposición» de licitar las obras de nuevas guarderías «primando los criterios económicos».
