Un catedrático de la Complutense se muestra contrario a que la Constitución europea recoja la “herencia cristiana”
El arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, afirmo ayer, con motivo de las celebraciones del 25 aniversario de la Constitución Española, que la Carta Magna establece un Estado aconfesional “pero no laicista ni menos aún una sociedad aconfesional”. Mientras, que ayer en Roma, el catedrático de derecho eclesiástico de la Universidad Complutense de Madrid Dionisio Llamazares se mostró contrario a que la Constitución europea recoja la “herencia cristiana” de Europa. Llamazares, que participaba en un convenio contra los privilegios de la Iglesia Católica organizado por los Radicales italianos, afirma que “no tiene ningún sentido que una institución nueva como es la UE se hipoteque mediante el artículo 51 (que prevé esa referencia a las raíces cristianas de Europa), dado que la mayoría de los estados miembros se han hipotecado ya a través de concordatos por motivos históricos”.
El arzobispo se refirió así “a quienes confunden las cosas de manera intencionada y se basan en la aconfesionalidad del Estado, recogida el artículo 16 de la Constitución sobre la libertad religiosa, para pedir, por ejemplo, la supresión de la enseñanza de la religión en los colegios”,Insistió en que la sociedad española “de ninguna manera se muestra aconfesional” y recordó que el 80,3% de los españoles se declaran hoy católicos, según las últimas encuestas del CIS.
La aconfesionalidad del Estado que recoge la Constitución “garantiza que desde el poder político no se puede promover ni atacar ninguna religión”, que el Estado “no está forzado ni a asumir ni a no asumir confesión religiosa alguna”, y que, en definitiva, los ciudadanos “no serán discriminados por su religión o creencias, ni a favor ni en contra”, dijo.
En cambio “un Estado laicista, que es lo que algunos pretenden imponer, es otra cosa muy distinta a lo que plasma la Constitución, porque sí es beligerante con la religión y promueve un modelo de sociedad muy concreto en el que la religión no esté en la vida pública y, si pudieran sus instigadores, tampoco en la vida privada de sus ciudadanos”, consideró García-Gasco.
“Quienes pretenden convertir el Estado aconfesional en Estado laicista -añadió- olvidan que una religión, y particularmente la católica, no es sólo ir a misa los domingos, sino que es algo que afecta a la integridad de la vida de todos los fieles”.
Rechazo a la herencia cristiana
Llamazares recordó que el sentido de los primeros concordatos era únicamente el de “intercambio de privilegios”. Agregó que actualmente los concordatos “no tienen sentido”, ya que sólo son un “sistema de autodefensa de la Iglesia frente al Estado para defenderse ante ese bloque de derechos y libertades fundamentales que chocan con la doctrina de la Iglesia Católica”.
El catedrático de la Universidad Complutense se refirió también al concordato de España con la Santa Sede, precisando que aunque los acuerdos de 1979 (cuando se firmó) están subordinados jurídicamente a la Constitución “en su desarrollo han prevalecido a esta”.
En el convenio, celebrado en la Sala del Cenáculo del Congreso de los Diputados italianos -lugar histórico ya que en ella fue juzgado Galileo Galilei- también participaron Nicolás García Rivas, catedrático de derecho penal y miembro de la Escuela Laica de Albacete; Alejandro Torres, profesor de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Pública de Navarra y el escritor y periodista Pepe Rodríguez.
También participaron Daniele Capezzone, secretario de los Radicales Italianos, Rita Bernardini, presidenta de ese partido, y otros destacados dirigentes radicales europeos.
Nicolás Garcia Rivas coincidió con Llamazares, según el comunicado de los radicales, en que el problema es “el concordato y no la Constitución”.
Alejandro Torres se refirió a los privilegios fiscales de la Iglesia en España y dijo que los acuerdos vigentes en España son “la prorrogación del Concordado que pactó el Vaticano con Franco”. Según Torres, el sistema de financiación de la Iglesia Católica en España “es inconstitucional”.
